Economía
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hace 2 horas
La autorización a allanar domicilios de Cristina Kirchner y el proyecto de ley de extinción de dominio, para que el Estado recupere los bienes adquiridos de manera ilegal, serán los dos temas salientes de la sesión de mañana del Senado, que de esta manera pasará de casi dos meses de debate sobre el aborto legal a dedicarse a asuntos relacionados con la corrupción.
El permiso al juez Claudio Bonadio para realizar inspecciones en propiedades de la ex presidenta iba a debatirse el jueves pasado, pero el tema se postergó para mañana porque tras la sesión en que se rechazó el aborto legal a los senadores no les quedó tiempo de analizar la documentación que el magistrado les había hecho llegar a último momento.
Con los dictámenes de comisión ya firmados y los argumentos de Bonadio en mano, los senadores se reunirán este miércoles a partir de las 14 para resolver qué hacer con los allanamientos a domicilios que la ex mandataria y actual senadora tiene en la Ciudad de Buenos Aires, El Calafate y Río Gallegos, pero no a sus oficinas en el palacio legislativo, como también lo había requerido el juez.
En los fundamentos de Bonadio hay información de la causa sobre el supuesto pago de coimas en la obra pública que los senadores consideraron que no era "prudente" dar a conocer en vista de que el expediente tiene secreto de sumario.
Diferencias
El pedido de Bonadio puede ser aprobado en el Senado por mayoría simple: la mitad más uno de los votos de los presentes. Cambiemos tiene 25 de los 72 senadores. Todos los oficialistas votarán a favor. El interbloque Argentina Federal (PJ) tiene 24, pero no todos los integrantes de este espacio, que conduce el rionegrino Miguel Pichetto, apoyarían la medida.
Por ejemplo, hay dudas sobre el voto del formoseño José Mayans, quien sostuvo que el pedido del juez "tiende a dar un golpe mediático" y "un poquito también a humillarla" a la ex presidenta. Al respecto, señaló que la causa de los "cuadernos de las coimas" por la que la expresidenta fue citada a declarar "no ha sido sorteada".
“Quieren hacer un show mediático. No es cualquier persona, es una persona que tiene intención de voto muy fuerte, incluso en este momento está superando al presidente”, resaltó Mayans. Y dijo que en el bloque “hay divisiones”.
Pichetto, en cambio, se manifestó de acuerdo con permitir los allanamientos para "no obstaculizar" el procedimiento judicial.
En Cambiemos confían en que conseguirán el número para darle curso a las inspecciones solicitadas por Bonadio.
A diferencia de los allanamientos, si se debatiera el pedido de desafuero que pesa sobre Cristina —también pedido por Bonadio en el marco de la causa por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA—, el PJ votaría por el rechazo, porque considera que la quita de inmunidades de un senador sólo es procedente cuando hay una condena firme. Cristina en esta causa está procesada, pero no condenada.
Proyecto
El orden del día de la sesión también incluirá un proyecto cuya aprobación, pretendida por Cambiemos, viene con una demora de casi dos años: el de ley de extinción de dominio.
La semana pasada los senadores de Cambiemos, el Bloque Justicialista y el Frente para la Victoria emitieron tres dictámenes diferentes cada uno al no ponerse de acuerdo sobre los detalles de la iniciativa.
Todos establecen la figura de extinción de dominio, que otorga al Estado la facultad de recuperar los bienes utilizados para la comisión de delitos o fruto de ellos, pero se diferencian en cuestiones técnicas relacionadas con el proceso judicial.
Los tres dictámenes representan un cambio radical respecto de la media sanción de Diputados de 2016, de modo que si el Senado mañana lo aprueba el texto deberá volver a la cámara de origen.
Algunos diputados, como el democristiano cordobés Juan Brügge o el justicialista Pablo Kosiner, ya anticiparon que si el proyecto vuelve con cambios insistirían en la redacción original. También defienden la media sanción los diputados de Cambiemos.
El oficialismo venía reclamando que el proyecto de ley de extinción de dominio se debatiera en el Senado, pero el justicialismo lo frenó dos años porque considera que la iniciativa, tal cual fue aprobada en Diputados, es mala y podría violar garantías constitucionales del debido proceso, además de avanzar sobre la presunción de inocencia, porque permite hacerse de bienes sin sentencia, de modo que pone a todos los acusados como culpables hasta que se demuestre lo contrario.
