El 4 de agosto último, una camioneta Honda CRV volcó en Santa Rosa; la acompañante murió, el conductor sobrevivió. Hoy se sabe que el sobreviviente es Luis Alfredo Zarattini, ex socio de Chañares Herrados Empresa de Trabajos Petroleros S.A. y un nombre, además, vinculado a los delitos de lesa humanidad de la última dictadura.
Hoy también se sabe que en la investigación del accidente hay un detalle que le da una vuelta de tuerca política a los hechos: la declaración del ex subsecretario de Hidrocarburos de la provincia y ex director de YPF por nuestra provincia, Walter Vázquez. El ex funcionario admitió en el expediente que, cada vez que Zarattini viene a Mendoza, se aloja en su domicilio de calle España al 100.
El accidente estuvo rodeado de misterios desde el mismo momento en que se conocieron los hechos; en la camioneta se encontraron 210 mil pesos y un arma, una Browning 32 semiautomática. Hoy también se sabe que esa arma no está inscripta en el Registro Nacional de Armas, por lo que la Justicia no sólo investiga la muerte de la acompañante, Viviana Navarro (esposa de Zarattini), sino también la tenencia ilegal de un arma de guerra.
En Los Andes del 5 de agosto pasado se consignaba que una “turista murió en un vuelco en Santa Rosa”. De acuerdo a la escueta información oficial, se indicaba que un Honda Civic había volcado en el kilómetro 948 de la Ruta Nacional 7, cerca de las 14.30. Horas más tarde, Viviana Navarro, de 68 años moría, mientras que Luis Zaratini de 71 estaba internado en grave estado.
Como detalle curioso se consignaba que en el lugar del accidente se habían encontrado 210 mil pesos y un arma. Sin embargo en el parte policial había dos errores que despistaban a los curiosos: por un lado el nombre Saratini, que en realidad es Luis Alfredo “Freddy” Zarattini, y el vehículo, que en realidad era una camioneta Honda CRV, patente ILB 482.
El error en el apellido es sugestivo, sobre todo cuando se trata del accidente de una persona con cierto grado de influencia. Zarattini es cultor del bajo perfil, pero su nombre resuena a fuego en las organizaciones de derechos humanos y su ex empresa es una petrolera con más de 20 años de trabajo en nuestra provincia.
En 1992, en pleno menemismo y antes de la reforma constitucional y la ley Corta que dio a las provincias la potestad de licitar áreas petroleras, Chañares Herrados S.A. se hizo de la concesión de una parte de la subcuenca Carrizal, conocidas como Chañares Herrados y Puesto Pozo Cercado.
Desde entonces y hasta junio pasado, la empresa estuvo trabajando en nuestra provincia. El primer titular fue Héctor Basilio Lapeyrade, quien fuera fugaz presidente de YPF durante la dictadura militar.
Con el 75% de las acciones, Lapeyrade era el principal accionista de Chañares Herrados S.A y su presidente hasta hace dos años, cuando falleció. El segundo es Rodolfo Steiner, con el 15% de las acciones; el tercero es Zarattini con el 10%, quien quedó a cargo de la empresa luego de la muerte de Lapeyrade. Hace casi tres meses, a principios de junio, Chañares Herrados vendió la totalidad de su capital accionario a Medanito S.A. (52%) y a Exmed S.A. (48%). La operación se hizo en 84,5 millones de dólares.
Más lejos en el tiempo, a Zarattini se lo señala como militante de la agrupación peronista de extrema derecha Tacuara e involucrado en el asalto al Policlínico Bancario de Buenos Aires en 1963. Ya en la última dictadura militar, se lo se pone como colaborador del Batallón 601. Algunos testimonios lo ubican en la Escuela de Mecánica de la Armada como uno de los interrogadores. Además, también se lo señala como activo colaborador en Nicaragua para derrocar a Daniel Ortega. Fue detenido con un arsenal en su poder en 1988. Lo salvó el indulto de Carlos Menem.
Según el portal de Madres de Plaza de Mayo, Zarattini también estuvo involucrado en la muerte del general Carlos Prats, el militar chileno y ministro de Salvador Allende que fue asesinado en Buenos Aires en setiembre de 1974.
Con todos estos antecedentes, resulta extraño que un ex funcionario de un gobierno alineado al kirchnerismo se muestre tan amigo del accidentado empresario. En una investigación de un crimen, sea culposo o doloso, una de las primeras medidas es la determinación clara del domicilio de los protagonistas de los hechos.
Hasta Santa Rosa llegó Vázquez para decir que Zarattini se alojaba en su casa cada vez que pisaba suelo mendocino. Esa declaración puso al ex funcionario de Celso Jaque bajo la lupa judicial (ver aparte). Los Andes intentó comunicarse con Vázquez, pero no fue posible dar con él.
Sospechas por la prórroga de áreas
La declaración del ex subsecretario de Hidrocarburos Walter Vázquez ha derivado en otra presentación penal, esta vez en contra del propio ex funcionario. El abogado José Antonio Rubio presentó una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según la denuncia de Rubio, la relación personal entre Luis Zarattini y Vázquez era un escollo para que este último interviniera en la prórroga de la concesión a Chañares Herrados en la provincia.
En 2017 vencen varias concesiones de explotación de áreas petroleras en Mendoza. Una de ellas es la de Chañares Herrados S.A. Entonces, durante el gobierno de Celso Jaque, con el actual gobernador como ministro de Infraestructura y con Vázquez como subsecretario del área, se inició el trámite para otorgar las prórrogas. El expediente que abrió el fuego fue iniciado con una nota del propio Vázquez. Además, el funcionario fue parte de la comisión técnica que evaluó los antecedentes de Chañares Herrados para otorgar la prorroga.
El artículo 116 de la ley 3.909 de Procedimiento administrativo dice: “Son causales de obligatoria excusación para los funcionarios o empleados que tengan facultad de decisión o que sea su misión dictaminar a asesorar: a) Tener parentesco con el interesado por consanguinidad dentro del cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado; b) Tener interés en el asunto o amistad íntima o enemistad manifiesta con el actuante”.
Finalmente Chañares Herrados S.A. logró la extensión de su concesión hasta 2027. Seguramente esto fue determinante en la millonaria venta de la empresa.
Varios vínculos con la dictadura
Algunos recuerdan a otro hombre de Chañares Herrados S.A. cuando la empresa fue denunciada por contaminación en los tribunales de Tunuyán. Allí apareció el letrado Héctor Oscar Corres, otro nombre con historia en los archivos de las organizaciones de derechos humanos. Corres fue militante activo de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) de Mar del Plata; en esa ciudad se lo involucra en la muerte de Silvia Filler en diciembre de 1971.
La historia dice que Filler estaba en una asamblea estudiantil en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mar del Plata. Un grupo de la CNU ingresó a disolver la asamblea y sonaron los disparos. Filler murió de un tiro en la cabeza y hubo otros cuatro heridos entre los asambleístas.
El hermano del abogado de Chañares Herrados era el teniente coronel Julián “el Laucha” Corres, procesado por crímenes de lesa humanidad en el centro clandestino de detención conocido como “La Escuelita”, de la ciudad de Bahía Blanca. Se le achacaban 47 secuestros, 38 torturas, 17 homicidios y 7 desapariciones.
“El Laucha” estaba preso en Marcos Paz y logró fugarse. La sospecha judicial es que contó con la ayuda de Héctor Basilio Lapeyrade, ex presidente de Chañares Herrados S.A. y por ello fue procesado por encubrimiento agravado.
