Una multa aplicada por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza a un partido político por incumplimiento del Código de Convivencia, al cortar con una manifestación el tránsito en la intersección de San Martín y Colón, disparó la polémica.
Porque, por un lado, y con justificada razón, el municipio pone en práctica lo que establece el Código, mientras los manifestantes consideran que les están coartando la posibilidad de expresar sus ideas, razón por la cual estudiarán los próximos pasos a seguir antes de abonar lo que establece la sanción municipal.
El denominado Código de Convivencia fue aprobado durante una maratónica sesión del Concejo Deliberante, contando con el voto afirmativo del radicalismo y del Pro, la negativa del justicialismo y de la izquierda y una abstención de parte de un concejal radical disidente.
La norma establece distintos aspectos a cumplir a los efectos de evitar inconvenientes que puedan plantearse entre quienes viven o deben concurrir habitualmente a la ciudad.
Así por ejemplo, establece la prohibición de marchar y manifestarse por las calles, ofreciendo a cambio las veredas, a los efectos de que no se obstruya el tránsito vehicular, y pone a disposición la explanada municipal para que pueda ser utilizada por los manifestantes que quieran realizar algún reclamo.
Faculta a los músicos callejeros a actuar en la vía pública, aunque deben gestionar un permiso ante la propia Municipalidad; restringe las acrobacias con patines, bicicletas, skates y cualquier otro elemento similar en escaleras para peatones, elementos para la accesibilidad de personas discapacitadas, barandas o bancos, anunciando entonces la construcción de un parque de deporte urbano que se ubicará en el predio del Ferrocarril donde antes se encontraba el asentamiento Escorihuela.
Prohíbe también los grafitis y pintadas en la vía pública, el consumo de bebidas alcohólicas en la calle y el ejercicio de la prostitución.
En el fondo, el nuevo Código respondía al planteo realizado por los propios vecinos y visitantes de la ciudad, quienes reclamaban esencialmente porque consideraban que sus derechos no eran respetados por otras personas.
Se respetaron inclusive algunos antecedentes, como la multa que en su momento aplicó el ex intendente Víctor Fayad al gremio del SUTE por cortar la calle durante una manifestación en julio de 2008.
Una situación similar volvió a plantearse ahora, en razón de que una veintena de dirigentes políticos y gremiales del Frente de Izquierda de los Trabajadores y del gremio de ATE cortaron la intersección de Colón y San Martín, en solidaridad con los trabajadores despedidos de una empresa de Buenos Aires.
Durante casi dos horas el radio céntrico se mantuvo colapsado y, frente a esa situación, las autoridades municipales pusieron en práctica lo que establece el nuevo Código, aplicando una multa de 20 mil pesos a la agrupación política.
El propio secretario de Seguridad Ciudadana, Raúl Levrino, explicó que los manifestantes impidieron el libre tránsito de miles de personas y de vehículos que diariamente circulan por la ciudad. Para los reclamantes, la “jornada de lucha” tenía alcance nacional y aseguraron que ellos agregaron los 35 despidos que se han producido a lo largo del año en diferentes actividades de Mendoza.
Quienes realizaron el reclamo están en su pleno derecho de hacerlo siempre y cuando no avancen sobre los derechos de los demás.
No se puede aceptar que una protesta conformada por pocas personas ponga en problemas a decenas de miles que no tienen nada que ver con el problema, más aún cuando se les ofrecen lugares para hacerlo, como fija el propio Código en referencia a la explanada del edificio municipal.
Si queremos vivir en democracia, debemos respetar lo que establecen las leyes, más aún cuando las mismas determinan acciones concretas a favor del grueso de la ciudadanía, como sucede en el caso planteado.
