El PJ no K exige limitar la toma de nueva deuda

Todos los bloques deben firmar hoy los dictámenes que se tratarán el jueves en una sesión especial. El massismo y el peronismo “de los gobernadores” piden precisar el monto por el que se emitirá más endeudamiento para pagar.

El PJ no K exige limitar la toma de nueva deuda

El peronismo dialoguista negocia en forma conjunta con el oficialismo cambios “sustanciales” a la ley de pago a los holdouts, básicamente para introducir un límite al endeudamiento. La misión del massismo y del Bloque Justicialista escindido del Frente para la Victoria (FpV) es evitar que la Argentina inicie un nuevo ciclo de sobreendeudamiento tras cerrar los pleitos que se originaron con el default de hace 14 años.

Estos dos bloques están de acuerdo con la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, exigencia que puso la Justicia norteamericana para levantar las medidas cautelares que impiden al país pagar a los tenedores de la deuda reestructurada.

Ayer, los diputados y también economistas Marco Lavagna (Frente Renovador) y Diego Bossio (Justicialista), admitieron conversaciones en común entre sus bancadas. Ambos sectores cuestionan el artículo 6º de la ley enviada por el Ejecutivo ya que el mismo solicita el aval del Congreso para emitir nueva deuda, a fin de hacerse de dólares para cancelar los conflictos con los holdouts, pero no precisa el monto total.

Además, estos sectores del peronismo más dialoguista piden a Cambiemos otras modificaciones. Una de ellas es porque el artículo 4º, el que fija las dos ofertas hechas para los acreedores, establece ventajas a favor de los fondos más duros, como MNL, líder de los buitres, o de los bonistas italianos referenciados en Nicola Stock.

“Tememos que los propios holdouts que no han sido alcanzados por estos acuerdos diferenciales reclamen judicialmente igual trato", explicó Bossio. En tanto, Lavagna cuestiona que el articulado propuesto por el ministro Alfonso Prat Gay habilita al Ejecutivo a ampliar el Presupuesto 2016 para terminar de zanjar los pleitos pero estos podrían multiplicarse.

Por otro lado, el PJ no K solicita un "blindaje" a los reclamos de los acreedores que entraron a los canjes, es decir el 93% que tenía deuda en default. 
Ayer, altas fuentes de Cambiemos sostuvieron que hoy, antes de que los diferentes bloques deban firmar sus dictámenes en el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Hacienda, habrá reuniones con el massismo y el Bloque Justicialista. "Estamos dispuestos a consensuar un solo dictamen pero siempre que no cambie las cuestiones de fondo", aclararon.

En este sentido, Cambiemos mostró permeabilidad a fijar un límite al endeudamiento que Prat Gay precisó el viernes en 11.864 millones de dólares. “Podría ser más alto”, explicó un pez gordo del macrismo para dar posibilidad al Gobierno de mejorar las reservas y atender el déficit fiscal. Desde el PJ no K ya se advirtió que en el Presupuesto 2016 hay autorización por más de 30.000 millones de dólares y que en enero el BCRA emitió bonos por 5.000 millones de dólares.

En el oficialismo creen que la ley saldrá por el apoyo del peronismo dialoguista. Sin embargo, existe el riesgo de que el peronismo no K una sus fuerzas con el FpV para modificar artículos importantes. “Pagarán el costo político de votar con La Cámpora”, dijo un macrista al ser consultado.

En el FpV hay ebullición porque algunos gobernadores están en desacuerdo con que los diputados del kirchnerismo no den quórum. Ayer se expresó en este sentido el entrerriano Gustavo Bordet. Por eso hay chances de que al menos 15 legisladores del FpV terminen votando en sintonía con el PJ no K.

El jueves, al mismo tiempo que la Cámara baja debata en el plenario la ley, los gobernadores del PJ serán recibidos en la Casa Rosada por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Si la reunión es “buena” para opositores y oficialistas, el número de votos positivos superaría los 150 votos, sobre 257 que tiene Diputados.

Los mandatarios esperan que la Nación empiece a devolver este año el 15% de la coparticipación y culmine en 2018, en lugar de tomarse los cinco años que dispuso el presidente Mauricio Macri en un decreto de hace 14 días.

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