El Congreso Nacional se dispone a debatir un proyecto del oficialismo para bajar la edad de imputabilidad de menores de edad, de los 16 a los 15 años. Este tema ha despertado varias voces disidentes, sobre todo entre la oposición, pero también abre paso al debate sobre qué tipo de abordaje se hace con los menores de edad que cometen delitos.
En Mendoza hay 819 menores de edad que han cometido algún tipo de delito y que se encuentran bajo la órbita del Estado, según información que aportó el Ministerio de Desarrollo Social.
De ellos, 76 se encuentran en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ, ex COSE), debido a que han cometido delitos graves: desde robos con uso de armas hasta abusos sexuales e incluso homicidios. Todos ellos tienen más de 16 años, límite en el que rige la edad de imputabilidad en nuestro país.
En tanto, hay 720 menores, también entre 16 y 18 años, que han cometido delitos leves, como hurtos o robos sin el uso de armas, entre otros, que están en libertad, pero que tienen un seguimiento de personal especializado del Ministerio.
Por nuestra legislación los menores de 16 años son inimputables. Sin embargo, desde el Ministerio informaron que también les hacen un tipo de seguimiento a cargo de profesionales, e incluso hay algunos que se encuentran contenidos bajo la órbita de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), en Centros de Adolescentes con Medidas de Excepción (CAME).
“Aquellos que están en los CAME son menores de 16 años, que no pueden volver a sus hogares porque los jueces de menores así lo deciden”, destacaron del Ministerio, ya sea porque no tienen padres o tutores que los contengan, o porque sus vidas corren riesgo en el barrio que habitaban.. Actualmente son 23 los chicos que están en estos centros.
Monitoreo
Arturo Piracés, director de la DRPJ, sostuvo a Los Andes que hay unos 80 monitores (en su mayoría trabajadores sociales y psicólogos) en las diferentes zonas de Mendoza que se encargan de fiscalizar y trabajar con los 720 chicos con libertad asistida, bajo el área de la Unidad de Medidas Alternativas (UMA).
Este dato implica un aumento respecto al 2017, donde el abordaje de la UMA se tenía con 652 chicos; pero igual sigue siendo bajo con relación al 2016, cuando eran 820.
“Nos aseguramos de que sigan estudiando , llevamos controles de salud mental y también trabajamos para sacar de las adicciones a aquellos que las padecen. Es una libertad asistida porque están protegidos por nosotros”, destacó Piracés.
Con respecto a la DRPJ, de los 76 menores que se encuentran internados allí, 10 han cometido un homicidio o un intento de homicidio, 12 están por abusos sexuales, y del resto, la mayoría cometieron robos agravados.
Asimismo, del total de los adolescentes, 28 tienen entre 18 y 22 años y se encuentran allí terminando el cumplimiento de sus condenas, ya que por distintas medidas judiciales o acordadas no son enviados a las cárceles de mayores.
“En la DRPJ realizamos trabajos socioeducativos, todos los que están allí estudian tanto en primaria como secundaria, y también se dispone de polideportivos y un centro de capacitación para el trabajo. Además, tenemos un convenio con la UTN con el que se les enseña electricidad, fabricación de elementos de limpieza e instalación de sanitarios. Este año egresaron 22 chicos”, detalló Piracés.
El debate por la edad para imputarlos
Con respecto al debate por la baja de la edad de imputabilidad a 15 años, Piracés sostuvo que no cree que sea la solución del problema pero sí puso el foco en trabajar en un abordaje a toda la población de menores que viven en extrema vulnerabilidad.
“Es necesario un programa de tratamiento y control del Estado a chicos en situaciones vulnerables y no veo el sistema de condena como necesario. Generalmente se trata de chicos con graves problemas familiares, que no han tenido la oportunidad de ver otra realidad ; y en muchos casos caen en adicciones”, comentó el psicólogo.
Asimismo, dio el ejemplo de Latinoamérica, donde en muchos casos la edad de imputabilidad es más baja que en Argentina, y la situación no ha cambiado. "Varios presidentes de izquierda se han ido alejando de lo ideológico, pero lo importante es que el Estado tiene que tomar cartas en el asunto, con programas de intervención sobre chicos vulnerables", reafirmó.
“La baja de la edad de imputabilidad no tiene que ver con una mirada ideológica sino con la practicidad. No se puede dejar a la deriva a los menores de 16 que cometen delitos. Tenemos que hacernos cargo más temprano de los chicos, con políticas de prevención”, acotó.
Finalmente, aventuró que en el Congreso se dará un debate "con muchas posiciones divergentes" y aseguró que es necesario tomar medidas "pero no necesariamente penalizar. Hay algunos con 15 años que pueden saber lo que están haciendo, y otros que han naturalizado andar por el barrio armados sin tener la racionalidad de saber que está mal".
