El suicido adolescente se triplicó en la Argentina en los últimos 30 años y hoy es la segunda causa de muerte para los jóvenes de entre 10 y 19 años, mientras la primera son los accidentes de tránsito. Así lo indica un informe de Unicef sobre la situación en la Argentina, que fue difundido ayer.
En el grupo de 15 a 19 años, la mortalidad es más elevada, alcanzando una tasa de 12,7 suicidios cada 100.000 habitantes. Y en los varones el impacto es más pronunciado, con una tasa de 18,2; mientras que para las mujeres es de 5,9.
Esta diferencia es bastante más significativa entre los varones en casi todas las jurisdicciones, con la excepción de Mendoza, donde se observa un diferencial por grupo etario algo mayor entre las mujeres, dice el estudio sin dar mayores precisiones.
Fernando Zingman, director del estudio, afirmó que "hace tiempo que los números avisan este aumento. Sin embargo, no tienen lugar suficiente en la agenda". Y agregó: "Con este trabajo queremos contribuir al diseño de políticas públicas desde la racionalidad".
El informe también advierte que detrás de cada caso de suicidio adolescente hay "determinantes múltiples". Entre otros, menciona el haber atravesado situaciones de inexistencia o pérdida de soportes; el abuso sexual; la ausencia de contención familiar; la pérdidas de una relación afectiva que constituía su principal soporte; y sufrir desfasajes, reales o proyectados, entre sus expectativas y sus logros.
"El abuso sexual, que tiene una altísima prevalencia en toda nuestra sociedad, explica muchos casos confirmando una hipótesis que ya teníamos desde la práctica", comentó Zingman, quien hizo parte de su carrera médica en guardias de hospitales.
Cómo se hizo el estudio
Para cumplir con sus objetivos, los investigadores del área de salud y sociólogos de Unicef Argentina entrevistaron a diez expertos en el tema y seis funcionarios nacionales y provinciales que "registran y elaboran estadísticas sobre mortalidad".
También entrevistaron a 38 allegados a 27 casos de suicidio para hacer lo que se llama "autopsia psicológica", es decir una reconstrucción a través de familiares, amigos, convivientes, docentes y referentes sociales, explicó Zingman, quien es médico y especialista en salud de Unicef.
Además, se hicieron otras 28 entrevistas a adolescentes que tuvieron tentativas de suicidio.
Se trata de un “estudio inicial”, cuyos resultados “no son extrapolables”, advirtió el médico, y destacó que se diseñó una muestra “representativa con los datos a los que se pudo acceder”.
Por ejemplo, las cifras disponibles en los certificados de defunción permitieron concluir que "entre los chicos con menores niveles de educación se observan mayores tasas de suicidio". Y, en este sentido, Zingman advirtió sobre la importancia de retener a los adolescentes en el colegio, sobre todo en contextos de "pobreza y mayor vulnerabilidad".
"Es importante vencer la resistencia a registrar los intentos de suicidio o los casos consumados. En las guardias existe el temor a enfrentar causas judiciales o a estigmatizar al chico o a la familia de ese chico que ya no está", finalizó el especialista argentino de Unicef.
La ausencia de políticas públicas
Las "tipologías por tentativas", es decir aquellas que resultaron del análisis de casos de intentos de suicidio que no llegaron a concretarse, mostraron factores de riesgo similares pero con una diferencia fundamental: "Hubo un adulto o una institución que cumplió, aunque sea parcialmente, el rol de soporte", remarcó Zingman.
El estudio de Unicef concluyó que el crecimiento de las tasas, especialmente en algunas provincias (como Catamarca, Chubut, Jujuy y Salta), "amerita el desarrollo de políticas públicas destinadas a su prevención".
Para su implementación, afirma Unicef, "es necesario tener en cuenta no solo los lugares en los que por su concentración poblacional se da la mayor cantidad de casos –como las ciudades capitales o las grandes ciudades–, sino también las pequeñas localidades en las que se produce una acumulación de casos".
Aunque en Argentina hay una ley de prevención del suicidio (la 27.130), aprobada en 2015, a la fecha no ha sido reglamentada y no puede implementarse.
