El anuncio de la posible creación de un nuevo Banco de la Provincia de Mendoza, no debería tomarse como una promesa más. No, si nos queda un resto de memoria. Hay todo un pasado que no puede desconocerse en el contexto de un presente preocupante y un futuro nada claro.
Debemos echar mano a la historia económica, disciplina poco frecuentada por los políticos y los administradores de la política.
Desde los años '80 del siglo XIX los bancos que se crearon en las provincias, mirados en perspectiva, sólo sirvieron para financiar un crecimiento exponencial del gasto público provincial, auxiliar a los amigos del poder y desembocar en la crisis financiera del '90, que arrasó con la presidencia de Juárez Celman.
Entre nosotros, el mal manejo de los gobiernos del lencinismo puso en crisis al Banco de la Provincia, existente desde principios del siglo pasado, lo que llevó a su refundación como Banco Mendoza en 1931. La figura de entidad mixta, con que se buscó atenuar la influencia de los gobiernos y sus intereses partidistas, fracasó en ese intento y fue más de lo mismo.
En el gobierno de José Octavio Bordón, ya estatizado el banco por la administración Llaver, la entidad entró en un proceso de crisis irreversible, que llevó a la lamentable privatización que le entregó el Banco al grupo Moneta. Éste, mediante manejos francamente delictivos, financió actividades no rentables, dio crédito a insolventes y a amigos de la política y -como en el caso del otro banco provincial de triste final, el de Previsión Social- a los hoteles de alta montaña, agujeros sin fin otorgados para favorecer acuerdos legislativos.
Hablamos, qué duda cabe, de una historia de fracasos. No importa si los responsables del manejo fueron radicales, peronistas o demócratas. Se trata de un problema del sistema que repite siempre el mismo patrón de dar créditos a quienes no pueden pagarlos, a empresas inviables, al toma y daca de favores, donde los favorecidos son siempre los mismos, aunque voten diferente. La falta de crédito accesible para la producción se debe a problemas estructurales que escapan a la Provincia. Anuncios chauvinistas no restablecerán por si solos la confianza perdida en la moneda, la ausencia de ahorro en pesos, o la pequeñez del sistema financiero argentino.
Los depósitos en el sistema financiero nacional, son apenas 14% del PBI. A lo que se agregan los altos encajes que impone el Banco Central, restando capacidad prestable. En 1946 los depósitos en los bancos llegaban a 50% del PBI, pero años y años de tasas negativas, terminaron llevando al argentino a ahorrar en dólares. Claro contraste con Chile, que tiene depósitos equivalentes a 100% de su PBI o con Brasil, donde representan 80%. Además, al ser hoy los bancos mecanismos de control impositivo, los productores quedan inmediatamente bajo la lupa de la AFIP lo que, en la práctica, los disuade de buscar allí financiamiento.
El gobierno de la Provincia tiene instrumentos para apoyar a los sectores productivos, como el Fondo de Transformación, el Fiduciario, convenios con la Bolsa de Comercio, y otros. Tiene como agente financiero al Banco de la Nación, en tanto que varios municipios recurren al Banco Supervielle. Si esto no ha sido suficiente hasta hoy, podríamos deducir problemas de mala praxis gubernativa que no van a cambiar por tener un banco propio donde, además, deben seguir las reglas fijadas por el Banco Central.
