El Senado aprobó anoche el proyecto solicitado por todas las centrales obreras que dispone la prohibición de los despidos por seis meses y reinstaura la doble indemnización como herramienta disuasoria. La iniciativa, rechazada por el oficialismo, consiguió 48 votos positivos, provenientes de todas las bancadas opositoras, contra 15 negativos.
El grueso de los apoyos surgió del bloque PJ-FpV, que conduce Miguel Pichetto, espacio que esta vez no tuvo divisiones entre cristinistas y no cristinistas. Pero también otras bancadas que expresan el variopinto justicialismo apoyaron la iniciativa, como los dos senadores identificados con Sergio Massa y algunos miembros del interbloque que preside Adolfo Rodríguez Saá. A ellos se sumaron los tres senadores de la oposición no peronista que integran el interbloque del FAP.
El miembro informante del proyecto fue el sindicalista Daniel Lovera. “Frenemos los despidos por 180 días, garanticemos la paz social. Lo que tenemos que entender es que evitar cada despido y ayudar a generar más trabajo son cuestiones complementarias, no contrapuestas”, dijo el aliado del PJ-FpV, quien se ocupó de recalcar que la iniciativa “no es contra el Gobierno”.
En tanto, el kirchnerista Juan Pais explicó que el proyecto votado no desalienta inversiones ya que se incorporó un artículo para exceptuar a todo empresario que decida tomar nuevos trabajadores.
El macrista Federico Pinedo dio la visión del Gobierno, en contra del regreso de la doble indemnización luego de nueve años. Sostuvo que la herramienta es una mala señal para la lluvia de inversiones que la Casa Rosada pronostica para los próximos meses. “Muchas veces por cuidar un trabajo se ponen en peligro más empleos”, dijo.
El oficialista sólo reconoció dos focos de desempleo: en la construcción y en el sector autopartista, por la deuda de 12.000 millones de pesos que dejó el kirchnerismo con las empresas constructoras -que debieron frenar obras públicas- y por la caída de un 40% de la demanda de Brasil de autos argentinos.
Pero el peronismo prefirió darle una señal de autoridad a un oficialismo que es franca minoría en el Senado. Legisladores que no acompañaban íntegramente la iniciativa solicitada por el gremialismo decidieron igualmente votarla en general. Fue el caso de los massistas Miriam Bodajian y Alfredo Luenzo, quienes pidieron cambios en dos artículos, o el peronista salteño Rodolfo Urtubey, que solicitó excluir a las pymes de la norma.
El proyecto pasó a Diputados, donde el oficialismo está preocupado porque su principal aliado en la oposición, Massa, mantuvo reuniones con Pichetto y otros líderes del PJ referenciado en los gobernadores. El macrismo observa que no podrá contar con el Frente Renovador para impedir que la iniciativa se transforme en ley y el veto de Mauricio Macri se configura como el último recurso.
