El tormento vivido por quienes denuncian haber sido abusados sexualmente en el instituto religioso para chicos sordos Antonio Próvolo dejará marcas imborrables.
Violaciones, tocamientos, maltratos y hasta comida en mal estado son algunas de las situaciones referidas desde noviembre del año pasado a la fecha por estos jóvenes que estudiaban y dormían en el establecimiento ubicado en Carrodilla (Luján de Cuyo).
Y si de marcas se trata, sobresale una víctima de 24 años quien lleva todo el dolor y el sufrimiento en la piel, literalmente. En su hombro y antebrazo derecho se tatuó una “monja diabólica”, con cabeza de calavera, ojos blancos y el velo en su cabeza donde se observa una cruz invertida.
Las dos manos de la religiosa están juntas, en posición de rezo y también sosteniendo un rosario invertido. Pero sujeto del mango, sostiene un cuchillo con la daga hacia abajo.
“Una de las psicólogas le preguntó por el tatuaje y la víctima se llevó los dedos índice y mayor al costado del ojo, haciendo la seña con que identificaban a Kumiko Kosaka (una de las monjas imputadas y presas por los episodios)”, resumió una fuente judicial.
El 25 de noviembre se cumple el primer año desde el día en que salió a la luz lo que hoy se conoce como Caso Próvolo, una de las causas más sensibles de la historia judicial mendocina, no sólo por la cantidad y la vulnerabilidad de las presuntas víctimas; sino también por quienes están imputados (hay 2 curas y 2 monjas entre ellos).
El 28 de noviembre del año pasado, “el joven del tatuaje” hizo su denuncia ante la Justicia. La olla se había destapado 3 días antes con detalles escalofriantes.
Ya en 2008 había documentación judicial que indicaba que el mismo joven (menor de edad en aquel momento) habría sido víctima de tocamientos perpetrados por un ex administrativo en el instituto. Se trata de la misma causa en que otra mujer había acusado a ese mismo trabajador, expediente que nunca tuvo movilidad.
Retomando a la historia del “joven del tatuaje”, fue en febrero cuando decidió dibujarse la macabra monja en su hombro. Y en varias oportunidades ha manifestado que lo hizo queriendo simbolizar a la monja Kosaka y la imagen que le quedó de ella.
En lo que se refiere a la situación de los imputados (son 15 en total), 7 de ellos están con prisión preventiva. Los ex curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho -quienes el viernes se quedaron sin abogado-, la monja Kumiko Kosaka, 3 ex administrativos y la ex representante legal Graciela Pascual.
La ex directiva está imputada por participación primaria, mientras que las imputaciones de los otros 6 son como autores de los delitos de abuso y corrupción de menores.
Esta semana los defensores de Kumiko denunciaron por falsedad de pericia a los profesionales del Cuerpo Médico Forense y por manipulación y tergiversación de las declaraciones a los intérpretes oficiales.
"Existe un encono personal focalizado con Kumiko (Kosaka) que no tienen explicación. No puedo entender que revictimicen a los chicos, y la presión que están ejerciendo sobre ellos", destacó a Los Andes la abogada Valeria Corbacho, socia de Carlos Varela Álvarez en la defensa de Kosaka y de la también monja, Asunción Martínez (también imputada). Los dos abogados insistieron en la inocencia de las religiosas.
“Los denunciantes no han sido revictimizados. Son mayores de edad y sus declaraciones han ido avanzando en la medida en que vencían el temor. Se han presentado y han pedido declarar; y ninguno lo ha hecho sin el aval psicológico”, resumió uno de los abogados querellantes, Oscar Barrera.
Cómo es la vida de los 7 presos
Cinco de los imputados y detenidos también están próximos a cumplir su primer año detenidos. Y 4 de ellos permanecen en el Servicio Penitenciario de Mendoza.
El cura Horacio Hugo Corbacho (el más joven de los religiosos) pasa sus días alojado en el pabellón 5 de la cárcel de Boulogne Sur Mer. Suele recibir la visita de 2 amigos, aunque la última data del 26 de setiembre. No realiza tareas laborales ni está estudiando dentro de la Penitenciaría, aunque mantiene su vocación y predica cotidianamente para el resto de los internos.
El ex administrativo y monaguillo Jorge Luis Bordón acompaña a Corbacho en el pabellón 5. Aprovechando sus días de encierro, decidió estudiar y se encuentra completando la universidad.
