Un grupo de jóvenes documentalistas italianos llegaron a Mendoza esta semana con un único objetivo: investigar, recabar información y rodar parte de un documental en el que están trabajando con los aberrantes episodios de abuso sexual y corrupción de menores sordomudos registrados en el instituto religioso Antonio Próvolo (que funcionaba en Carrodilla hasta fines del año pasado).
Los realizadores audiovisuales -que integran la productora romana GA&A- aprovechan por estos días su breve estadía en Mendoza para empaparse en el resonante caso que tiene a dos curas (Nicola Corradi y Horacio Corbacho) y a tres ex administrativos del establecimiento (Jorge Bordón, José Luis Ojeda y Armando Gómez) imputados y que seguirán en prisión.
El objetivo es sumar este caso y estos episodios en un film que está en proceso y que nuclea una serie de abusos denunciados en todo el mundo.
"En este tercer film decidimos tratar uno de los temas más criticados y polémicos que tiene la Iglesia Católica en todo el mundo, y que es el abuso de niños por parte de miembros del clero. El objetivo es intentar ver por qué no se hace una verdadera limpieza en la institución", destacó Lucio Mollica (36), autor y productor del trabajo que por estos días tiene su localización en nuestra provincia.
“Empezamos a hacerlo a mediados de 2016 y la idea es que lo pasen en la televisión europea y en Estados Unidos. Buscamos mostrar lo que pasó y está pasando en el Vaticano, durante los papados de Benedicto XVI y de Francisco.
Nuestra idea no es atacar a la Iglesia, sino demostrar que en algunos casos se puede y debe hacer más, y que debe protegerse primero a los niños antes que a sus curas”, amplió al referirse a la finalidad del documental.
“En 2016 descubrimos que había curas acusados por casos de pedofilia en el instituto religioso de Verona (Italia) que seguían trabajando en Argentina. Entrevistamos a la primera víctima de Nicola Corradi en Italia y nos dijo que estaba acá, y nos pareció aterrador que ese cura siguiera estando al frente de niños, me costó creerlo. Y después nos enteramos de la noticia de su detención”, explicó con respecto a la decisión de incluir a Mendoza en su itinerario de rodaje e investigación.
Estando en nuestra provincia, los cineastas se entrevistaron con familiares de las víctimas, abogados y otros actores involucrados en la causa local.
Iglesia bajo la lupa
Según destacó Lucio Mollica, el que se encuentra en curso es el tercer documental que realizan y los dos anteriores también tuvieron a la Iglesia y el Vaticano como protagonistas.
“Hemos hecho dos películas sobre los cambios de la Iglesia Católica con el papa Francisco al frente. El primero se llamó ‘Holly Money’ (‘Dinero Sagrado’) y se refirió a la parte de las finanzas del Vaticano, mientras que el segundo (‘El Papa y la Mafia’) estuvo basado justamente en la relación con las mafias. Y ahora estamos viajando por distintos lugares, buscando ver los puntos oscuros de distintos casos y denuncias. Estuvimos por ejemplo en Lyon (Francia), donde el año pasado hubo una crisis muy grande con 70 denuncias por abusos cometidos a lo largo de 20 años contra un cura que sigue en servicio. También estuvimos en Estados Unidos y en Italia, filmando algunas historias que todavía no se han destapado. Hemos entrevistado además a fieles, curas y periodistas católicos, porque creemos que es la Iglesia quien en su interior tiene las respuestas a esos problemas”, siguió el realizador.
Escala en Mendoza
El pasado miércoles los documentalistas de GA&A llegaron a Mendoza y ni bien pisaron este suelo, se dirigieron con sus equipos a los Tribunales provinciales. Allí transcurría la primera parte de la audiencia que llegó a su fin ayer y donde se definió la prisión preventiva para los cinco imputados.
“Había denuncias de hace nueve años contra Corradi y el Próvolo de Mendoza y nunca hubo una investigación. Es importante que alguien pague, que enfrente un juicio por la ley católica como responsable de haber puesto a un cura con denuncias de abuso en Italia al frente de una escuela de chicos. Las denuncias de casi todos los religiosos que fueron acusados en Italia prescribieron. Pero no sé por qué después de eso lo mandaron a Mendoza, debería haber sido monitoreado y juzgado”, siguió.
Asimismo, Mollica destacó que ni durante el trabajo que están realizando actualmente ni durante ninguno de los ya presentados recibieron algún tipo de presión o amenaza.
Los imputados aguardarán el juicio en prisión
Los curas Nicola Corradi (82) y Horacio Corbacho (56) así como los 3 ex administrativos del instituto religioso Antonio Próvolo, Jorge Bordón (50), José Luis Ojeda (41) y Armando Gómez (46) aguardarán en prisión el juicio que los tiene imputados como autores de abuso sexual y corrupción de menores sordomudos.
Así lo determinó durante la mañana de ayer la jueza de Garantías, Alejandra Alonso, quien finalmente dictaminó la prisión preventiva para los acusados durante el plazo de 6 meses. La audiencia había comenzado el miércoles con una maratónica jornada de 11 horas, que se sumaron a las más de 3 horas de ayer.
