Como es sabido, nuestra humanidad atraviesa un periodo histórico único, que ha modificado por completo la organización de las tareas tal y cual las concebíamos antes de la pandemia. Esta emergencia sanitaria ha dejado a la luz un cúmulo de situaciones, de las cuales algunas eran imposibles de prever u organizar, pero por el contrario, en muchas, como en la organización de la justicia, solo ha quedado en evidencia el déficit y la ausencia de políticas de modernización y adaptación a las nuevas tecnologías.
Esta falta de previsión y desidia en uno de los poderes del Estado, hoy repercute directamente en el acceso a la Justicia -pilar básico en un Estado de Derecho- y esto no solo afecta al ciudadano -privado de este Derecho Humano fundamental-, también afecta al cuerpo de abogados que hoy no puede litigar.
Por ello, la lesión es doble, como se dijo -no solo se ve involucrado el acceso a la justicia- sino también, el Derecho al Trabajo. Ahora la pregunta que como sociedad debemos formularnos es, ¿era necesario que a nivel mundial nos afrontemos a una pandemia para descubrir que nuestra organización de la justicia es anacrónica? Esta organización, ¿No pudo ser revertida por quienes condujeron la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en los últimos 20 años? El artículo 144 de nuestra Constitución provincial establece en poder de la Suprema Corte de Justicia “la superintendencia sobre toda la administración de Justicia”.
En similar sentido, la Ley 4969 en su artículo 5, dispone que esta facultad será competencia de la sala Tercera, sala que encabeza el Presidente de la Suprema Corte. (art. 2 de esta misma ley).
Observando el historial de nuestro máximo órgano de justicia, advertimos que la situación que viven nuestros colegas no es casual, es el resultado de años de consolidación de un poder en manos de pocos y con falta de visión estratégica que le imprima a la justicia mendocina el carácter de moderna y accesible.
Lamentablemente tuvimos que afrontar el COVID-19 para que la cúpula del poder judicial tome nota y empiece a ensayar algunos cambios en su clásica organización. Esta emergencia sanitaria demostró que es necesario agilizar todo el sistema y prepararnos para un nuevo paradigma, tanto en la forma del litigio como en el rol de nuestros profesionales. Llevamos más de un mes con la justicia paralizada, en razón del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, con la seguridad de que dicho aislamiento se extenderá a más.
Las crisis existieron y seguirán existiendo, pero el deber de quienes conducen los poderes del Estado es prever las diversas situaciones y transitar las dificultades de la manera menos lesiva.
Acompañando el reclamo de la gran mayoría de colegas de la provincia, exhortamos al Poder Judicial a demostrar reacciones rápidas y paradigmas de cambio y transformación que permitan abandonar el plano de las ideas y pasar a acciones concretas.
Hace aproximadamente 10 años hablamos de la implementación del expediente electrónico y esto a la fecha no se ha materializado. Por otra parte, instamos a la Corte a que presente un plan de trabajo a desarrollarse durante la pandemia que permita ejercer la profesión de la manera más segura. Asimismo, solicitamos la publicación de las resoluciones, la implementación de audiencias virtuales y la digitalización total de los expedientes habilitados.
Esto junto a otras políticas y acciones dará solución a esta problemática que tanto agobia a la sociedad en general y a colegas en particular.
Nuestro Poder Judicial merece nuevas conducciones, acorde a los tiempos que corren, con visiones estratégicas y modernas que permitan de una vez por todas, dar un salto de calidad y brindar al pueblo de Mendoza una justicia moderna, institucional, que no se paralice y que sepa llegar a cada rincón de nuestra provincia.
Por otra parte, es también reprochable la actitud adoptada por las autoridades de la Caja Forense, organismo previsional de nuestra profesión, la cual lejos de solidarizarse con sus aportantes, han adoptado un rol netamente recaudador, desplazando la empatía requerida en estas situaciones, por actitudes de mezquindad y falta de colaboración en tiempos de crisis.
Otras instituciones afines a nuestra profesión, como el Colegio de Abogados y Procuradores adoptaron una postura diferente aun sin tener un rol mutual o previsional.
En consecuencia, solicitamos a sus autoridades suspendan, sin la aplicación de intereses, el cobro de las cuotas -art. 34 de la ley 5059- correspondientes a los meses que perdure la emergencia y posteriormente, otorgue planes de pago que faciliten el abono de estos importes; a su vez solicitamos diagrame políticas y programas de ayuda y lance un plan de créditos a tasa cero.