Otro ex administrativo del instituto es Ramón Armando Gómez, quien también está en Boulogne Sur Mer, aunque alojado en el pabellón 14 B. Realiza tareas de fajina (limpieza) dentro del pabellón.
El otro ex administrativo (se reserva su nombre por una disposición judicial) presenta una discapacidad mental y en el habla. Por estos días la Justicia va a determinar si lo mantiene imputado o lo declara inimputable.Se encuentra alojado en la División Sanidad del complejo Almafuerte desde el 5 de enero (antes estaba en Boulogne Sur Mer) y el cambio fue solicitado para resguardar su integridad.
El Servicio Penitenciario está trabajando con el objetivo de lograr una mejor comunicación. Por este motivo, ha dispuesto un intérprete de lengua de señas para que lo visite todos los meses y ayude en su formación. Se mantiene activo además realizando labores de maestranza y tareas de jardinería. Durante las entrevistas se ha mostrado colaborador.
La ex representante legal del instituto, Graciela Pascual se encuentra detenida en la cárcel para mujeres de Agua de las Avispas (Cacheuta), la misma en la que estuvo la monja Kosaka hasta octubre.
La mencionada religiosa y el mayor de los curas (Bruno Nicola Corradi) se encuentran con régimen de prisión domiciliaria, con monitoreo las 24 horas.
Familiares reclaman contención para las víctimas
Como lo vienen haciendo los 19 de cada mes, desde hace un año, los familiares de las víctimas de abusos sexuales y hechos aberrantes contra la integridad, ocurridos en el Instituto Próvolo, se unieron ayer en la puerta de la Legislatura Provincial en mismo pedido sustentado en tres ejes: visibilizar la realidad de las personas afectadas, concientizar a la sociedad sobre la gravedad de lo ocurrido y pedir al Estado más intervención para contener a los/as afectados y su entorno.
De manera pacífica y con distintivos alusivos a la causa aferrados a su remera, Alejandra Berlanga, de “Padres Autoconvocados” destacó que esta nueva convocatoria tiene el mismo sentido que las anteriores.
“Queremos que la sociedad sepa las situaciones vividas por los niños y niñas del Próvolo”, dijo Berlanga y detalló que uno de los reclamos más concretos que están llevando adelante desde la entidad es exigir al Estado la reparación del daño causado a las víctimas.
Pero también piden que se tomen medidas concretas para brindar acompañamiento a los ex alumnos y alumnas que no han recibido el seguimiento necesario.
Casualmente, ayer fue el Día Mundial para la prevención del abuso contra niños y niñas. En ése sentido, Berlanga subrayó la impronta de la fecha y denunció que las diferentes áreas del Gobierno le han dado la espalda al caso.
Dijo que a lo largo del año desde que los hechos cometidos por las autoridades del instituto comenzaron a salir a la luz, el Estado no han tenido en cuenta que se trata de personas con discapacidad que han vivido situaciones muy dolorosas, aberrantes y traumáticas y que no cuentan atención médica ni escolarización adecuada.
“Necesitamos de manera urgente que se haga un seguimiento caso por caso de cada familia. Esto es algo que venimos pidiendo desde hace un año y no hemos tenido respuestas”, aseguró en representación de los padres y familiares de ex alumnos de la institución para niños y niñas hipoacúsicos y sordo mudos que sigue siendo investigada.
Otro aspecto que ellos solicitan que sea tenido en cuenta por las autoridades, tiene que ver con la cobertura de los gastos que debe efectuar cada familia al momento de los traslados y refrigerios para asistir a los testimoniales y cámaras Gesell.
“A veces las familias y los niños o niñas afectados tienen que soportar ocho horas de espera en una oficina y ni siquiera les dan un almuerzo. Tampoco cuentan con viáticos pese a que muchos tienen que venir a la Ciudad desde departamentos alejados”, detallaron.
La temática de la escolaridad para los niños y niñas con problemas de audición es otra deuda pendiente, detalló Berlanga. Apuntó que la Dirección General de Escuelas (DGE) no ha presentado un plan para garantizar la Lengua de Señas en las instituciones estatales a las que asisten alumnos con su audición disminuida.
De hecho, Paola González, integrante de los asociación integrada por padres de los ex alumnos/as del Próvolo detalló que debido a la falta de acompañamiento psicológico y abordaje terapéutico adecuado, hay víctimas que se van imposibilitadas de declarar ante la Justicia.
“Es una situación que sigue revictimizando a las y los afectados de estos hechos porque no los comprenden. Nosotros sí estamos seguras de que tienen mucho para decir. Ahora ellos siguen sufriendo en silencio la vulneración de todos sus derechos”, reflexionó González.
