Los últimos ochos años mostraron una intensa actividad en el nombramiento de magistrados provinciales. En la gestión de Celso Jaque (2007-2011) fueron designados 65 jueces y 49 fiscales o defensores oficiales que dependen de la Procuración, es decir 114 en total; en la de Francisco Pérez (2011-2015) van ingresados 74 jueces y 33 fiscales o defensores; en total 107.
Entre éstos, hay 12 que fueron votados el 13 de octubre pasado y en carpeta hay ocho nombramientos más (siete jueces y un fiscal) que deben ser tratados por el Senado antes del 22, de lo contrario quedarán designados automáticamente.
Sin contar estos ocho aún pendientes, la cuenta se eleva durante los dos últimos gobiernos peronistas a 221 magistrados. Este número incluye también a los tres nuevos ministros de la Suprema Corte (sobre siete): uno propuesto por Jaque, Mario Adaro, y dos por Pérez, Omar Palermo y Julio Gómez.
La cifra tal vez no parezca impresionante por sí misma, pero en la comparación con la totalidad de los magistrados en ejercicio en la provincia es llamativa: el total de la planta asciende a 390.
Así, los ingresos representan casi el 57% del total de los magistrados. Todos esos nombramientos dependieron de la decisión política de Jaque o Pérez para ser propuestos y conseguir luego el acuerdo del Senado provincial.
La duda sobre los ocho magistrados cuyos pliegos fueron enviados en los días previos a la elección del 25 de octubre se debe a que esta vez el radicalismo si planteó su rechazo.
Pero no por las calidades de los postulados, sino porque consideran que Pérez ya no tiene margen político para seguir nombrando magistrados cuando el Frente para la Victoria perdió todas las elecciones en las que se presentó en 2015 y queda apenas un mes para el cambio de gobierno.
Los senadores de la UCR entienden que ya llegó la hora de Alfredo Cornejo y las ocho vacantes deberían esperar a que él se siente en el Sillón de San Martín.
Pero esa oposición finalmente puede resultar simbólica, porque si la cámara alta (donde el FpV aún tiene mayoría) no los aprobara, quedarán designados automáticamente un mes después de haber ingresado los pliegos, como lo dispone la ley. La única salida para evitar estos nombramientos sería que el propio Pérez retire las postulaciones.
El camino a un juzgado
El procedimiento para llegar a un despacho judicial tiene varios pasos. El primero es rendir ante el Consejo de la Magistratura; una vez aprobado el examen, el Consejo remite al gobernador la terna de los mejor posicionados para un cargo vacante y es él quien decide cuál de los tres debe ser nombrado. Para ello, manda los antecedentes al Senado provincial, que debe dar su acuerdo en una votación secreta y por mayoría simple.
Ese procedimiento se dio más de dos centenares de veces en los últimos ocho años y el destino fueron juzgados y fiscalías civiles, penales, laborales y de Familia.
Más allá de la intervención política en el nombramiento de jueces y fiscales, no surgen cuestionamientos en la oposición, salvo en el caso de los miembros de la Corte, un lugar sensible en el que caen buena parte de los reclamos políticos (algunas constitucionalidades y planteos ante la Junta Electoral que los supremos integran). Es allí dónde los pedidos de acuerdo político se elevan desde la oposición.
¿Por qué tantos nombramientos en ocho años? Recambio generacional. Después de un largo período de beligerancia durante el gobierno de Julio Cobos con los magistrados, por los planteos de actualización salarial que Cobos consideraba indexatorios, en 2008 Jaque terminó el enfrentamiento y acordó la actualización de los salarios de los magistrados provinciales al ritmo de los federales.
El beneficio adicional de ese acuerdo es el 82% móvil a la hora de jubilarse, lo que abrió la puerta a un masivo retiro de magistrados. Así lo informaba Los Andes en su edición del 21 de mayo de 2008, a poco de firmarse el convenio entre jueces y Jaque. La ola se lanzó en 2009 y esto dejó numerosas vacantes en la Justicia.
Hay otro elemento que ha acelerado la creación de vacantes: la lenta aplicación del no tan nuevo Código Procesal Penal, que viera la luz con el nuevo siglo, pero cuya implementación aún no llega a toda la provincia de Mendoza.
Este código cambió las formas de investigación de los delitos, abriendo la puerta al sistema acusatorio, es decir con fiscales que investigan y representan al Estado en la reparación de la ofensa. Eso obligó a transformar los viejos juzgados de instrucción en fiscalías y también a crear nuevas.
Hay que aclarar algo respecto de los masivos ingresos. De los 221 nombrados en los últimos ocho años, no todos son nuevos en la Justicia; hay varios que lograron ascensos en su carrera judicial y para lograr ese cambio de funciones también tuvieron que rendir ante el Consejo de la Magistratura, quedar en la terna de mejor calificados, ser acreedores de la consideración del gobernador de turno y, por último, lograr sortear el acuerdo del Senado.
Son pocos los casos en los que se cae un nombramiento en la cámara alta; podría decirse que pesa la mayoría que ostenta el oficialista bloque del Frente para la Victoria y hasta cierto punto es verdad. Pero también es cierto que la mayoría de las veces las votaciones son más holgadas que el ajustado número que ostenta el peronismo y aliados en el Senado: 20 escaños de 38 totales.
La última votación ajustada fue una en la que el oficialismo perdió. Pérez había mandado el pliego de la actual concejal de Maipú Miriam Gallardo para ocupar una vacante en la Corte. Con la mayoría propia parecía imposible que Gallardo no pasara, pero la interna del PJ (justo en plena ebullición electoral por las primarias) hizo que se cayeran votos propios y el Gobernador debió mandar luego otro candidato.
Creció la participación en el gasto salarial
No parece haber un impacto descomunal en el presupuesto con las incorporaciones. De acuerdo a los números publicados por el Tribunal de Cuentas, el Poder Judicial de Mendoza gastó en 2014 algo más de $ 1.600 millones. Comparado con los $ 28.900 millones que gastó toda la administración pública, el gasto judicial representa algo más del 5%.
Es cierto que buena parte de ese gasto se va en salarios, un dato que parece obvio teniendo en cuenta que la naturaleza del servicio que presta.
En 2014, el gasto en sueldos en la Justicia llegó a 1.523 millones de pesos; comparados con los casi 16.500 millones pagados por toda la administración pública, el porcentaje crece, debido a los montos que se cobran en la Justicia: poco más del 9%.
Uno de los saltos en el gasto salarial más importantes que se produjeron en la Justicia corresponde al momento en que se firmó el convenio entre Celso Jaque y los magistrados. En 2007, antes del acuerdo por la actualización salarial, se pagaron en sueldos 185 millones de pesos; en 2008 (con el acuerdo vigente) los sueldos sumaron 267 millones de pesos, un 44% más de un año al otro, con paritarias menos generosas que las actuales.
De hecho, el gasto de personal de toda la Administración pasó de $ 2.260 millones en 2007 a 3.040 millones en 2008; es decir que el salario estatal global creció en menor porcentaje que el de la Justicia: casi un 35%.
Sin embargo, en 2008 el gasto judicial en salarios, comparado con la masa salarial de todo el Estado era levemente menor que en la actualidad: los $267 millones representaban menos del 9% del total pagado en sueldos durante todo el año. Es decir que el pago de salarios judiciales desde 2008 a la fecha ha crecido un punto respecto del total pagado en salarios.
