Entre agosto de 2018 y julio de 2019 se ha contabilizado la deforestación de un total de 9.762 kilómetros cuadrados en la Amazonia brasileña, lo que supone un aumento del 30 por ciento con respecto al año anterior y un máximo de los últimos 11 años, según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Especiales (Inpe, por sus siglas en portugués).
Los estados de Pará, Rondonia, Mato Grosso y Amazonas suman el 84 por ciento de la superficie deforestada con cerca de 8.213 kilómetros cuadrados, según el informe oficial publicado ayer.
Porcentualmente supone el tercer mayor incremento de la historia desde que hay registros, sólo por detrás de los datos de los años 1995 (95 por ciento y 29.100 kilómetros cuadrados) y 1998 (31 por ciento).
En la presentación de los datos en la sede del Inpe en San José dos Campos participaron los ministros de Medio Ambiente, Ricardo Salles, y de Ciencia, Marcos Pontes, así como el director en funciones del Inpe, Darcton Damião.
Salles afirmó que este incremento se debe a la "economía ilegal" y anunció una reunión el próximo miércoles para abordar medidas para contener la deforestación.
"También hay negociaciones en la esfera gubernamental como la transferencia de los organismos de identificación, vigilancia e investigación de la biodiversidad y la flora y el sector del ecoturismo, también integrante del Ministerio, para crear una sede en la Amazonia", dijo Salles.
En cualquier caso, Salles argumentó que muchos de los factores que contribuyen a la deforestación son responsabilidad de los gobiernos anteriores del Partido de los Trabajadores. "Gran parte de los problemas vienen de gestiones anteriores", dijo.
Salles respondía así a una pregunta de la prensa que recordaba las insistentes críticas en campaña electoral del ahora presidente Jair Bolsonaro contra los ecologistas e instituciones como el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama) y la protección de reservas indígenas.
Controversia
En cuanto a los datos de la destrucción de la Amazonia, el propio Bolsonaro los calificó de "incorrectos", "exagerados" o "perjudiciales para la imagen del país" y llegó a insinuar que el director del Inpe, Ricardo Galvão, podría estar "al servicio de alguna ONG". "Yo comprendo la necesidad de preservar, pero la psicosis ambiental dejó de existir conmigo", afirmó en julio.
La organización ecologista Greenpeace advirtió sobre este "grave" escenario, ya que cree que el Gobierno brasileño no presentó "ninguna política coherente" para proteger los bosques y sus pueblos.
