Por Rosendo Fraga - Analista político - Especial para Los Andes
La reaparición de Cristina Kirchner ocurre cuando las medidas de ajuste han comenzado a afectar la imagen del nuevo gobierno.
La causa por la cual ha sido citada es la menos amenazante para ella, dado que es discutible hasta donde es judiciable una decisión del Banco Central. Causas como las que afectan a sus sociedades particulares, como Hotesur y Sauce, son más peligrosas en términos judiciales y políticos. Por esta razón también ha aprovechado esta causa para reaparecer políticamente.
Pero esta no será la última citación judicial que tendrá ella, ni mucho menos. En los próximos meses, lo que vimos en tribunales se repetirá. Lo que hoy no sabemos es si el impacto político será el mismo, si se reiterará la movilización y si el tipo de decisión judicial será la de hoy.
Los planos judicial y político se entremezclan para la ex Presidenta. Si bien la mayoría del peronismo guardó silencio, quienes la defendieron por lo general lo hicieron en esta causa específica. Con la movilización del miércoles 13, Cristina logra mostrar que el kirchnerismo es una minoría activa con capacidad de movilizarse en la calle, pero por el momento sin capacidad de aglutinar al peronismo.
En los tres primeros lugares de la lista de unidad que acaba de acordarse para las nuevas autoridades del Partido Justicialista no hay ningún dirigente de La Cámpora, la agrupación que más la representa.
Probablemente, el kirchnerismo está en un proceso de declinación política, como sucedió con el menemismo y el duhaldismo también expresiones transitorias del peronismo- después que Menem y Duhalde dejaran el poder. Pero en ambos casos fue un proceso.
Tres años y medio después de dejar el poder, Menem quedó primero en la elección presidencial, aunque tuvo que renunciar a competir porque iba a perder, y Duhalde ocho años más tarde de dejar el cargo se presentó como candidato a presidente, aunque perdió. Probablemente, el kirchnerismo no volverá a ser una fuerza mayoritaria en la política argentina, pero seguirá siendo un protagonista de ella en el corto plazo.
En cuanto a su discurso, ha buscado ubicarse en el plano de los grandes líderes políticos populares de la Argentina del siglo XX: Yrigoyen y Perón. Lógicamente, ha puesto las acciones judiciales en su contra en términos de persecución política. Pero también, con la fuerte crítica a la gestión de Macri intenta posicionarse como la figura más "dura" de la oposición política.
Pero la situación social es lo más difícil que enfrenta el gobierno de Macri en el segundo trimestre del año (abril-mayo-junio), al cumplirse cuatro meses de gobierno. La alta inflación de los primeros tres meses del año, promediando 4% mensual, en abril escala a un porcentaje que las consultoras privadas estiman entre 5 y 8%, en gran medida por el aumento de tarifas.
No es lo que esperaba el gobierno, dado que a comienzos de la semana pasada el ministro de Hacienda y Finanzas (Prat Gay) decía que la inflación había comenzado a bajar y que esta tendencia se iba a acentuar en el segundo trimestre, para llegar en el segundo semestre al 1% mensual. La consecuencia es que el oficialismo no tenía previsto un plan de crisis para enfrentar el problema.
El sábado 9 de abril, el Presidente, por primera vez reunió al gabinete social (Acción Social, Salud, Trabajo y Educación) y también lo hizo con líderes de ongs que trabajan con los sectores vulnerables, pero no se adoptaron decisiones concretas. La situación crítica está en el Gran Buenos Aires.
De acuerdo al Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, en esta cuarta parte de la población total del país, la pobreza superará 40% en abril, 6 puntos por encima del promedio nacional. Ya a comienzos de la semana pasada, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires (Vidal) reclamó urgente colaboración al Ministerio de Acción Social para contener la tensión social en el conurbano.
Este es el problema central en lo inmediato, que se complica por una serie de situaciones políticas y sociales más allá de la economía. Los planes de contención social del gobierno han sido anunciados pero no se implementan.
La tarifa social que alcanza a 6 millones de personas (jubilados que cobran la mínima, pensionados, servicio doméstico, beneficiarios de planes sociales etc.), ahora, (hasta el momento la tenían 2.400.000), a quince días de su extensión, sólo ha llegado a menos del 10% de los nuevos beneficiarios que pretendía alcanzar.
La devolución del IVA que se cobra a los alimentos básicos a los sectores vulnerables todavía no ha comenzado. Al mismo tiempo que crece la tensión social en el conurbano, aumenta el conflicto con la Policía Bonaerense. El ministro de Seguridad Bonaerense negocia con un sindicato policial ilegal (Sipoba), con el cual acordó darle el mismo básico de la Policía Metropolitana que no pudo cumplir más allá del 25% de aumento otorgado. Dicho sindicato realizó una protesta para el jueves 14 en La Plata, reducida pero significativa.
Como respuesta, el gobierno extendió las asignaciones familiares a personas que no las cobraban, elevó de 400 a 3.000 pesos el seguro de desempleo, la gobernadora Vidal anunció un aumento del 15% para los jubilados que cobran el mínimo y los pensionados, duplicó los fondos para los comedores escolares y aumentó 122% las partidas para medicamentos de los hospitales, mientras el gobierno nacional estudia más medidas en esta línea.
Por su parte, el sindicalismo avanza con protestas y movilizaciones. El 4 de abril fue el paro nacional docente; el 8 el de los gremios portuarios y marítimos; el 14 pararon los bancarios y el 29, todas las centrales sindicales realizan una movilización conjunta reclamando frenar despidos y modificar las escalas del impuesto a las Ganancias. En cuanto a los aumentos salariales, la semana pasada el gremio de la carne acordó 20% para seis meses, la Uta 29% para 9 y la construcción acordó 22% para el semestre. En los tres casos es 40% en el año.
En conclusión: Cristina reaparece políticamente justo, en el momento exacto en términos del inevitable costo social del ajuste y la cuestión es si el gobierno de Macri logrará aplicar medidas eficaces en lo inmediato que lo atenúen en los sectores vulnerables.
