Todo se hizo evidente con las denuncias de las cámaras que agrupan a productores vitivinícolas del Valle de Uco a mediados de junio de incumplimiento de precios y condiciones pactadas por la materia prima por parte de las bodegas grandes.
A casi un mes, el hecho parece haber surtido efecto parcial en algunos de los denominados formadores de precios, pero otras siguen rezagadas con el sector primario, que según las propias entidades, aún ni siquiera pueden ingresar las facturas y por lo tanto no tienen certeza de lo que cobrarán ni cuándo.
Cabe recordar que a través de una solicitud escrita al Gobierno para que mediara en la situación, las Cámaras de Comercio y Agricultura de Tunuyán y Tupungato, junto a la Sociedad Rural del Valle de Uco, habían manifestado su preocupación por "falta de claridad" y "la demora en la liquidación de precios de grupos empresarios que concentran la mayor producción vitivinícola". Y denunciaron el intento de "reducir los precios rompiendo los valores pre-acordados con los elaboradores".
Pasada la primera semana de julio, algunos de los grandes compradores de uva en la región, como Catena y Peñaflor, parecen haber acusado recibo a medias al mejorar los valores de referencia pactados y hasta entonces incumplidos, lo cual había generado un efecto cascada en otras firmas medianas, de acuerdo a las denuncias expuestas.
Ahora, los productores respiran aliviados con una "mejora" del 20%: por caso, el kilo de malbec, que los compradores estancaron en torno a los $ 19, comenzó a liquidarse en $ 23, en 6 o 7 cuotas si se cuenta la "cuota IVA".
"Aunque lo acordado era pagar 30% más, la situación mejoró respecto a mayo. Pero algunos grupos no están cerrando precios para liquidar, sea deliberadamente o por una cuestión relativa a que no cierran los circuitos administrativos internos para el pago; lo cierto es que a muchos productores no los llaman para facturar", describe Diego Stortini, del área vitivinícola de la Cámara de Comercio e Industria de Tunuyán.
Según Gabriela Lizana, de Aproem (Asociación de Productores del Este Mendocino), "en el Este ya es habitual. Las bodegas medianas se esfuerzan en cumplir, pero las grandes hacen lo que quieren en cuanto a precio y condiciones, trasladan el costo financiero. Ningún producto perecedero se puede pagar en tanto tiempo. Es el abuso de posición dominante que venimos denunciando”.
Desde el gremialismo empresario lo circunscriben al ámbito privado, con observaciones. "Se trata de transacciones comerciales de partes en las que no nos involucramos. Pero la caída del 9% en ventas este año muestra que el consumidor no acepta los precios de los productos, sea por la situación económica o por la merma en la cosecha que apuntaló los valores al productor", esgrimió Juan Carlos Pina, de Bodegas de Argentina.
Verdades a medias
Nadie lo dice abiertamente, pero se apunta a un par de grupos económicos como los que más "bicicletean" compromisos. El panorama es dispar: mientras que el plazo previsto para registrar transacciones ante la Bolsa de Comercio venció en junio y varias firmas estarían en falta, los más favorecidos tienen fecha desde el 15 de julio y saben que terminarán de cobrar en febrero de 2018.
Para Stortini, "algunas bodegas recurren a los bancos, a un costo financiero determinado que absorben en parte, y otras son más prolijas.
Pero a diferencia de 2016 hay al menos 15 días de demora, con lo cual muchos debieron financiar labores culturales".
Las compañías dan sus propios argumentos. "Se está cumpliendo según las bases que fija el mercado. Que no se respeten los precios pactados no ha sido nuestro caso; de hecho estamos apurados en pagar, pero muchos de los proveedores aún no presentan factura", retrucó José Luis Güerci, de grupo Peñaflor, donde aseguran haber fijado hasta $ 24 por el mejor malbec, de julio a diciembre.
"La realidad indica que la expectativa de los productores ha sido más alta de lo que la industria ha podido pagar. Según la variedad, de un año al otro ha habido hasta 50% de suba. Pero a la góndola no se puede seguir cargando cuando se cae el consumo", señalaron desde Nieto Senetiner.
Como contrapartida, la firma del grupo Molinos se aferra a los adelantos de cosecha realizados y, en sintonía con otras, asumen que fijar valores por oasis pasará a la historia, tarde o temprano."Aunque hay uva que lo vale, tampoco puede generalizarse los $ 25. El nivel de vino a elaborar determina precio y el repago inmediato, algo que se irá profundizando año tras año en función de los costos".
Por su parte, Gustavo Bauzá, gerente de Producción de Salentein habla de "timing" en un 2017 complejo. "Muchos cosecharon antes y otros se sacaban la uva de las manos. Cumplimos con lo que marca el ciclo y a plazos variables; con tantos productores a veces no se puede atenderlos en tiempo y forma y pueden pasar un par de semanas. Lo cierto es que una vez asegurada la calidad somos estrictos con las necesidades", analizó.
