El presente escenario impuesto por el Covid-19 obliga a tomar decisiones que perdurarán en la memoria colectiva de toda la población mundial. Las noticias en el plano sanitario son devastadoras, el número de infectados y muertes dominan los titulares de los medios periodísticos. La economía se incorpora a la discusión a partir del formato de aislamiento social que conlleva la paralización de una importante porción de trabajadores a nivel mundial.
El Presidente Fernández y el Gobernador Suarez deben dar respuesta al actual contexto, que los obliga a buscar solución a un evento de sanidad publica, con una herencia socio-económica de alta densidad negativa.
El porqué de ayer
Los funcionarios nacionales y provinciales, en 2016 para justificar medidas en la economía doméstica exponían un “supuesto” desmanejo de las cuentas públicas, como el uso desmedido del déficit fiscal, los subsidios al consumo de servicios básicos, una abrumadora red impositiva que frenaba la iniciativa privada y un paulatino aislamiento internacional originado en el acercamiento casi obsceno de Argentina con los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador en Latinoamérica y una cada vez más amistosa relación con la República Popular China y la República Federativa Democrática de Rusia.
A nivel nacional, desde el Ministerio de Economía se consolidó la idea de ajustar el gasto público para equilibrar las cuentas; dicho proceso llevaría su tiempo por lo tanto como rueda de auxilio para financiar el “rojo” se recurrió al endeudamiento, descartando de plano la emisión. El principal problema fue que una buena parte de ese endeudamiento fue en moneda extranjera (dólares estadounidenses básicamente).
El gobierno provincial mendocino como un número importante de Estados subnacionales recurrió a la toma de deuda en dólares; posiblemente la promesa de Macri y su equipo, de una lluvia de inversiones fue la base para alejar cualquier duda de una anemia futura de la divisa norteamericana, que empujara al alza la cotización.
Las empresas proveedoras de energía y combustibles fueron autorizadas a incrementar el precio de sus productos y servicios, la dolarización de las tarifas impactó sobremanera en la economía familiar porque el precio del dólar y la inflación, avanzaban a una velocidad sensiblemente superior a los salarios. Los planes de pago y el cambio de modalidad en la facturación solo generaron un drenaje más regular en el año, pero el volumen fue notoriamente mayor.
La suba de tarifas en energía eléctrica y gas, derivó en el automático aumento de los costos de producción del sistema de industrialización mendocino. Secaderos de fruta cerraron sus instalaciones, porque los incrementos destruían la escasa rentabilidad obtenida. El gas oil, un insumo importante en la actividad agrícola local (siembra, cosecha y traslado), aceleró la toma de decisión de abandonar la actividad agrícola de una vasta proporción de pequeños productores.
Bajo el paraguas de la búsqueda de mayor inversión privada, desde el gobierno nacional se presentó un esquema de reducción de retenciones al agro y se eliminó el Fondo Federal Solidario (Fondo Soja), con la anuencia de gobernadores con afinidad ideológica en tema económico independientemente del plano político.
Así como las provincias renunciaron al ingreso de fondos provenientes del agro, también instrumentaron reducción a sus esquemas de tributación propia, como es el caso de una baja programada de los ingresos brutos conforme una escala proyectada, y así acceder a un mecanismo eficiente de negociación y compensación de deudas y créditos recíprocos, entre el Estado Nacional y las jurisdicciones que aprobaron el Convenio.
El ex-gobernador Cornejo que conceptualiza a la administración pública de forma similar al ex–presidente Macri, adhirió de forma plena a las iniciativas de carácter económico de “Cambiemos”, adjudicando a los gobiernos peronistas que lo precedieron la responsabilidad plena del estado de situación de la economía nacional y provincial.
El porqué de mañana
Un intento de proyectar los acontecimientos futuros requiere conocer los sucesos recientes; un primer repaso de la realidad económica de fines del 2019, evidencia una estructura económica-productiva sin base sólida.
El modelo económico implementado por la administración Macri apresuró algunos descalces macroeconómicos y solidificó un proceso de desindustrialización.
El endeudamiento nacional y provincial creció exponencialmente, con el agravante que un alto porcentaje de la misma es en moneda extranjera y bajo jurisdicción legal del exterior. Los registros de desempleo formal e informal son consecuencia del incremento de costos (tarifas de servicios básicos a valor dólar), caída de ventas por pérdida de compra de los salarios y ausencia progresiva del financiamiento bancario (colocar fondos en el BCRA vía Leliq otorga más certezas que una pyme en un contexto de alta incertidumbre económica).
La pandemia originada por el Covid-19 impone reanudar la discusión del rol del Estado y de las grandes empresas; los eventos presentes auguran la búsqueda de una redistribución del ingreso bajo un sistema diferente al presente.
El impacto económico post-Coronavirus tendrá una vigencia mayor a la solución sanitaria, el desempleo desbordará el cálculo más pesimista, la brecha entre los más ricos y los más pobres se profundizará, empresas relacionadas con el traslado y concentración de grandes cantidades de personas deberán mutar sus prestaciones o corren riesgo cierto de desaparecer.
Las previsiones de organismos internacionales y la banca multilateral son de caída del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel nacional, regional e internacional, es decir el problema no será de unos pocos sino de todos. El Banco Mundial estima una retracción del PIB de Argentina mayor al 5,2% en el presente año. Este valor ubica a la economía argentina como una de las de peor performance del continente americano.
El gobierno nacional ha optado por proteger en su máxima posibilidad la salud de la ciudadanía, no obstante, el tema económico es preocupación constante; la actual emisión de pesos para contrarrestar los efectos del aislamiento social, preventivo y obligatorio (cuarentena), en el futuro deberá ser absorbida para evitar el riesgo cierto de inflación por excedentes de pesos en el mercado. Inflación y desempleo es el peor escenario en un futuro cercano.
Una importante porción del sistema productivo nacional y provincial registró en los últimos cuatro años un declive constante, que se profundiza en el actual escenario, y es lógico que el empresariado perciba que las opciones de recuperación se alejan ante un potencial cambio en la modalidad de consumo y el número de clientes y proveedores que logren sobrevivir a la crisis sea decreciente, por lo tanto, la ayuda financiera a proporcionar desde el Estado solo alcanzaría eficiencia si los empresarios asumen que el rescate de la economía es integral.
Los datos macroeconómicos de Mendoza son una demostración plena que la economía provincial sufre las restricciones y es castigada por las mismas causas que la nacional; es falso que esté fuera del radar del declive económico nacional.
Los eventos sanitarios y económicos mundiales transitan un corredor de impredecibles consecuencias y los gobiernos de los países desarrollados ponen sobre la mesa propuestas como la de nacionalizar las empresas estratégicas y/o de servicios básicos en riesgo de ser compradas por grupos internacionales, ingreso universal y aplicar un impuesto a las grandes fortunas.
Es claro que el mundo conocido hasta diciembre 2019 no se repetirá desde el 2020 en adelante, porque como lo dijo George Bernard Shaw, “las epidemias han tenido más influencia que los gobiernos en el devenir de nuestra historia”
