Desde hace algún tiempo, la oposición viene intentando instalar en la sociedad que la deuda pública de la provincia de Mendoza ha alcanzado niveles que la vuelven impagable y que la misma es producto de la administración del gobernador Alfredo Cornejo.
Ambas afirmaciones son definitivamente falsas. O por mala fe o por profunda ignorancia. El nivel de deuda pública de Mendoza, en comparación con las ratios con las que estadísticamente corresponde evaluarlos, se encuentra en niveles más que razonables y en similares términos históricos.
En efecto, si comparamos la deuda total con nuestro PBG la serie indica que en la última década el porcentaje ha variado entre 11% y 14%.
Si consideráramos la deuda total en relación con los recursos corrientes en 2009 ascendía a 70%, mientras que en el 2018 dicho porcentaje fue de 59.3%.
Si la comparación es a valores constantes en pesos, el stock de deuda total entre diciembre de 2015 y marzo del 2019 el aumento fue de 9.3%, mientras que en el mismo periodo medida en dólares su variación fue -5.1%. Es necesario aclarar que la misma se encuadra por debajo de los límites que establece la ley de responsabilidad fiscal.
La segunda cuestión nos remite al origen de nuestra deuda pública. Para aquellos “desmemoriados” buena parte de la misma -800 millones de dólares- es producto del fracaso estrepitoso de la administración y posterior privatización de los bancos provinciales durante los gobiernos justicialistas.
En diciembre del 2015, considerando las deudas impagas del gobierno de Francisco Pérez, en concepto de salarios públicos impagos, coparticipación a los municipios de casi 4 meses de atraso, deudas con proveedores del estado, anticipos de coparticipación nacional y deuda de corto plazo con el Banco Nación, la deuda pública de Mendoza ascendía a valores constantes de U$S1.487 millones y a marzo de 2019 a U$S1.411 millones (–5.1%).
Es imprescindible resaltar que en los 8 años de los gobiernos de Jaque y Pérez, solo en uno de ellos tuvimos un mínimo superávit primario, lo que significa que durante 7 años ambas administraciones tuvieron que endeudarse para cubrir gastos corrientes: salarios, insumos, servicios, etc; en contraposición al endeudamiento que razonablemente toman los Estados destinados al desarrollo productivo. Es decir el financiamiento necesario para la inversión en obra pública que mejore nuestras condiciones de logística, infraestructura, equipamiento y desarrollo social.
Como un formidable contraste, con excepción del presupuesto de 2016 cuando las finanzas públicas tuvieron que soportar el arrastre del presupuesto 2015, el gobierno de Alfredo Cornejo tuvo superávit primario en 2017, 2018 y 2019 aumentando la inversión pública del 4% de 2015 al 11% de 2019. En este punto es necesario destac ar que en el periodo 2008 -2015 la presión impositiva provincial se duplicó, mientras que desde 2017 al 2019 la provincia inicio su plan plurianual de reducción de alícuota de ingresos brutos y la emisión de 2 bonos fiscales que significarán 7 mil millones de pesos de inversión y 3 mil empleos.
Me animo a más, tanto para la actual como la futura administración es razonable que en la medida que el financiamiento sea accesible en términos de tasa y plazo, como aquellos que provienen de organismos multilaterales -BID– y que exclusivamente se destinen al financiamiento de inversiones que además de generar empleos, hacen nuestra economía más competitiva, no advierto ningún obstáculo para acceder a los mismos.
