Carlos Sacchetto - Corresponsalía Buenos Aires
Resulta paradójico, pero algunos de los valorables esfuerzos que hace el Gobierno para superar inconvenientes y encontrar nuevas maneras de aliviar el peso de la crisis, terminan chocando contra sus propias equivocaciones. Con ironía, podría decirse que a esta altura muchos errores cometidos tal vez obedezcan a un problema vocacional.
Otros dos claros ejemplos de este fenómeno quedaron expuestos la semana que pasó. La noble intención de que los precios de contado bajaran un 20% para artículos que son financiados a 12 ó 18 cuotas, mostró la ingenuidad oficial de creer que los comerciantes no iban a distorsionar la idea en su propio beneficio, y todo cayó en una gran confusión que perjudica a los consumidores. Esos precios no bajaron, y las cuotas se llenaron de intereses.
El otro caso en el que el Gobierno paga un costo político innecesario es el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino, la empresa que pertenecía a Franco Macri, el padre del Presidente, por una deuda originada en 2001. Fue cuando el Correo se presentó en concurso de acreedores y quedó debiendo más de 250 millones de pesos convertibles que se acumularon por la falta de pago del canon acordado en la privatización.
Las objeciones de una fiscal a ese acuerdo sometido a la justicia comercial trascendieron el ámbito de los Tribunales, y como es lógico por tratarse de un arreglo del Gobierno con una empresa del padre del jefe de Estado, ingresaron de manera estrepitosa a la arena política para beneficio de la oposición. ¿Era tan difícil imaginar que esto sucedería, aunque técnicamente la negociación estuviese a tono con la ley? ¿No era conveniente hacer conocer los detalles antes de cerrar el acuerdo?
La simplificación de los dos temas mencionados deja saldos negativos en el imaginario popular. En el primero, que el Gobierno no da pie con bola con los precios, y en el segundo, que su promesa de transparentar los procedimientos del Estado es relativa cuando se trata de la familia presidencial.
La jueza
La sorpresiva decisión de la vicepresidenta de la Corte Suprema Elena Highton de querer seguir en su cargo después del próximo 27 de diciembre cuando cumplirá 75 años, anticipó la discusión de un tema que no estaba en agenda.
La actitud de Highton es controvertida porque hasta agosto del año pasado ella opinaba que los jueces, como dice la Constitución, deben cesar en sus funciones al cumplir 75 años, es decir, todo lo contrario de lo que ahora manifiesta.
La jueza hizo una consulta al Gobierno en noviembre del año pasado acerca de si avalaría su continuidad. Cuando se lo transmitieron al Presidente, éste respondió que no tendría inconvenientes, que ella le caía simpática y que era la única proveniente de la carrera judicial. A la vez, Macri recomendó hablar con la oposición en el Senado, que es el cuerpo que debería prestar su acuerdo.
Cuando le preguntaron al jefe de la bancada PJ-FpV, Miguel Pichetto, éste respondió que “de ninguna manera” aprobarían ese pliego para que Highton siga en la Corte. “Nosotros queremos que se cumpla el acuerdo que hicimos el año pasado cuando fueron designados Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como miembros del Tribunal”, agregó Pichetto.
En ese acuerdo, con el que la oposición le dio una salida decorosa al error presidencial de nombrarlos por decreto, el Gobierno se comprometió a que las dos próximas vacantes serían ocupadas por candidatos propuestos por el peronismo.
Ya entonces, se mencionó que esos dos lugares serían los de Highton y el de la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, si conseguían su alejamiento. Como síntesis, la vía política parece clausurada para Highton, y más aún luego de invitar a su despacho al senador Pichetto y que éste se negara a concurrir. La vía judicial que ha iniciado tendrá por delante un largo camino, en el que deberá superar todas las instancias. Así, no parece posible que pueda seguir en la Corte.
La avalancha
Como se esperaba, la reanudación de la actividad judicial tras la feria de verano llegó plagada de resoluciones en las causas donde están involucrados Cristina Fernández e integrantes de su gobierno. En forma simultánea y en un clásico proceder de los servicios de Inteligencia, las escuchas telefónicas bajo custodia judicial también llegaron a los medios, dejando en evidencia no sólo conversaciones reservadas de ex funcionarios sino también prácticas reñidas con la ética en el ejercicio del poder.
La ex presidenta, el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli y el jefe de la bancada kirchnerista de Diputados Héctor Recalde denunciaron una maniobra política, judicial y mediática con fines electorales. Centraron el cuestionamiento en las filtraciones de las escuchas, cuando en realidad lo más importante sería saber si lo que revelan esos diálogos puede o no configurar un delito.
En la desesperación que les provoca la acumulación de pruebas, llegaron a afirmar que “la democracia argentina está en grave riesgo” y que “hay poderes que están obstaculizando la libertad, la intimidad y la seguridad de todos los ciudadanos argentinos”. Por esas razones, Cristina anunció que suspendía su viaje de vacaciones a Croacia e incrementó su andanada de mensajes ultra opositores en las redes sociales.
Ningún funcionario de alto rango del Gobierno salió a refutar tan grave denuncia. Ese silencio tiene un alto contenido político, porque encuadra en la estrategia de mantener vigentes los desvaríos de un sector político que cada vez más se parece a una secta.
