El primer round judicial por el ítem Aula fue a favor de Cornejo. Ayer, la Justicia rechazó una acción de amparo presentada por María Illanes, una docente con cambio de funciones (por este motivo no le corresponde el adicional), en el que accionó contra el Gobierno pidiendo que no se aplique el aumento que limita las faltas de los docentes hasta tanto haya una resolución de fondo.
El pedido fue rechazado por la jueza civil María Eugenia Guzmán, que consideró que al momento de presentarse el amparo, el ítem ya estaba vigente. Es decir, la precautoria llegó tarde. No obstante, ante la novedad, el Gobierno festejó y el SUTE se despegó.
Hace un mes, la Legislatura consagró el polémico decreto que oficializó el aumento que el SUTE rechazó en paritarias, junto con el ítem Aula. Si bien la pulseada pareció finalizada allí, tanto los docentes como el SUTE judicializaron el acto administrativo.
Ayer, hubo una primera respuesta que fue celebrada por el oficialismo. “La Justicia rechazó una cautelar contra el aumento docente que dio Cornejo. La medida fue rechazada a un grupo de docentes que impugnaban el ítem Aula (por) cambios de funciones”, anunció a primera hora de ayer el ministerio de Gobierno, a través de su cuenta en Twitter.
En este sentido, en el gremio hubo cierto malestar por la asociación entre la acción “particular”, con la pelea que vienen dando sindicalmente desde que se sancionó el decreto, para que haya una marcha atrás.
“La resolución de la jueza no tiene nada que ver con las presentaciones del SUTE ni se pronuncia sobre el decreto. No resuelve sobre el tema si es válido o no, legítimo o no el decreto o la ley que lo ratifica, sino que es solamente sobre la protección urgente, que es lo que no les ha concedido”, señaló Héctor Santander, abogado del SUTE.
La cuestión de fondo
Por otro carril, el SUTE presentó en la Suprema Corte un pedido de inconstitucionalidad tanto del decreto como del ítem Aula y calculó que, "con viento a favor", podrían tener una respuesta recién a fin de año.
“Se le ha corrido vista al gobierno de la provincia de Mendoza; después hay que correrle vista a la Fiscalía de Estado y, luego de que contesten, recién vamos a entrar en la etapa probatoria y luego vamos a estar en condiciones de pedir a la Suprema Corte que dicte una sentencia sobre la validez o no del decreto que impone el ítem Aula”, adelantó los pasos a seguir Santander.
Según señalaron, por tratarse esta de una resolución de “mayor jerarquía”, no estaría condicionada por el rechazo de ayer.
El pedido de inconstitucionalidad cuestiona, por un lado, la legalidad del decreto. “En primer lugar, por no haber agotado la instancia de la negociación colectiva. Segundo, porque en el Gobierno no se prestaron para ningún tipo de negociación y por haber dado incrementos diferenciados entre los que tienen cargos y horas cátedras, cuando todos cumplen la misma función”, indicó Santander.
Por otro lado, la denuncia apunta al ítem Aula, porcentaje que abultó el incremento ofrecido por el Gobierno y que limita a los docentes a faltar hasta tres veces en un mes y 10 en el año.
En este punto, la judicialización se fundamenta en la interpretación del artículo 39 de la Constitución provincial. “Esta norma prohíbe establecer asignaciones especiales para el desempeño que vienen desarrollando habitualmente los trabajadores”, analizó Santander.
El "memorándum" también llega a la Justicia
La pelea del gremio docente con el Gobierno abrió un frente más. El miércoles se conoció, a través de fotos, que delegados del SUTE estuvieron en las escuelas con pecheras identificatorias y banderas, hablando con alumnos sobre el ítem Aula. Esto fue en horario escolar y las imágenes corresponden a los “caravanazos” que hizo el gremio por distintos departamentos.
Ante esto, el Gobierno reaccionó con un memorándum en el que recordó la norma que impide el ingreso de personas extrañas a los establecimientos. Si bien luego hubo una reflexión en la que admitieron que los sindicalistas, por tener fueros gremiales, sí pueden entrar, la medida tuvo su correlato en el SUTE.
Ayer, tanto el titular del gremio, Adrián Mateluna, como el abogado, Héctor Santander, dijeron que accionarán judicialmente. “Nos vamos a dirigir a la Justicia penal para hacer la denuncia en contra del director general de Escuelas y su gabinete, todos los que firmaron la orden de que no pudieran ingresar los representantes sindicales a las escuelas”, señaló Santander.
