Sociedad
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hace 5 horas
El Consejo de la Magistratura declaró hoy en situación de "emergencia edilicia y tecnológica" a las dependencias del Poder Judicial de Nación cuya ejecución de recursos se encuentre a su cargo.
Esta medida permitirá al Consejo reasignar recursos para mejorar las condiciones en las que trabajan las cámaras de los distintos fueros y los tribunales de primera instancia, que están bajo su dependencia administrativa.
La declaración –que tendrá una vigencia de 365 días- tiene como objetivo atender las deficiencias de las instalaciones existentes y llevar a cabo la programación de las obras de construcción, refacción, remodelación o ampliación de los inmuebles.
Además, el Consejo va a efectuar acciones que permitan el mejor funcionamiento de los sistemas y equipos informáticos, como así también la modernización tecnológica del servicio de justicia en lo que respecta exclusivamente a las competencias atribuidas al Consejo.
El Consejo de la Magistratura es el órgano encargado de seleccionar jueces y de imponerles sanciones, que en el caso de causas graves implica la suspensión de los magistrados y el inicio de un juicio político que puede llevar a su remoción.
Además, tiene entre sus atribuciones administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne al Poder Judicial, dictar los reglamentos sobre la organización judicial y todo aquello que sea necesario para asegurar la independencia de los jueces.
El organismo dispuso además que su Oficina de Administración y Financiera podrá incorporar en los pliegos de bases y condiciones particulares una cláusula de renegociación de los contratos. Eso es por si se desarrollan circunstancias externas y sobrevivientes que afecten de modo decisivo el equilibrio contractual.
La decisión fue oficializada este lunes a través de la Resolución 217/2019, que lleva la firma de todos los integrantes del Consejo: Ricardo Recondo, Juan Pablo Mas Velez, Juan Pais, Juan Manuel Culotta, Marina Sánchez Herrero, Graciela Camaño, Alberto Agustín Lugones y Diego Molea.
El Poder Judicial de la Nación tiene para 2019 un presupuesto asignado de 15.206 millones de pesos. De ese total, el 93% (unos 14.142 millones de pesos) están destinados para “gastos de personal. Para “maquinaria y equipo” los recursos son de 356 millones de pesos.
¿Quién administra?
Unos 13.739 millones son controlados por la dirección general de administración. Al menos 670 millones están destinados al servicio de Apoyo Tecnológico y Estadístico Dirección General de Administración; y 93.618.950 van al servicio de infraestructura judicial.
La gestión del Consejo de la Magistratura tiene un presupuesto de 605.107.960 pesos; para el jurado de enjuiciamiento hay 29.380.009 pesos; y la administración de recursos humanos cuenta con 68.776.414 pesos.
