El preso tatuado en la cárcel Almafuerte sigue “en shock” tras la tortura de 7 horas

El abogado de Gustavo Marín pidió la prisión domiciliaria tras el ataque ocurrido en abril. Evalúan hacerle una cirugía para borrar tatuajes

El preso tatuado en la cárcel Almafuerte sigue “en shock” tras la tortura de 7 horas

El interno de 22 años que el 3 de abril pasado fue torturado durante 7 horas al ser confundido con un "angelito" de la líder narco Sandra "Yaqui" Vargas sigue "en shock" y ni siquiera logra reponerse aún de las heridas que sufrió. Su rostro fue cubierto con tatuajes "tumberos", quemado y cortado. Su abogado ya pidió la prisión domiciliaria.

Gustavo Ariel Marín permanece alojado en el sector de Sanidad del penal Almafuerte. Allí vive junto a otros reclusos luego de que fuera atacado a sólo un día de haber ingresado al complejo penitenciario ubicado en Cacheuta. Mientras tanto, recibe asistencia psicológica, según contó a Los Andes su abogado defensor, Ignacio Segura.

“Tiene la asistencia médica adecuada, recibe los medicamentos que necesitaba y cremas para la piel, que sufrió las quemaduras que le realizaron”, indicó Segura. Además, la semana pasada el letrado recibió el informe de los análisis de sangre que le practicaron a Marín. “Había una grave preocupación por el estado de su sangre por la poca higiene con la que le habían hecho los tatuajes y por la tinta utilizada. El informe indicó que estaba bien el flujo sanguíneo”, detalló Segura.

Marín estaba alojado en el penal San Felipe pero había pedido el traslado a la cárcel Almafuerte donde dijo tener conocidos que podrían hacer más llevadera su estadía.

Tras superar el proceso de admisión en el penal de Cacheuta, Marín ingresó el lunes 3 de abril al módulo 3 de ese complejo penitenciario. Durante la noche del martes, cuando los penitenciarios realizaban el recuento, hallaron al joven ensangrentado y con el rostro deformado a golpes.

Segura señaló que, tras sufrir el despiadado ataque, su defendido todavía  “está shockeado”. “De las secuelas físicas va a sanar, pero psicológicamente aún está mal. Primero se puso el foco en estabilizarlo físicamente porque estaba muy grave”, confió el abogado.

Luego se pondrán en marcha una serie de análisis para constatar si Marín puede ser sometido a una cirugía para borrar los tatuajes, cuál sería el costo de la intervención y si el Estado deberá hacerse cargo de los gastos.

Pedido de prisión domiciliaria

El letrado aseguró que elevó al juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, el pedido de prisión domiciliaria para su defendido "en base la violencia extrema que sufrió".

La resolución final dependerá del magistrado pero antes se evaluarán las condiciones de encierro que Marín tendría en casa de su madre. Para ello especialistas tendrán que realizar un test ambiental y pericias psicológicas a la mujer y a los hermanos del recluso para saber si están en condiciones de recibirlo en la vivienda que se transformaría en su celda.

Lo confundieron con un "angelito"

Ignacio Segura confirmó que su defendido fue confundido con un “angelito” de la banda de Jaquelina Vargas pero que él “no tiene nada que ver con ella”. La misma hipótesis manejaron desde un principio las autoridades penitenciarias.

Marín fue condenado a 5 años de prisión por robo agravado por el uso de arma de fuego y por robo simple. Tras un juicio abreviado, se unificaron las condenas y lleva más de dos años tras las rejas, por lo que aún debe cumplir dos años y medio de la pena.

Por el hecho hay dos internos imputados: Sergio López y Cristian Fuentes. El primero es familiar de una víctima atribuida a la banda de Vargas, por quien quisieron "ajusticiar" a Marín al confundirlo. El apellido del fallecido quedó grabado en el cuello del joven preso.

Tras el ataque, los penitenciarios que estaban a cargo de la seguridad del módulo 3 de Almafuerte quedaron en la mira de la Justicia ya que resulta llamativo que durante las 7 horas en que Marín fue salvajemente torturado ninguno hubiera oído o visto algo. En concreto, para el defensor del recluso hubo "falla en la omisión de cuidados y en el cumplimiento de los deberes de funcionario público".

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