Números de la causa
29 cámaras Gesell en las que los jóvenes sostienen haber sido maltratados, físicamente o psicológicamente.
18 denunciantes que dicen haber sido víctimas de abusos sexuales o corrupción de menores.
15 imputados (2 curas, 2 monjas, 3 ex administrativos, una ex representante legal, 4 ex directoras, un jardinero, una psicóloga y una ex cocinera).
7 con prisión preventiva
2 de los detenidos con prisión domiciliaria (Corradi y Kosaka)
3 fiscales (Fabricio Sidoti, Fernando Giunta y Gustavo Stroppiana Stroppiana).
2 investigadores del Vaticano.
1 interventor de la orden.
45 hechos contabilizados por los denunciantes.
Entre 2004 y 2005, los primeros casos.
Cronología de un caso de terror
Del instituto religioso Antonio Próvolo era poco y nada lo que se conocía públicamente hasta el viernes 25 de noviembre del año pasado. Pero hoy todo el mundo habla del él.
A las denuncias se suman los hallazgos que se hicieron en los distintos operativos -y que incluyen ropa interior, pañales, material XXX, computadoras, rollos fotográficos, dinero e intercambio de correspondencia con miembros del Próvolo platense. Y la declaración de una joven más, que refiere la presencia de un sótano oculto, donde habría frascos con fetos.
El 19 de noviembre del 2016 llegó el primer dato en un acto en la Legislatura. El 25 de noviembre se oficializó la denuncia, y ese fin de semana los medios se hicieron eco.
Para el 29 de noviembre del año pasado ya estaban los 5 hombres detenidos, imputados por abuso sexual y corrupción de menores. Con la trascendencia del caso local, surgió además información sobre abusos en el Próvolo de La Plata, previos a los ocurridos en Mendoza y en los que también acusaban a Corradi y a Corbacho.
El 5 de enero de este año la Justicia le otorgó la prisión domiciliaria a Corradi, y en febrero la DGE anunció la suspensión de la parte educativa del instituto.
El 27 de marzo llegaron a Mendoza los sacerdotes Dante Simón y Juan Martínez, enviados del Vaticano para hacer la investigación eclesiástica sobre los curas. Y cuatro días después se informó desde el Ministerio Público Fiscal que había un pedido de captura sobre la monja Kosaka por, al menos 3 episodios en que se la involucraba.
El 2 de mayo la religiosa se presentó en Buenos Aires para que la detengan acompañada de una de sus abogadas, Valeria Corbacho.
Ya en Mendoza y tras declarar en la Fiscalía, Kosaka quedó detenida en la cárcel de Agua de las Avispas (Cacheuta).
Tras varios pedidos de su defensor y ante el rechazo de la fiscalía y de la Justicia de Garantías, finalmente el 5 de setiembre la Primera Cámara del Crimen ordenó la prisión domiciliaria para la monja.
Esta medida se hizo efectiva el 4 de octubre, y los denunciantes evidenciaron públicamente su preocupación. Incluso, hasta vincularon la muerte de una joven que estudiaba en el Próvolo a la novedad.
Críticas
A raíz del caso Próvolo y su continuo desenlace, fue duramente cuestionado el rol de la Iglesia.
“La arista eclesiástica no es menor. Hay que hacer foco en el comportamiento institucional del Vaticano y del Arzobispado de Mendoza”, destacó el abogado Carlos Lombardi, asesor legal de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina.
Sostuvo que la Santa Sede estaba al tanto de los episodios en el Próvolo desde 2009, año en que las víctimas italianas los denunciaron. Y acusó al Vaticano de llegar en ese caso a una conclusión basada en un documento apócrifo.
"Cambiaron el año de egreso de un ex alumno (Gianni Bisoli, abusado sistemáticamente por Corradi cuando estuvo en Verona)", resumió el abogado.
El abogado Sergio Salinas (Xumek, otro de los querellantes en la causa penal) cuestionó la falta de colaboración de la Iglesia.
“Se van a cumplir 3 meses sin que se nos hayan remitido datos sobre la investigación eclesiástica”, resumió Salinas. El Ministerio Público Fiscal también está a la espera de esa información.
Desde que se conoció el caso, el vocero del Arzobispado, Marcelo De Benedectis desligó en reiteradas oportunidades a la Iglesia mendocina. Argumentó que se trataba de una orden extranjera y que no pasaba por su órbita.
