Rechazo in límine. Esta fue la fórmula legislativa escogida por el kirchnerismo para archivar los siete pedidos de juicio político que pesaban sobre el vicepresidente Amado Boudou y dar por terminada la polémica parlamentaria que se abrió hace dos años cuando el número dos del Gobierno apareció vinculado por primera vez en el expediente judicial del caso Ciccone. Es la misma terminología que utilizaba el Congreso en los '90 para rechazar los pedidos de juicio político que recaían sobre ministros menemistas y los integrantes de la Corte Suprema “adicta”.
Sólo seis días después de que el juez Ariel Lijo procesara a Boudou por cohecho pasivo y por negociaciones incompatibles con la función pública, el oficialismo impuso ayer su mayoría en la Comisión de Juicio Político para proteger al Vicepresidente.
Aunque la comisión fue convocada el miércoles para abordar los expedientes presentados por la oposición (el PRO, la UCR, el Frente Renovador, el GEN, Unidad Popular, Coalición Cívica-Proyecto Sur y por la ex legisladora Graciela Ocaña) y en el arco no K esperaban un largo debate, por instrucciones de la Casa Rosada el oficialismo ni siquiera esperó a escuchar las exposiciones de los autores de los distintos pedidos de juicio político contra Boudou y decidió precipitar la votación.
Para ello, la titular de la comisión, Adela Segarra, quien no estaba bien informada sobre el tema (ver aparte) leyó el informe en el cual ella misma aconsejó el archivo de todos los expedientes. Como el oficialismo tiene más de la mitad de los 31 integrantes del cuerpo, la votación resultó 17 a 14.
Sorprendida, la oposición firmó cinco dictámenes en minoría, no sólo solicitando el inicio del proceso de juicio político contra Boudou sino que se lo aparte del cargo para que no interfiera en las distintas causas judiciales en las que está involucrado, pero el kirchnerismo advirtió que estos despachos no tenían validez porque los expedientes perdían estado parlamentario al haber sido rechazados.
El informe kirchnerista que leyó Segarra adujo que la apertura del proceso de juicio político solicitado por la oposición “resulta a todas luces violatorio del principio de división de poderes” puesto que se entromete “en una decisión pendiente de otro poder (la Justicia)” y tendría como única finalidad “instalar una presión en el magistrado lesionando su independencia e imparcialidad”.
Para el Frente para la Victoria, Boudou sólo podría ser sometido al proceso de remoción si la última instancia de la Justicia Penal (la Cámara de Casación) dicta una sentencia firme en su contra. Si esto no sucede, entonces debe seguir en el cargo.
Golpes bajos
La oposición puso, obviamente, el grito en el cielo puesto que el artículo 53 de la Constitución Nacional prevé el instituto del juicio político para que la Cámara Baja acuse al presidente, al vice, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema no sólo ante la posibilidad de que hayan cometido un delito sino también por el mal desempeño en sus funciones. "El mal desempeño no necesita de una condena firme", sostuvo el massista Adrián Pérez. "El juicio político es autónomo de la Justicia", reforzó Elisa Carrió, quien además advirtió a los legisladores K que los denunciará por encubrimiento. "Esto es un bumerang para ustedes", les dijo y pidió la votación nominal.
El desorden y las chicanas reinaron en la reunión, que se celebró en una de las salas más pequeñas del Anexo de la Cámara de Diputados, lo que mal predispuso de entrada a los legisladores opositores que denunciaron “condiciones infrahumanas” y un intento del Gobierno de “encerrar” el tema. Gritos y amenazas del estilo “loca” o “devolvé lo que te robaste” pusieron los ánimos al borde del estallido.
“Ustedes creen que el Vicepresidente es culpable, sino dejarían que venga a defenderse, aportarían testigos para decir que las cosas son diferentes”, acusó el radical Julio Martínez a sus pares del oficialismo. “Digan que Boudou actuó correctamente”, desafío Patricia Bullrich (PRO) a los legisladores K. “No se animan, sólo dicen que hay que esperar la sentencia firme”, agregó.
Margarita Stolbizer, del GEN, fue la más didáctica. “Se debe preservar la necesidad de un buen gobierno apartando a aquel que por una serie de ‘casualidades’ administrativas ha demostrado falta de idoneidad”, sostuvo tras recordar la retahíla de infelices coincidencias -admitidas por Boudou- que lo ligaron a la causa Ciccone y que usó Lijo para procesarlo. Desde la izquierda, Claudio Lozano le mojó la oreja al Gobierno: “Nos dicen que queremos interferir en el accionar de la Justicia pero eso no es razonable si ustedes no le piden al Vicepresidente que se aparte del cargo porque siendo el número dos tiene poder para presionar”.
Sobre el final, cuando las cartas ya estaban echadas, abundaron los chisporrotazos. Victoria Donda les dijo a los oficialistas que “se van a arrepentir de retrotraer al país a la década menemista” y el jefe de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, acusó a toda la oposición de “tener la responsabilidad de intentar cargarse el sistema político argentino a pedido de Héctor Magneto (dueño de diario Clarín)”.
Cómo se repartieron los votos
La Comisión de Juicio Político está integrada por 31 miembros, de los cuales 17 responden a las filas del oficialismo y 14 son opositores. La presidenta es la marplatense Adela Segarra, del Frente para la Victoria, quien ayer propuso que se archiven todos los pedidos de juicio político que pesaban sobre Amado Boudou.
A la hora de la votación nominal -solicitada por Elisa Carrió- Segarra y los otros 16 kirchneristas lo hicieron de forma "afirmativa” ya que lo que se puso en consideración fue el rechazo de los pedidos opositores. Los legisladores que favorecieron ayer al Vice son: Adela Segarra, Nora Bedano, Jorge Cejas, Julia Perié, María del Carmen Bianchi, Juan Cabandié, Remo Carlotto, Marcos Cleri, Diana Conti, Eduardo De Pedro, Anabel Fernández Sagasti, María Teresa García, Dulce Granados, Carlos Kunkel, Andrés Larroque, Carlos “Cuto” Moreno y José Villa.
Quienes votaron en contra del archivo de los expedientes y a favor de la consustanciación del juicio político son: Laura Alonso (PRO), María Azucena Ehcosor (Frente Renovador), Elisa Carrió (Coalición Cívica), Juan Casañas (UCR), Laura Esper (Frente Renovador), Manuel Garrido (UCR), Claudio Lozano (Unidad Popular), Julio Martínez (UCR), Oscar Martínez (Frente Renovador), Diego Mestre (UCR), Margarita Stolbizer (GEN), Pablo Tonelli (PRO), Gustavo Valdés (UCR) y Graciela Villata (juecista).
