Más de 10 horas debatiendo en el Senado el pago a los holdouts

El oficialismo confiaba esta noche en dar sanción definitiva a la ley que abre las puertas para el pago a los llamados fondos buitre, con el respaldo del sector de la bancada del PJ-FPV que se alinea con los gobernadores provinciales de ese signo político y se aproxima a tener, de la mano de un sector del peronismo, su primer triunfo político a nivel parlamentario de importancia.

En el recinto, al inicio del debate que comenzó cerca del mediodía, el peronismo expuso sus divisiones internas a partir de las distancias con el gobierno macrista, que por ahora parece haber encontrado el camino para disciplinar y lograr el respaldo de los gobernadores de la mayoría de las provincias, que quedaron expresados en el rechazo de algunos y el apoyo de otros al proyecto que deroga la ley de pago soberano y la ley cerrojo.

El radical mendocino Julio Cobos fue el miembro informante del oficialismo y el encargado de informar, como vicepresidente de la comisión de Presupuesto, el proyecto en cuestión y asegurar que el pago a los hold-outs no genera "nueva deuda".

Después, dijo que el gobierno "está haciendo todo lo posible para cumplir con la sentencia judicial" para sacar al país del default y aseguró que -pese a existir el plazo del 14 de abril para efectuar el pago de 11.684 millones de dólares- "los tiempos los ponemos nosotros", para luego precisar que si todos los bonistas aceptasen la oferta argentina se terminará pagando un interés del 4,8 por ciento, una tasa menor que el 7 por ciento que se le pagó al Club de París.

A lo largo de la jornada, aparecieron las críticas al proyecto -en especial, pero no las únicas, provenientes de los sectores del kirchnerismo- al que le adjudicaron que abre la posibilidad de ingresar en un nuevo ciclo de endeudamiento del país, la falta de información precisa sobre el monto real a pagar, así como la falta de garantías de que no se abra un nuevo proceso de juicios tanto por los holdouts como por los bonistas que sí ingresaron en los canjes anteriores, entre otras cuestiones.

Entre los que se pronunciaron en contra al proyecto, se encuentran varios peronistas como la kirchnerista santacruceña María Ester Labado, su coterránea Virginia García (cuñada de Máximo Kirchner, jefe de La Cámpora), la mendocina Anabel Fernández Sagasti, la chubutense Nancy González, las riojanas Teresita Luna e Hilda Aguirre, la rionegrina Silvina García Larraburu, la santafesina María de los Ángeles Sacnún y la correntina Ana Almirón.

Además se opusieron senadores del PJ-FPV como el bonaerense Juan Manuel Abal Medina (presidente de la comisión de Presupuesto), el sanjuanino Ruperto Godoy, el puntano Daniel Pérsico, el chaqueño Eduardo Aguilar, pero también el jefe de Proyecto Sur, Fernando Solanas.

Entre los peronistas que estaban a favor de la iniciativa se expresaron el salteño Rodolfo Urtubey (hermano del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey), quien, como jurista, estimó que "la litigiosidad ha quedado muy acotada" aunque admitió que "no eliminada" y, a diferencia de Labado, sostuvo que es conveniente "la eliminación de la Ley Cerrojo, porque cumplió su función histórica" que en su momento convenció a bonistas "con la amenaza de que si quedás fuera del canje quedás afuera de todo".

En igual sentido, se expresó el santafesino Omar Perotti, quien consideró necesario "cerrar el default de la Argentina" y dijo que la referida ley es "una herramienta que el presidente (Mauricio Macri) está pidiendo, y la sociedad lo ha elegido a él", al tiempo que admitió que, si hubiera sido electo gobernador de su provincia, hubiera pedido el apoyo a la norma.

Lo mismo hicieron, los peronistas entrerrianos Pedro Guastavino y Sigrid Kunath, el misionero Juan Irrazábal, la sanjuanina Marina Riofrío, la formoseña Graciela de la Rosa (quien no había firmado el dictamen de comisión), la representante del Frente Cívico por Santiago Ada Iturrez, el peronista anti-K Juan Carlos Romero, el dasnevista Alfredo Luenzo, Jaime Linares del GEN, el massista sanjuanino Roberto Basualdo, el macrista entrerriano Alfredo De Angeli, su compañero de bloque Pedro Braillard Poccard y el radical pampeano Juan Marino, entre otros. La camporista Virginia García, al rechazar la iniciativa oficial, dijo comprender el voto a favor de muchos senadores incluso del peronismo porque "muchas provincias han recibido asistencia financiera" del gobierno nacional, advirtió que "Santa Cruz no estaba en ningún decreto de asistencia financiera".

Antes, su comprovinciana Labado, autora de un dictamen de minoría contra el acuerdo que firmó también Godoy, recordó que "el 93 por ciento (de la deuda) lo reestructuró el gobierno de Néstor y Cristina (Kirchner)" y dijo que "los juristas que pasaron", por la ronda de consultas realizada en el Senado, "dijeron que sí" es probable que los bonistas que aceptaron los canjes de títulos anteriores inicien acciones legales contra la Argentina.

La chubutense Nancy González advirtió que "si esto sale mal, no será solo culpa del Poder Ejecutivo, sino de todos aquellos que pongan el dedo por la afirmativa".