Mientras que el Gobierno festeja que en dos años de cumplimiento efectivo del ítem Aula logró llevar el presentismo docente al 95%, el SUTE salió ayer a denunciar la "injerencia" del Poder Ejecutivo en el Judicial.
El titular del gremio, Sebastián Henríquez, calificó de “mamarracho” la resolución de la Justicia que se conoció esta semana y que desatiende el pedido de que el fallo no sea por plenario.
En concreto, el famoso ítem Aula, desde marzo de 2016, tiene un capítulo abierto en la Justicia luego de que el SUTE realizara un pedido de inconstitucionalidad.
A casi dos años de aquella presentación, la Justicia puso fecha esta semana y decidió que en 30 días hábiles podría haber una resolución, lo que estira el plazo para fines de abril.
También determinó no dar lugar al pedido del SUTE y que el fallo sea en plenario, es decir, de los siete miembros de la Suprema Corte y no de la Sala II, tal como pretendía el gremio.
“Nos dan la razón a medias, porque sostienen que van a insistir en que el fallo sea en el plenario pero nos dan la razón en que esto vulnera los plazos. Ante esto, decidieron que dan 4 días hábiles a cada juez, es decir, en 4 días van a tener que definir su voto, después de dos años en los que una sala entera estudió el caso. Me imagino que ahora los otros jueces deben estar googleando el caso para ver qué posición van a tener”, criticó Henríquez y calificó la situación como “tragicómica”.
En el plano político, acusó nuevamente a Cornejo: “Es una prueba más de la injerencia del Poder Ejecutivo en la Justicia”.
Cerca del final
El camino judicial que transita el pedido para que se revise la constitucionalidad del polémico ítem tiene varias idas y vueltas que enfrentan al Gobierno y al SUTE.
En diciembre pasado se esperaba que la Sala II, fuero laboral y penal, definiera si el ítem que premia el presentismo docente es constitucional o no. Sobre ese plazo, el gobernador Alfredo Cornejo sorprendió al enviar un pedido para que sea todo el tribunal en plenario el que defina el caso. Es decir, ya no sería sólo la sentencia de José Valerio, Omar Palermo y Mario Adaro sino que los siete miembros del tribunal se tendrían que expedir sobre el caso.
En aquel entonces, las versiones daban cuenta de que la decisión de Palermo y Adaro era determinar la constitucionalidad del ítem pero con alguna recomendación en los casos que deberían contemplar para corregir la implementación. En este contexto se conoció el pedido de Cornejo.
La Suprema Corte aceptó este pedido del Gobernador, por lo que el SUTE presentó un incidente de nulidad para que el tribunal vuelva sobre sus pasos.
El fundamento del gremio docente fue que de la Sala II son los jueces naturales del caso. A su vez, plantearon que alargar la resolución en los tiempos con los que se manejaron hasta entonces generaba un “daño y afectación grave a los derechos”.
Esta semana, el Alto Tribunal decidió "admitir parcialmente el recurso" que planteó el SUTE, aunque al entender de Henríquez no los benefició en nada. En primer lugar, ratificó que sea el plenario y no la Sala II la que defina la constitucionalidad del ítem. Ésta sería la contra para el gremialista.
El punto en el que le dan la razón, aunque Henríquez no lo considera favorable, fue la revisión de los plazos. Fueron ajustados los tiempos en base al nuevo Código Procesal Civil, y fijó que ya no serían 60 días para dictar sentencia -que distribuidos entre los ministros en caso plenario son 8 por magistrado- sino 30 días hábiles, lo que otorga, a cada ministro, 4 para definir su postura.
El gobierno festejó los dos años del adicional
Una de las primeras medidas con las que Cornejo se estrenó en la Gobernación fue el polémico ítem Aula, que premia la asistencia y, en contrapartida, descuenta las faltas. El cupo con el que cuenta cada docente son hasta 3 ausencias en un mes y hasta 10 en un año.
En el contexto de resolución de la constitucionalidad del adicional, la Dirección General de Escuelas mostró los números de su política. Según los registros, durante 2015 el presentismo en las escuelas mendocinas fue del 72%. “Luego de la aplicación de este ítem, subió al 95,8% tanto en escuelas estatales como privadas”, defendieron.
Los pedidos de días “por distintas razones” se redujeron 44%.
