El Presidente estaba obligado a acelerar sus tiempos desde la revuelta interna que ordenó Cristina. Tenía que ofrecer señales claras en los dos territorios más conflictivos que heredó su gestión: deuda externa y causas por corrupción.
El Fondo Monetario Internacional le entregó a tiempo una ayuda: recordó con precisión quirúrgica que la última fotografía de la deuda fue antes de las Paso. Y sin entrar a juzgar responsabilidades -el oficialismo las atribuye a sus adversarios; la oposición también- dijo que las obligaciones de entonces son ahora insostenibles.
“Fue una caricia política. No más que eso, tampoco menos”, leyeron con cautela los analistas de mercado más experimentados. Alberto Fernández la celebró. En especial por lo tácito. El FMI comenzó ignorando el reclamo de Cristina: una quita en el préstamo que el Fondo le dio al país durante la gestión de Macri. Los hechos son como son. El Gobierno festejó la respuesta inferida por el FMI: esa opinión no era pertinente.
El abrazo del Fondo se completó ayer. Antes de que el ministro Guzmán se reúna con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, la jefa del FMI, Kristalina Georgieva, anticipó que Argentina podrá negociar con ella un nuevo programa. Por cierto que admitiendo la auditoría de las cuentas públicas que establecen la normas del Fondo. La cláusula cuatro. Un cuadro emblemático que Néstor Kirchner había ordenado descolgar de su despacho.
En línea con esa exigencia, el Gobierno comenzó a mostrar por dónde despuntarán las nuevas etapas del ajuste que comenzó a aplicar con el impuestazo de diciembre. Los jubilados perdieron entonces la movilidad automática de sus haberes en medio de la inflación más alta en décadas. Ahora será el turno de los trabajadores activos. Los aumentos salariales llegarán por sumas fijas y no por cláusula gatillo. Y aunque atenuó el anuncio de sus ministros, el Presidente admitió que en algún momento también llegará el descongelamiento de las tarifas. Nunca es para siempre la era del hielo.
Algunas paritarias han comenzado a cerrar con ese criterio. El sindicalismo acompañará el ajuste. Veteranos como el mercantil Armando Cavalieri, en silencio. Vocingleros como el docente Hugo Yasky, enarbolando la bandera -ahora revolucionaria- de la desindexación.
Las señales desde el FMI y Estados Unidos son observadas por los acreedores privados de la deuda externa argentina. Aunque Martín Guzmán no exhiba todavía un plan económico, esa falencia ha comenzado a suplirse con dos componentes fácticos. Al programa lo pueden escribir los ghost writers del Fondo. Mientras el peronismo unificado se encarga de promover su digestión política.
Por ahora, eso es sólo el contexto de una negociación que comienza. Los términos concretos se conocerán cuando el Gobierno formalice su pedido de quita. Dicho de otro modo: cuando la oferta argentina defina el valor presente neto de los bonos a reestructurar. Y cuando los fondos de inversión den a conocer su respuesta. El momento Pugliese.
Al envión político que le arrimó el Fondo Monetario, Alberto Fernández lo usó rápido. Antes de que trasciendan las condiciones (y para evitar que en los corrosivos pasillos de su interna lo siguieran criticando como el primer ejemplar histórico de peronismo lento) se arrimó a otro escenario de conflicto: la licuación exprés de las causas por corrupción kirchnerista.
El Presidente había anunciado una reforma judicial técnica e integral, mientras criticaba los casos de detenciones arbitrarias que a su criterio profundizaron el desprestigio en Comodoro Py. Puso como interlocutora a la ministra Marcela Losardo.
Pero tras la ofensiva de Cristina, adhirió a la doctrina del lawfare, dejó en manos de la venganza a los arrepentidos que revelaron delitos de corrupción y resolvió enmascarar en un cambio de condiciones jubilatorias su proyecto de reforma para el Poder Judicial.
Subido a la indignación social que demanda la horizontalidad del ajuste, el oficialismo que lo niega intentará forzar la jubilación apresurada de jueces. Y el recambio por otros de su cantera. Una apuesta de riesgo en un ámbito donde el kichnerismo fracasó en sus intentos de colonización frontal.
Cuando en los tribunales vieron el giro del Presidente en el video sobre los presos por corrupción, ratificaron su intuición inicial sobre el rol que ocupa Alberto Fernández en su relación con la Justicia. Es un territorio donde existe un comando único. En manos de Cristina.
El proyecto inesperado sobre jubilaciones de los jueces y funcionarios judiciales confirmó otra impresión: Losardo fue Garavano. El ministro al que puenteaba la mesa judicial de Macri. Las tres listas enfrentadas en la agremiación de magistrados pidieron -inusualmente unidas- que la Corte Suprema los escuche.
El Presidente cumplió así, de modo impensado, una promesa. En tribunales cerró la grieta: se quejan hasta los funcionarios de último rango. En oficinas donde sólo preguntan por la paritaria y la jubilación. Y si lawfare es el nombre de una aerolínea de bajo costo.