El uso de drones civiles para sobrevolar lugares sensibles o realizar ataques encendió esta semana las alarmas, luego de que el presidente venezolano Nicolás Maduro denunciara un "intento de asesinato" con estos aparatos, y que en Francia descubrieran otro sobrevolando la casa de verano del presidente Emmanuel Macron.
El domingo pasado, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció un intento de "atentado" con ayuda de drones, durante un desfile militar, en el que resultaron heridos 7 soldados, según las autoridades.
El "ataque" del sábado, reivindicado por el autodefinido Movimiento Nacional Soldados de Franelas, fue cometido con la ayuda de dos drones cargados con un kilo de C4, un potente explosivo militar, según Caracas.
Al día siguiente, en Francia, un dron fue localizado cerca del fuerte de Brégançon, al sureste del país, donde veranean el presidente Emmanuel Macron y su esposa. El aparato cayó al agua después de ser neutralizado con “interferencia de ondas”, sin causar heridos.
Historial reciente
Estos dos episodios se suman a la lista de incidentes en los que se usaron drones civiles de manera malintencionada, indica Todd Humprheys, profesor en la universidad de Texas y especialista en cuestiones de seguridad.
En 2013, un dron se posó cerca de la canciller alemana, Angela Merkel, durante un discurso; y en 2015, el perímetro de la Casa Blanca fue acordonado después de que se avistara un dron volando por los alrededores.
“Aquí hay una nueva tendencia. A partir de ahora, los jefes de Estado deberán ser muy prudentes durante sus discursos en el exterior o en mítines”, explica Humphreys.
Igualmente, el grupo yihadista Estado Islámico (EI) hizo uso de estos aparatos en Irak, principalmente durante la batalla para reconquistar Mosul. Los artificieros del movimiento islamista utilizaban los drones para grabar al ejército iraquí o lanzar explosivos sobre los soldados.
En enero, Rusia afirmó que diez "drones cargados de explosivos" habían atacado su base aérea en Hmeimim, en el noroeste de Siria, y otros tres su flota en Tartus (oeste), sin causar daños ni víctimas.
"Los drones se convirtieron en el arma del pobre", opina Todd Humphreys. "Y creo que van a ser el arma favorita de todos los que se sienten inferiores en otras áreas militares".
Las fuerzas de seguridad francesas aseguran que cuentan con "una estrategia de vigilancia, de investigación y de evaluación del material", indicó el coronel Jean-François Morel, encargado de misión de la Gendarmería, según quien 400.000 drones civiles se vendieron el año pasado.
Los vuelos de drones civiles están “muy regulados” (registro del dron, formación del piloto, zonas prohibidas), explica Anne-Marie Haute, delegada general de la Federación Profesional del Dron Civil.
Además, contar con francotiradores de élite también puede ser ineficaz. "Es muy difícil derribar un dron que vuela a 100 km/h ", asegura.
Más sorprendente: el Ejército del Aire francés instauró un programa de adiestramiento de águilas para interceptar drones. Esta experiencia se basa en un programa similar de la policía holandesa que, sin embargo, “despidió” a sus aves en diciembre, por desobedientes.
Doce países exigen una investigación a fondo
El Grupo de Lima, que incluye a la Argentina, condenó la represión a opositores y llamó a esclarecer el incidente del sábado pasado que, según el chavismo, fue un intento de magnicidio.
Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, miembros del Grupo de Lima, emitieron ayer una declaración en la que “hacen un exhorto urgente al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que se conduzca una investigación independiente, exhaustiva y transparente sobre el evento que tuvo lugar el 4 de agosto, durante los actos de celebración del 81 aniversario de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, con objeto de esclarecer los hechos de manera imparcial, con pleno respeto del estado de derecho y de los derechos humanos”.
El comunicado, difundido por la Cancillería argentina, señala “las recientes acciones de represión emprendidas contra diputados de la Asamblea Nacional -el Parlamento, controlado por la oposición”, y remarca que los países del grupo “repudian cualquier intento de manipulación que se haga del incidente ocurrido el 4 de agosto para perseguir y reprimir a la disidencia política”.
Los países miembros, además, condenan la “detención arbitraria, ilegal y sin investigación previa, del diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Carlos Requesens, así como la orden de captura emitida contra el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges”.