El Senado brasileño aprobó por amplia mayoría someter a la presidenta Dilma Rousseff a un juicio de destitución, decisión que la deja en la antesala de perder su mandato y de segar un extenso ciclo de la izquierda al frente del mayor país latinoamericano.
En una sesión que duró más de 15 horas y terminó en la madrugada de ayer, la acusación de que la primera mujer en presidir Brasil violó la Constitución al autorizar gastos a espaldas del Congreso recibió un fuerte apoyo de 59 votos a favor y 21 en contra.
Rousseff quedó ahora a una una sola votación de perder el poder cuando aún le restan más de dos años de mandato. Suspendida desde el 12 de mayo, responsabilizada por la feroz crisis económica que golpea al país y con su partido ametrallado por acusaciones de corrupción, ya casi no tiene margen, de acuerdo con la lectura de propios y ajenos.
El holgado resultado preanuncia un escenario difícil en la etapa final del juicio, prevista para comenzar el próximo 25 de agosto, cuatro días después del cierre de los Juegos Olímpicos de Rio-2016, y que debería durar unos cinco días.
“Demuestra una expresiva mayoría e indica que en este proceso tan discutido en el Senado ya hay una posición definida. Es muy difícil que haya algún hecho que pueda cambiar esto”, dijo el senador Romero Jucá, pilar del gobierno interino que sucedió a Rousseff, liderado por su vicepresidente Michel Temer.
El heterogéneo arco opositor del Congreso que articuló el impeachment logró cuatro votos más que cuando el proceso fue admitido para ser analizado, y cinco más que la mayoría especial de dos tercios (54) necesarios para la destitución definitiva al final del juicio político.
Jucá, de la fuerza de centro-derecha PMDB que conduce Temer, convertido en enemigo acérrimo de Rousseff tras saltar a la oposición, aseguró que la presidenta perderá su cargo entre el 28 y el 29 de agosto.
En el Partido de los Trabajadores (PT) fundado por Luiz Inácio Lula da Silva, una leyenda de la izquierda latinoamericana que hoy es asediado por la justicia en distintas causas de corrupción, apenas rescataban que el juego no terminó.
“La posición definitiva de cada uno se va a consolidar la semana anterior a la votación. Hasta ese momento continuaremos luchando. No vamos a desistir”, dijo el senador Humberto Costa, líder del partido en la Cámara alta.
Rousseff “es culpable por acción u omisión”, resumió durante la sesión Miguel Reale, uno de los juristas que suscribió el pedido de impeachment y que representó la parte acusadora.
La defensa, en manos del ex ministro de Justicia José Eduardo Cardozo, pidió la absolución de la presidenta y cuestionó el potencial castigo de la pérdida del mandato: “Un presidente de la República solo puede ser separado de su cargo si hay un atentado contra la Constitución. Debe ser un crimen mayor”.
El abogado dijo que está bajo análisis si la mandataria asiste al día de la sentencia para defenderse en primera persona.
Rousseff, una ex guerrillera marxista de 68 años reelegida en 2014 para un segundo mandato, salió del Palacio de Planalto con niveles mínimos de popularidad y enfrentada con un Congreso que le frenó un ajuste fiscal con el que esperaba reencaminar la economía, que se encamina a su primer bienio recesivo desde los años 30.
Denuncia ser víctima de un golpe articulado por Temer, también muy impopular pero con apoyo parlamentario, y si es sentenciada quedará inhabilitada para postularse o ejercer cargos públicos por ocho años.
Con los Juegos Olímpicos de Rio capturando la atención de los brasileños, la sesión desbordó de metáforas deportivas, como pedidos de “fair play”, llamados a “no enfriar el partido” y una clara conciencia del momento: “Los ojos del mundo están sobre Brasil”, dijo el senador Eduardo Amorim, del Partido Social Cristiano.
El PT recurre a la Corte Interamericana
El Partido de los Trabajadores (PT) pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una decisión urgente para frenar el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, quien el Senado puso ayer en el umbral de la destitución.
Diputados del PT intentan jugar la carta internacional al denunciar un "golpe de Estado" contra la mandataria suspendida desde el 12 de mayo, bajo el argumento de que el Superior Tribunal Federal de Brasil no acogió todo el derecho de defensa de ella.
“Estamos viviendo un golpe de Estado con la participación de la Cámara de Diputados, el Senado y la omisión del Poder Judicial y es por eso que buscamos auxilio institucional en la comisión interamericana”, dijo Waldir Damous, diputado del PT.
De acuerdo con la presentación hecha al organismo humanitario uno de los argumentos es que no se respetaron las garantías de defensa ni fueron tomados en cuenta para la acusación la opinión de especialistas y autoridades que no vieron delitos de Rousseff en la ley fiscal, por la readecuación presupuestaria realizada en 2015. Télam
