Durante las últimas dos semanas la atención periodística estuvo centrada en las novedades que surgían en torno de la detención de Juan Pablo "Pata" Medina, un dirigente sindical de la seccional La Plata, de la Unión Obrera de la Construcción, que amasó una fortuna desde la conducción de su gremio, con el agravante de que lo hizo a través de la extorsión y del apriete hacia los sectores empresarios que intentaban concretar obras en esa ciudad.
Para los mendocinos, el hecho cobró también trascendencia en razón de que los "tentáculos" de una de las empresas utilizada para realizar los ilícitos desarrolla actividades comerciales en la provincia.
Según muchos, se trata del primer paso en la intención de la Justicia de avanzar sobre actividades sindicales desleales en lo que a la concepción de la actividad sindical se refiere.
Se asegura que hay otros dirigentes que están siendo investigados, mientras las denuncias de algunos políticos, como Elisa Carrió, alcanzan a algunos que han trascendido la mera actividad sindical, incursionando en la política y el deporte.
Partimos de la base de que en varias oportunidades anteriores hubo dirigentes sindicales que debieron enfrentarse a situaciones judiciales. A modo de ejemplo, podríamos recordar lo que sucedió con el dirigente de los bancarios, Juan José Zanola, detenido por lo que se denominó la "mafia de los medicamentos" porque en su obra social se encontraron remedios oncológicos vencidos, con las fechas modificadas. O lo que ocurrió con el titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, condenado a prisión por ser "partícipe necesario" en el crimen del joven militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira.
Sin embargo, en los últimos tiempos se han conocido denuncias y actuaciones judiciales contra dirigentes que, cubiertos por el manto de su acercamiento a las autoridades de turno, utilizaban su "poder" sindical para presionar y extorsionar a empresarios, obteniendo así jugosas ganancias a nivel personal.
Vamos a referirnos a dos casos que terminaron siendo emblemáticos, en razón de que en varias oportunidades tanto Cristina Fernández, en su carácter de presidenta, como Daniel Scioli, como gobernador de Buenos Aires, mencionaban directamente a los dirigentes, destacando la función que desarrollaban.
El primero de los casos es el de Omar "caballo" Suárez, dirigente considerado del grupo más cercano a la ex presidenta, que llegó a la conducción del Sindicato Obreros Marítimos Unidos, un gremio estratégico en la actividad marítima.
El juez Canicoba Corral dispuso su prisión preventiva por el delito de asociación ilícita, administración fraudulenta y coacción, a raíz de los delitos cometidos como titular del gremio.
Entre otras cosas, Suárez fue acusado de exigir dinero a empresas navieras para capacitar marineros, advirtiendo con que, en caso de no abonar esa suma, no habilitaría autorizaciones para dejar circular a buques extranjeros y motorizaría bloqueos en el ingreso a puerto y en el servicio de remolques.
El caso del "pata" Medina es más reciente pero se asemeja al del "caballo" Suárez porque él también estuvo cerca del poder (fue mencionado por Scioli en varios de sus discursos) y porque también utilizó la extorsión para engrosar sus arcas particulares. Al igual que Suárez la impunidad con que contaba le permitía vivir en verdaderas mansiones, adquirir vehículos de alta gama y contar con aviones y helicópteros en una de sus empresas.
Todo indica que ahora la mira está puesta en otro dirigente sindical, Víctor Santa María, titular del gremio de los porteros y presidente del PJ porteño, quien aseguró que "no sabía" que en un banco suizo había un depósito de 4 millones de dólares a su nombre.
Paralelamente, la diputada Carrió ha asegurado que denunciará penalmente a otros gremialistas, algunos de ellos que se han convertido en verdaderos clanes familiares para "distribuir" el manejo del poder.
Es necesario consignar que también hay muchos que han abrazado la carrera sindical bajo el compromiso de trabajar a favor de sus afiliados, dejando de lado beneficios personales. Esos dirigentes se verán beneficiados si la Justicia logra actuar sobre aquellos que impunemente se han enriquecido indebidamente en los últimos años, como ha quedado demostrado en los casos señalados.
