Según lo anticipado días atrás por funcionarios de Seguridad, para esta quincena está prevista la apertura de sobres para la construcción de dos cárceles; Almafuerte II, provincial, y la finalización de las obras del penal para presos federales. Una respuesta necesaria a una realidad incontrastable, como es la necesidad de mantener un sistema carcelario en condiciones al menos aceptables.
La situación de las cárceles de Mendoza ha estado en la mira a nivel internacional en lo que a derechos humanos se refiere, como consecuencia de que no se cumplen las normas mínimas requeridas para el cuidado y mantenimiento de los detenidos. Ha sido la preocupación de las últimas gestiones gubernamentales y ahora pareciera que se dan pasos concretos para llevar algún tipo de solución. Al menos así se anunció días pasados cuando desde el entorno de Alfredo Cornejo se hizo conocer que se construirán dos nuevos establecimientos penitenciarios en Cacheuta, cercanos a Almafuerte. Uno provincial y el restante consistente en la terminación de las obras de la cárcel que contendrá a los detenidos por delitos federales. La Provincia ya cuenta con la autorización de la Legislatura para invertir U$S 90 millones para destinarlos a la finalización de las obras del complejo federal, mientras en el caso de Almafuerte II se intentará que las empresas oferentes propongan financiamiento propio. Según se indicó, este nuevo edificio, una vez terminado, podrá alojar a 904 internos en tres pabellones: uno de alta seguridad, uno de media y uno de mínima. En el caso del penal federal, tendrá una capacidad de 600 internos: un pabellón para 400 hombres y otro para 200 mujeres.
Resulta evidente que con esos dos nuevos edificios se podrá descomprimir una situación que actualmente se encuentra colapsada (el sistema tiene espacio para albergar a 3.400 presos y hoy hay 4.400 personas privadas de la libertad), con un agravante: la cantidad de ingresos es infinitamente superior a la de egresos. Según se indicó, el ingreso de nuevos detenidos viene creciendo a razón de 20 por quincena, diez veces más que las “bajas” por cumplimiento de condena o sobreseimiento de procesados, situación que se complica por el endurecimiento de las penas por violencia de género.
No se trata de un problema que afecta sólo a Mendoza. El ex presidente Duhalde señaló días pasados que la gente reclama, con justificada razón, que se termine la denominada “puerta giratoria” para los autores de delitos, indicando que “esta petición no tiene en cuenta una triste realidad: las unidades carcelarias están superpobladas, algo que agrava el acuciante problema de seguridad...”; dentro de esas consideraciones se pregunta de qué sirve poner en funcionamiento la maquinaria policial y judicial si, en definitiva, cuando se detiene a una persona no hay dónde ubicarla. Plantea entonces que hay que poner en marcha políticas destinadas a reducir el delito y construir nuevos establecimientos penitenciarios. Como ambas “soluciones” son a largo plazo, en el interín ocupar las instalaciones ociosas con que cuentan las Fuerzas Armadas.
El gobierno de Cornejo gestionó ante el Ejército Argentino el uso de instalaciones militares para su utilización como lugar de detención, especialmente para los procesados por violencia de género, pero las negociaciones no avanzaron, sin que se explique la negativa castrense. De allí que surja la necesidad de que la actual gestión gubernamental continúe con el plan trazado para la construcción de nuevos establecimientos.
