El titular de la Organización Estados Americanos, el uruguayo Luis Almagro, decidió convocar a una sesión urgente del Consejo
Permanente de la entidad para discutir la alteración constitucional en Venezuela, invocando la Carta Democrática Interamericana; un paso con pocos precedentes. Almagro se convierte así en el primer secretario general de la OEA en activar ese tipo de situación, basándose en lo que establece el art. 20 de la norma legal que autoriza al secretario general o a cualquier otro Estado miembro a pedir la convocatoria inmediata del Consejo “cuando en un país de la organización se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”.
El diplomático fundamenta su posición en las denuncias formuladas por la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, y por sus propias conclusiones, asegurando que la crisis institucional de ese país “demanda cambios inmediatos en las acciones del Poder Ejecutivo (...) a riesgo de caer en forma inmediata en una situación de ilegitimidad”.
Hace referencia a las violaciones de la Constitución, a las violaciones de derechos humanos, al procedimiento para el referendo revocatorio y su falta de respuesta respecto de la grave crisis humanitaria que se vive. Destaca que es responsabilidad de los países de la región asumir el compromiso de hacer aplicar lo determinado por la Carta Democrática de una manera progresiva y gradual, que no descarte ninguna hipótesis de resolución. Se abre, a partir de este mes, un proceso de reuniones y votaciones que pueden tener como consecuencia resoluciones o acciones diplomáticas, hasta la eventual suspensión de Venezuela como miembro del organismo.
La resolución del organismo significa en los hechos un fuerte elemento de presión sobre las actitudes asumidas por el presidente venezolano de desconocer las resoluciones del Congreso y de la convocatoria a un referendo constitucional para considerar la posibilidad de que el pueblo se exprese sobre la continuidad del presidente en ejercicio y el llamado inmediato a elecciones presidenciales. Debe destacarse que ese referendo fue incluido en su momento por el ex presidente Hugo Chávez quien, al “fundar” la República Bolivariana de Venezuela, impulsó una nueva Constitución.
En el artículo 72 se establece que “todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor al 20 por ciento de los electores inscriptos podrá solicitar la convocatoria a un referéndum para revocar su mandato”. El propio ex presidente Chávez resultó beneficiado por este tipo de implementación, ya que en 2004 se realizó un referéndum revocatorio, convocado por la oposición venezolana, con el resultado que decidió no destituir a Chávez, que obtuvo en ese momento un 59,1 por ciento de los votos.
La situación social y política de la Venezuela actual difiere sustancialmente de aquélla que se vivía en 2004. Ahora hay desocupación, desabastecimiento y un profundo malhumor social, mientras políticamente Maduro perdió las elecciones y también la base de sustentación internacional que tenía mientras Cristina Fernández gobernaba la Argentina y Lula, luego Dilma Rousseff, al Brasil. Hasta Cuba, tradicional aliado, ahora ha tomado distancias.
En ese esquema, la Organización de Estados Americanos debe insistir con la implementación de la Carta Democrática y exigir que se convoque efectivamente al referendo, a los efectos de que sea el pueblo venezolano el que, democráticamente, decida sobre su futuro.