Desde el sector primario incluso señalan abusos respecto de la calidad. Por ejemplo, un productor tupungatino contaba cómo por su chardonnay su establecimiento comprador quiso abonarle el precio de blanco de blancas, pese a la notable brecha entre ambos tipo de uva.
Contrato que obligue
En el fragor de las denuncias, las cámaras plantearon la necesidad de la convocatoria a la Mesa Vitivinícola para que, con arbitraje oficial, las partes puedan consensuar condiciones estables más allá de lo que depare la vendimia y evitar vaivenes. Ahora insisten con ir a esa instancia.
"A muchos productores los apuraron y cerraron como pudieron, y eso no puede repetirse. Queremos darle un contexto de normalidad al ciclo 2018. Un contrato consensuado a 3 años, para que la relación comercial sea más previsible", consignó Sebastián Lafalla, de la Cámara de Agricultura, Comercio e Industria de Tupungato.
Hay señales que sustentan la pretensión. Desde 1996, la Bolsa de Comercio registra los contratos, a partir de una resolución que la habilita a cobrar una tasa a cambio, dentro de los 10 días hábiles posteriores al fin de cosecha comunicado por el INV. El plazo venció a fines de junio y técnicamente habría ya varios establecimientos en infracción.
Frente a eso, el Gobierno admite el problema y la necesidad de cambios. A criterio de Alfredo Aciar, jefe de gabinete de Economía y referente en temas vitivinícolas, "contratos no firmados en tiempo y forma es una cuestión entre privados. En cuanto a la compraventa de uva no se recuerda una situación inédita como la actual; por eso está la voluntad de lograr un marco legal que la morigere desde 2018".
Con todo, desde la industria no parecen tan dispuestos a someterse.
"Hay gente con relaciones de largo plazo que no tiene problemas y otros que sí. En cualquier caso, tiene que haber correlación entre la uva y el destino en vino; pero ya que estamos en un mundo ideal, también podríamos proyectar el precio del vino y lo que va a consumir la gente a tres años", ironizó Pina.
En coincidencia, Roberto González, de Nieto, acotó: "con esta inflación y el bajo nivel de especialización de muchos productores, todavía hay que recorrer un trecho largo para lograrlo. Falta un criterio de valuación de la materia prima para zanjar diferencias y fijar una matriz de cálculo".
Con un dólar que no termina de compensar desfasajes y una presión impositiva que preocupa, para las bodegas todo suma. De hecho, lgunas ya consideran que hasta el último ajuste del 36,5% de aportes de Coviar para mejorar su financiamiento como un extracosto.
Según Bauzá, "en materia de costos, todo pega mal este año, hasta la suba de alícuotas. El problema es que cualquier aumento interno va acorde a la inflación local, pero afuera no se sigue ese parámetro y los clientes no entienden de actualizaciones de precio, directamente le compran a otros".
Para Lafalla, en cambio, "el porcentaje parece mucho, pero es una excusa absurda pensar que los $ 0,02 por litro de vino puede mover la aguja".
Código de Buenas Prácticas Comerciales Vitivinícolas
Independientemente de lo que resuelva el Gobierno mendocino al respecto, desde Aproem ya empezaron a "militar" a nivel nacional un proyecto que, de lograr el respaldo necesario, podría llegar pronto al Congreso. Se trata de lograr una ley que obligue a la industria a aplicar un código o manual de Buenas Prácticas Comerciales Vitivinícolas, al punto de condicionar la salida del vino al mercado.
"Consiste en hacer respetar una serie de pautas mínimas de buena fe contractual en transacciones de perecederos como la uva. Se trabajó en base a legislación comparada con lo que se hace en Australia y la Unión Europea, donde para ese tipo de productos se fija un plazo de pago mucho más corto. Incluso proponemos, en el caso de la uva, supeditar la liberación del vino nuevo a la cancelación del precio o al pago del 70% como mínimo, y que su cumplimiento se evidencie en la etiqueta para que el consumidor sepa”, explicó Lizana, quien descree de un resultado en la Mesa Vitivinícola porque "sería preguntarle al lobo cómo cuidar a las ovejas".
Desde el Este lograron, a través de Came, ponerlo en manos de Miriam Juárez, titular de la Comisión de Economías Regionales de Diputados de la Nación.
"Lo hemos compartido con otras entidades como la Cámara de Tupungato y del Sur, porque se necesita el consenso necesario y enriquecer su contenido. Sino lo logramos, esta situación vino para quedarse, pero es posible llegar con un instrumento serio para la campaña 2018".
La iniciativa incluso parece tener un OK oficial de la provincia. A juicio de Aciar, "aunque no tenemos el proyecto tal cómo se gestó, nos compartieron el diagnóstico. En la cadena de distribución pasan cosas que también se necesitan controlar, de modo que si prospera haremos lo posible para lograr el apoyo de la Secretaría de Comercio para su tratamiento".
