La crítica situación social que se ha planteado por casos de violencia de género ha generado un escenario que requiere de medidas urgentes. Así lo han entendido los legisladores provinciales que ya acordaron tratar y aprobar cuatro proyectos para controlar este flagelo. Esto luego de que varios anteriores similares durmieran plácidamente en la casa de las leyes, lo cual habla de que el contexto ha llevado finalmente a tomar cartas en el asunto.
Luego de reunirse el miércoles pasado, el plenario de comisiones del Senado acordó el tratamiento y aprobación para este martes. Legisladores de la UCR, el FIT y el PRO y el PJ concurrieron a la convocatoria del presidente del bloque de senadores del FPV, Gustavo Arenas.
En ese marco, Arenas destacó "la importancia que tiene para todos los sectores partidarios el hecho de lograr un consenso contra ese flagelo, como un gran gesto hacia la sociedad, en medio de una coyuntura electoral que podría prestarse para hacer alguna especulación político-partidaria".
Fiscalía Especial contra la Violencia contra la mujer. Funcionará bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal y su función será la investigación, persecución y prevención de las conductas constitutivas de violencia de género e intrafamiliar. La autora es la senadora María José Ubaldini, del FPV.
La necesidad de tal espacio se sustenta en la complejidad de la investigación que estos hechos implican de manera de disponer medidas urgentes de protección integral de la víctima con asistencia de equipos interdisciplinarios que contemplen además las características personales del autor y el vínculo estrecho que los une.
El objetivo es evitar la revictimización por parte del sistema, pero por otra parte pretende evitar que el plexo probatorio se base exclusivamente en el testimonio de la víctima.
"La fiscalía tendrá la función de recabar información en otros ámbitos: muchas mujeres después de los hechos de violencia se reconcilian, se arrepienten y retiran la denuncia", explicó la autora. Dijo que un caso de femicidio tiene generalmente unas tres o cuatro denuncias previas, y si bien son situaciones que se dan en el ámbito privado, los allegados muchas veces también conocen lo que pasa o pueden tener indicios y esa información es la que permitirá mantener las medidas preventivas.
Estará integrada por (1) fiscal contra la Violencia Intrafamiliar y de Género con asiento en cada una de las circunscripciones judiciales de la Provincia de Mendoza. Contará con la asistencia de, al menos, un ayudante fiscal, un secretario y un cuerpo de agentes fiscales, con especial capacitación en el tema. Los apoyará un equipo interdisciplinario, compuesto por trabajadoras sociales y licenciados en psicología que asesorarán a los fiscales en la toma de decisiones.
Tendrá a su cargo la creación de un Registro Provincial para la Protección de las Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género, un sistema informatizado de anotación, consulta y cancelación de los datos contenidos en él. Contendrá las medidas de seguridad impuestas por el juzgado competente y facilitará a los órganos judiciales intervinientes la información necesaria.
Comisaría de la Mujer. El autor del proyecto es Samuel Barcudi y los coautores son los senadores Ángel Brancato, Olga Bianchinelli, Ana Sevilla y Carina Segovia, del FPV.
Esta última fue quien explicó que será un lugar destinado exclusivamente a recibir este tipo de denuncias y que se recibirán sólo las de mujeres, ya que la intención es brindar contención a quienes son mayoritariamente afectadas.
Esto permitirá mayor celeridad y atención por parte de personal preparado para contenerlas para evitar una situación incómoda o que en medio del proceso se arrepientan de radicar la denuncia.
Tendrá jurisdicción en toda Mendoza y brindará atención especializada, profesionalizada y direccionada a las víctimas de violencia de género y discriminación.
Se sostiene que es necesario contar con herramientas para un tratamiento más específico y profesional de la temática en lo que deberá ser capacitado personal policial y para lo cual se asignarán recursos económicos.
Dependerá del Ministerio de Seguridad y en particular será una dependencia de la Policía de Mendoza. Se deberá garantizar que en cada uno de los departamentos de la provincia de Mendoza funcione al menos una de estas oficinas.
Deberán funcionar "en espacios físicos independientes de las comisarías locales, con personal femenino capacitado profesionalmente para el abordaje de las problemáticas que, en sus aspectos policiales, tutelares, judiciales, sociales y médicos, se presenten en el marco de denuncias por violación a las normas de violencia de género y discriminación de la mujer". Estipula además, un año para la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo a partir de la sanción.
Lo que aclararon Ubaldini y Segovia es que en la provincia hay dos jurisdicciones en las que se aplica el nuevo Código Procesal Civil (la 1º y la 3º) donde se habilitarán las fiscalías, mientras que en la 2º y la 4º funcionarán las comisarías ya que jurídicamente no es posible. De todas formas la intención es que en algún momento haya fiscalías en toda la provincia.
Observatorio de Violencia de Género. Fue presentado por la senadora Wanda Paredes, del FPV.
Tal cual se apunta, dependerá del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos y apunta a monitorear, recolectar, producir, registrar y sistematizar datos relacionados con esa problemática. La recolección deberá ser permanente y la publicación, periódica. Los datos se darán a conocer a la sociedad con fines preventivos.
También deberá "impulsar el desarrollo de estudios e investigaciones sobre la evolución, prevalencia, tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, sus consecuencias y efectos, identificando aquellos factores sociales, culturales, económicos y políticos que de alguna manera estén asociados o puedan constituir causal de violencia". Se fomentará el intercambio de experiencias e información con diferentes instancias que aborden el tema como instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y representantes de organismos públicos y privados, nacionales e internacionales.
El presidente será el ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos y estará acompañado de un Consejo Consultivo. Este estará conformado por representantes de organizaciones públicas estatales y no estatales con personería jurídica, miembros del Poder Legislativo, y representantes de cada ministerio del Poder Ejecutivo involucrados con la problemática. Los gastos se imputarán a la partida presupuestaria de cada ejercicio.
Licencia por violencia de género. Para ello se hará una modificación de la Ley Nº5.811 General de Sueldos y Licencias de Administración Pública para incluir la licencia motivada por esta causa. Este proyecto de la senadora Claudia Najul, de la UCR, contempla "la reducción de la jornada, la reordenación del tiempo de trabajo o del lugar de prestación del servicio, la justificación de inasistencias o faltas de puntualidad o el otorgamiento de una licencia remunerada" para víctimas de esta situación cuando así lo determine la Dirección de Mujer, Género y Diversidad.
