La pelea entre el Gobierno y el SUTE no tiene sólo a la puja salarial -y el ítem “Aula”- como punto de discordia. En los últimos días, ha sido fuerte la ofensiva del Ejecutivo contra lo que llama el “cogobierno” de la DGE. Específicamente, tanto el director General de Escuelas, Jaime Correas, como el gobernador, Alfredo Cornejo, han cuestionado la participación del SUTE en el gobierno escolar y hasta lo han responsabilizado por fallas en las decisiones que se toman.
“El protagonismo del gremio ha sido invasivo en el sistema”, dijo sobre esto Cornejo el viernes pasado. Y como ejemplo indicó que “no se puede sancionar a nadie porque la Junta de Disciplina la maneja el SUTE”.
Desde el gremio rechazan las acusaciones y tildan a Cornejo de “antidemocrático”, por no aceptar los procesos que llevan a la integración de diversos cuerpos colegiados, en los que se comparten las discusiones que se transformarán en decisiones de la DGE.
Más allá de las divergencias, está claro que el SUTE sí tiene una fuerte participación en el gobierno escolar. En la actualidad, hay 31 personas de ese sindicato que integran nueve cuerpos colegiados y dos comisiones, todos ámbitos con distinto número de integrantes y representación gremial y gubernamental.
Las juntas son cuerpos “tripartitos”, con representantes del Gobierno (casi siempre en minoría), del gremio y de los docentes “elegidos por voto secreto”, como dice la norma que los creó. La última elección de representantes se hizo en setiembre de 2013, con el voto de 40 mil maestros.
Cada integrante dura tres años en ese cargo y tanto los representantes del gremio como los votados perciben un sueldo equivalente al de un supervisor de escuela.
Actualmente hay nueve juntas, siete calificadoras y dos de disciplina. Entre las primeras, están la de Educación Inicial, la de Primaria, Secundaria, Educación Especial, Educación de Jóvenes y Adultos, Educación Técnica y Capacitación para el Trabajo y, la recientemente creada "de Celadores".
Hasta 2013, la junta de "inicial y primaria" era una, pero ese año se escindió.
Las juntas calificadoras primaria y secundaria tienen 10 miembros cada una. Tres representan al Gobierno, 3 al SUTE y cuatro a los docentes “votados democráticamente”.
La junta de celadores, que se creó en 2015, tiene 15 integrantes, 5 del Gobierno, 5 del SUTE y 5 de los celadores, que también votaron.
Las restantes cuatro juntas calificadoras poseen 6 miembros cada una, dos por el Gobierno, dos por los docentes y dos por el SUTE.
Entre las funciones de estas juntas están las de custodiar legajos de antecedentes, clasificar orden de méritos, emitir bonos de puntaje y resolver pedidos de traslados, reincorporaciones e impugnaciones de concursos.
Por otro lado, hay dos juntas de disciplina, una de “nivel inicial y primario” y otra de “secundario”. Cada una tiene 10 miembros: cuatro docentes, tres del Gobierno y tres del SUTE. Están presididas por uno de los integrantes del Gobierno, “que vota sólo cuando hay empate”, explicó el director de Asuntos Jurídicos de la DGE, Francisco Fernández.
Algunas funciones de estas juntas son “ejercer la facultad disciplinaria”, tramitar investigaciones y sumarios, y sancionar, en los casos que les corresponda.
En su accionar, prácticamente no hay incidencia del director de Escuelas, salvo cuando hay algún tipo de apelación, siempre que haya habido una instancia previa de reclamo, ante la misma junta.
Además, hay dos comisiones en las que el SUTE también tiene participación cogobernante. La Comisión de Titularización, que cuenta con cuatro miembros, dos del Gobierno y dos del SUTE. Y la Comisión Mixta de Zona, también nueva: fue creada en agosto de 2015. Tiene ocho integrantes, cuatro por el Gobierno y cuatro por el SUTE.
Conceptos diferentes
Está claro que en las posturas hay una lucha ideológica. El Ejecutivo cuestiona las conformaciones porque dice estar, en el caso de las juntas, en franca minoría para tomar decisiones.
Esto ocurre así en algunos casos como en la junta de Disciplina de “inicial y primaria” y en las Calificadoras “inicial”, “primaria” y en la de celadores. Allí, el SUTE, además de sus integrantes habituales, tiene la mayor parte de los representantes docentes -y celadores en su caso-, por haber ganado las elecciones su lista.
En el resto de las juntas (salvo en una, donde ganó la lista “arco iris”), la mayoría docente pertenece a la lista amarilla, que en 2013 quedó identificada con sectores ligados a quien era intendente de Godoy Cruz, Alfredo Cornejo.
Pero el cuestionamiento no es la pertenencia política. “No se trata de ir contra el SUTE”, aseguró Correas. Desde su visión, “hay un desequilibrio institucional”, demostrando que al Gobierno le molesta tener que compartir la decisiones. “Ellos deciden, pero no se responsabilizan y protestan como si nada tuvieran que ver”, se quejó el titular de la DGE.
El gremio en tanto defiende el proceso. “El SUTE no cogobierna, va a elecciones democráticas”, dijo Adrián Mateluna, que pidió “no bastardear el voto de los docentes”.
De todos modos Mateluna reconoció que la intención gremial es participar en las decisiones de la DGE y en ese sentido defendió el derecho legal (adquirido por paritarias de 2009) de estar en las juntas.
Algo que el gobierno actual buscará revisar. “Se viene el debate sobre qué haremos con esto”, dijo Correas.
Respuesta a la denuncia del Gobernador
En su crítica a la integración de las juntas de disciplina, el gobernador Cornejo hizo alusión al caso de una directora que pagó el cumpleaños de 15 de su hija con fondos de un programa nacional.
Sobre esto, la secretaria gremial del sindicato docente, Liliana Chávez, tuvo una dura crítica. “Hablar así es sembrar un manto de sospecha”, resaltó la gremialista, que al igual que Mateluna defendió la actual integración de las juntas por parte del gremio. “Allí las decisiones se toman por mayoría y todo se acuerda con los representantes del Gobierno”, agregó.
Para Chávez, “no es cierto que no se sanciona” y se preguntó: “¿por qué quieren sancionar o por qué creen que el sistema funcionaría bien si hubiera más sanciones?”
Además criticó la actitud mediática de Cornejo. “El gobernador no puede denunciar por los medios”, señalo, añadiendo que el mandatario, hasta el momento “no ha hecho ninguna denuncia formal”.
Y sobre el final desafió: “Si la junta funciona mal, que haga la denuncia a la Fiscalía de Estado”.
