A los pocos meses de asumir su primer mandato presidencial, la señora Cristina Fernández de Kirchner, fijó como uno de los objetivos centrales de su gobierno combatir (en el filo entre la legalidad y la ilegalidad) contra todo periodismo no alineado con su proyecto político. A la vez, decidió armar un Poder Judicial a su imagen, semejanza y conveniencia para lograr su reelección indefinida mediante una modificación constitucional y, además, producir una reforma profunda de dicho Poder para partidizarlo lo más que se pudiera, bajo la pueril ( y desde todo punto de vista falsa de toda falsedad) excusa de darle participación directa a la ciudadanía en la elección de jueces y fiscales.
Desde que asumió Macri la presidencia, Cristina siguió la lucha contra periodistas y jueces pero ahora enfatizando más en la Justicia que en la prensa. Es que en la medida que las cada vez más irrefutables evidencias de corrupción se comenzaron a concretar en posibilidades de juicios, el kirchnerismo desarrolló al extremo la teoría de la conspiración mediático judicial contra los supuestamente procesos populares. Nada que no se haya dicho hasta el hartazgo en la Venezuela chavista, la Nicaragua sandinista o el Ecuador de Correa. Una supuesta revolución consistente nada más ni nada menos que en crear un mundo sin medios ni justicia independientes.
Así lo confirmó hace pocos meses la expresidenta, cuando sostuvo: “ Finalmente, y a la luz de los hechos que son de público y notorio conocimiento, estaríamos ante verdaderas organizaciones delictivas que utilizan el poder de un sistema judicial con rémoras monárquicas que articulándose con lo mediático han convertido en un verdadero lodazal la actividad judicial. Todo ello, más temprano que tarde, deberá ser seriamente investigado por jueces y fiscales independientes, que cumplan con los deberes que les han sido confiados”.
Más claro imposible, Cristina dice que la Justicia (y los medios) está en manos de delincuentes y que lo que deberá hacer un eventual nuevo gobierno suyo es “investigar” (o sea remover) a los jueces actuales y cambiarlos por adictos suyos.
A partir de esa orden de su reina en jefe, todo el kirchnerismo se dio a la tarea de comenzar la guerra contra la Justicia. Y en eso está hoy.
Así, el escritor Mempo Giardinelli renovó viejas teorías acerca de eliminar el Poder Judicial actual y cambiarlo por un “sistema”. O sea, hacer de la Justicia un organismo dependiente del Ejecutivo. Sustituir un Poder por una oficina. Claro que todo en nombre de la voluntad popular y de la revolución, aunque lo único que se busque sea la impunidad de los procesados.
Y ahora, lamentablemente, la decisión increíble de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de pedir, a días del inicio, el expediente del primer juicio oral a la expresidenta y a varios de sus subordinados y/o asociados va en el mismo sentido, sean cuales fueran las razones de tan extraña imposición.
Hace bien, entonces, el Fiscal del caso en ofrecerle a la Corte las microfilmaciones del expediente para que el juicio no se demore. O sea, el fiscal le dice a los cortesanos supremos que si quieren leer una o mil veces todo lo que se encuentra en dicho expediente lo hagan a través de las fotocopias en vez de retener el material sin el cual se puede demorar hasta la eternidad el inicio del proceso oral.
Aceptando el pedido del fiscal, la Corte dejará en claro que no tuvo ninguna intencionalidad política en su decisión. Demostrará, además, que a pesar de las insoportables presiones de todos los operadores del kirchnerismo para frenar el juicio, ellos no se dejaron intimidar. Y finalmente, confirmarán que son independientes de todo poder que no sea el de la ley. Le mostrarán a la Nación entera , en suma, que todo lo que con su insólito pedido ponen en tela de juicio, no tiene asidero alguno y que siguen siendo una Corte confiable para las instituciones de la República. Algo que ayer puso todo el mundo en duda.
A diferencia de otros países de América Latina, entre los que sobresalen Brasil y Perú, tan inundados de corrupción política como nosotros, las corporaciones argentinas están haciendo todo lo posible para no tener presidentes presos, conformando a “la popular” con algunos perejiles que pagarán con su sacrificio los pecados de los en serio poderosos. Es lo que podría llamarse “el síndrome María Julia Alsogaray”, ese por el cual la Justicia se conformó con cortar su cabeza a cambio de salvar a toda la elite menemista. Ahora parece que viene el intento de hacer de Julio De Vido el nuevo María Julia (ya que, entre otras razones, Cristina lo entregó, como suele decir Guillermo Moreno) mientras que los demás detenidos purgarán unos pocos años o meses sus condenas para luego irse a disfrutar de todo lo sustraido. O sea, indulto para los que están presos y punto final para los que aún no cayeron, entre ellos, y sobre todo, Cristina.
La realidad concreta es que Cristina Fernández ha reaparecido en público por estos días no sólo para postularse a una candidatura presidencial que casi todos dan por supuesta, sino también para ponerse al frente del combate que su fuerza política ha decidido encarar contra la Justicia para frenar todo los juicios contra su persona. Y a juzgar por los hechos, sus primeros ataques están comenzando a dar resultado. Aunque, por las dudas, siga protegiendo a su hija Florencia a través del exilio cubano.