De esta manera, hizo lugar al pedido del fiscal de la causa -Gustavo Stroppiana- y de los abogados querellantes, quienes representan a las víctimas y sus familiares, y quienes habían solicitado que se haga lugar a esta medida.
"Los fundamentos en que se basó la jueza son por un lado la pena a la que podrían ser condenados en caso de que sean considerados autores (son delitos que contemplan desde 10 hasta 50 años), el miedo de las víctimas y la veracidad de las pruebas", destacó el abogado Sergio Salinas, parte de la querella e integrante de la organización Xumek.
Corbacho, Bordón, Ojeda y Gómez aguardarán el juicio en la cárcel de Boulogne Sur Mer, mientras que Corradi continuará con prisión domiciliaria. Esto último también será revisado, puesto que la querella solicitó que se revise el verdadero estado de salud del cura octogenario italiano.
A mediados de semana, los abogados defensores habían solicitado la liberación o el régimen de domiciliaria de los imputados. Sin embargo, el dictamen de la jueza Alonso fue adverso a estas solicitudes.
“El Ministerio Público y la defensa habíamos solicitado la prisión preventiva, considerando que están acreditados los hechos y la participación de las personas. Creemos que objetivamente hay pruebas para que se dicte la preventiva”, destacó Stroppiana, quien destacó que la jueza fijó el plazo de 6 meses considerando que es un período en el que la causa ya debería haber sido elevada a juicio.
Asimismo, destacó que esta causa en concreto se cerrará con las denuncias, pruebas y testimonios ya recabados para que pueda comenzar el juicio lo antes posible. “Si hubiera más víctimas, no va a modificar la situación y se va a seguir investigando hasta las últimas consecuencias”, sintetizó.
Sobre la estrategia de los defensores de los imputados de desacreditar las pruebas y testimonios de la “testigo de identidad reservada número 1” -que compromete seriamente a los implicados- considerando que hay contradicciones, mentiras y hechos que no pueden probarse; Salinas resaltó una observación de Alonso.
“La jueza ha confirmado que las circunstancias de espacio, tiempo y lugar no son las mismas en las personas oyentes que en las sordas, ya que estas últimas pueden confundir fechas y no diferenciar años. Esto es muy importante porque la defensa ha pretendido ningunear los testimonios basándose en estas inconcordancias”, destacó Salinas.
“Las pericias psicológicas son muy importantes en las denuncias de casos de corrupción, tocamiento o abuso sexual ocurridas hace tantos años. Porque son casos de los que no quedan rastros y son difíciles de probar”, concluyó.
Más de 60 por ciento de los alumnos están reubicados
Ya confirmado el cierre del instituto religioso Antonio Próvolo, la DGE anunció que garantizaría la continuidad educativa de los chicos con discapacidades auditivas y de habla que se disponían a comenzar el ciclo lectivo 2017 en el establecimiento.
Según destacó la directora de Educación Especial de la DGE, Susana Yelachich, la gran mayoría de los padres que tenía a sus hijos en el Próvolo ya se ha inclinado por alguna de las opciones de escuelas especiales públicas (en toda la provincia hay 68 primarias y 18 EFI -Escuelas de Formación Integral, secundarias).
“Desde diciembre, estamos llamando a los padres para ofrecerles inscribir a sus hijos en las escuelas especiales que estén más cercanas a su domicilio. Las EFI de la provincia tienen en su plantel trabajadoras sociales, psicólogas, fonoaudiólogas y algunas tienen psicopedagogas también. Lo que no tienen en comparación con el Próvolo es la infraestructura -que fue construida pensando en este tipo de alumnos- y la parte terapéutica que sí incluía el instituto religioso. Ahora los padres deberán tramitar las terapias por medio de las obras sociales o del Ministerio de Salud”, sintetizó la funcionaria.
Las cuotas en el Próvolo oscilaban entre los 13.000 y los 20.000 pesos y eran costeadas por las obras sociales. Además, la Provincia le otorgaba un subsidio equivalente a 15 cargos del personal.
Entre tantas cosas que se investigarán de ahora en adelante en la parte administrativa, se destaca el hecho de que hasta el cierre del establecimiento figuraban 108 alumnos inscriptos en el instituto. No obstante, efectivamente había 95 que estaban cursando.
“La idea es que en todas las escuelas especiales haya un especialista por cada discapacidad. Estamos creando cargos y vamos a crear los que sean necesarios”, sintetizó.
“Nuestras escuelas especiales, en particular aquellas para chicos con discapacidades auditivas, tienen las mismas posibilidades que tenía el Próvolo”, siguió la directora de Educación Especial.
Además, invitó a aquellas docentes que daban clases en el lugar y que tienen bonos de puntaje a presentarse a la convocatoria para cargos en los establecimientos especiales de la Provincia (el próximo martes en la Escuela Hogar Eva Perón).
Una posible pronta recuperación del establecimiento para que vuelva a funcionar como escuela integradora asoma como inviable. Principalmente porque se necesita una ley de expropiación y esto demoraría (como poco) un año.
