La independencia de los organismos de control respecto al partido político de turno es una cuestión no resuelta en Mendoza, a pesar de que goza de buena fama por su calidad institucional. La influencia de los diferentes partidos políticos sobre cargos cuya función es controlar al Estado queda evidenciada en el salto que muchos dan desde la Legislatura o el Ejecutivo a estos organismos. Si bien esto puede generar suspicacias, la Constitución de Mendoza no fija ningún tipo de impedimento más que los requisitos técnicos para los diferentes cargos.
Néstor Parés es el último, pero uno más de los tantos en los que un legislador pasa sin escala a un organismo de control. Es que el presidente de la Cámara de Diputados fue propuesto por el gobernador Alfredo Cornejo para presidir el Tribunal de Cuentas.
Legal pero ¿ético?
Mendoza tiene un sistema clásico de control, según quedó establecido en la Constitución de 1.916: dividido en tres poderes y algunos organismos descentralizados, cuyo titular requiere aprobación del Senado y muchos de los cuales con cargos vitalicios.
"La Constitución de Mendoza supone un modelo de descentralización del poder muy bien pensado. A su vez, la duración del gobernador no coincidía con el intendente", evaluó Gabriela Ábalos, una de las referentes de Mendoza en materia constitucional.
Además, agregó que la condición de vitalicio de los cargos tuvo "el sentido de darle estabilidad, que el control no esté sujeto al gobierno de turno". "Darle la estabilidad de que no pueda ser removido supone que ese control sea mucho más efectivo", destacó.
Sin embargo, aclaró que “Mendoza podría evaluar si en aras de hacer efectivo ese control puede darle movilidad a sus integrantes en lugar de que los cargos sean vitalicios”. “Caben otras opciones de 15 ó 20 años sin nueva designación. Eso podría permitir darle estabilidad sin perjuicio de la movilidad” dijo Ábalos.
"La partidocracia no tenía la conformación que tiene ahora", aclaró la magistrada sobre la omisión de la Constitución sobre cuestiones políticas. Actualmente en Mendoza hay un proyecto de Ley para modificar las condiciones de accesibilidad a estos cargos e impedir la intromisión del poder político. El diputado Marcos Niven (PD) propuso en 2016 que la persona designada al frente de un organismo de control pase cuatro años previos a esa nominación alejada de la función pública.
"Si se busca garantizar la independencia de la política partidaria, esa es una herramienta posible", evaluó Ábalos sobre el proyecto.
Los nombres políticos
Se espera que Parés pase sin inconvenientes los pasos administrativos para reemplazar al actual presidente, Salvador Carlos Farruggia, otro radical y ex senador y funcionario del ex gobernador Santiago Llaver.
De esta manera, otro de los hombres de extrema confianza de Cornejo y uno de los grandes referentes del radicalismo irá desde la Legislatura al organismo de extrapoder cuya misión es auditar la percepción e inversión de caudales públicos hechas por todos los funcionarios, empleados y administradores de la Provincia, lo que incluye a las municipalidades y al Ejecutivo Provincial.
Parés no es el único político que desembarcó en ese organismo. Previamente lo hicieron Héctor Caputto, Mario Angelini, Ricardo Pettignano y Liliana Muñoz de Lázzaro, que asumieron como vocales. Caputto era amigo de Francisco Pérez; fue titular del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, entre otros cargos políticos, y el ex gobernador Pérez lo propuso como vocal. Angelini fue propuesto por el ex gobernador Rodolfo Gabrielli, luego de ocupar diversos cargos públicos. Pettignano fue concejal de Las Heras, diputado y senador provincial peronista, fue propuesto por Pérez. Mientras que la radical Muñoz llegó de la mano de Cornejo en el 2017, luego de haberse desempeñado en cargos del Ejecutivo provincial y en las municipalidades de Capital y Godoy Cruz.
Otro de los puestos vitalicios y de gran relevancia es el del fiscal de Estado. Pérez logró ubicar a un peronista, el ex senador y ex funcionario Fernando Simón. Una de las primeras decisiones fue presentar su desafiliación al PJ para dar un gesto de independencia al frente el organismo encargado de defender el patrimonio del fisco, con potestad para demandar ante la Suprema Corte y demás tribunales de la Provincia, presentar la nulidad de toda ley, decreto, contrato o resolución contrarios a las prescripciones de la Constitución Provincial, o que perjudiquen los intereses fiscales de la Provincia.
Otro de los órganos con función de control es la Suprema Corte de Justicia. Está constituida por siete ministros, de los cuales solo uno no ocupó puestos políticos: Omar Palermo. El magistrado asumió tras haber hecho el recorrido de la carrera judicial, distanciado del Poder Ejecutivo y Legislativo, aunque es miembro de la agrupación Justicia Legítima, ligada al kirchnerismo. Fue propuesto por Pérez, al igual que Julio Gómez, quien fue subsecretario de Justicia durante el gobierno de José Octavio Bordón.
Mario Adaro fue ministro de Gobierno de Celso Jaque, quien lo propuso como magistrado. Pedro Llorente fue senador provincial de la UCR y fue el ex gobernador Santiago Felipe Llaver quien lo llevó a la Suprema Corte.
Jorge Nanclares, actual presidente de la Suprema Corte también llegó de la mano de Llaver, fue militante de la Juventud Radical, y en el Poder Ejecutivo fue asesor en la Dirección de Comercio de un gobierno peronista. Luego pasó por el Ministerio de Gobierno, y de la mano de Leopoldo Orquín se desempeñó en la asesoría legal de la Municipalidad de Guaymallén.
José Valerio y Dalmiro Garay están estrechamente vinculados al radicalismo. Este último, al igual que Adaro, saltó desde el Ministerio de Gobierno a la Corte, aunque de la mano de Cornejo. también Valerio llegó impulsado por el Gobernador y fue diputado provincial UCR desde el 83 al 86, y asesor durante el gobierno de Llaver.
Cornejo dejará su mandato habiendo designado a gente de su confianza en puestos de control y vitalicios clave. Además de Parés, Valerio, Garay, Muñoz, se suma el de Ricardo Canet como asesor de Gobierno tras la renuncia de Guillermo Mosso Giannini. Canet es de íntima confianza de Cornejo: fue entre otros cargos director de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad del Gobierno de Mendoza y apoderado judicial de la Comuna de Godoy Cruz.
A esta lista se sumará la actual ministra de Hacienda y diputada electa Paula Allasino, que sería postulada por Cornejo para reemplazar a José Caviggia como contador general de Mendoza.
Otros organismos
La Constitución fija la elección de un superintendente general de Irrigación, con una duración de cinco años y previo aval del Senado, que actualmente ocupa Sergio Marinelli hasta 2022. Asumió en 2017 impulsado por Cornejo.
En tanto, hay otros organismos de control sin rango constitucional y que no tienen la función de controlar al Estado, pero sí a las empresas prestadoras de servicios públicos como el EPRE (Ente Provincial de Regulación Eléctrica) y el EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento).
Por otra parte, durante la gestión de Alfredo Cornejo se crearon otros organismos de control. El EMOP (Ente de Movilidad Pública), que controla a empresas; y cuyo director también necesita acuerdo del Senado, aunque dura cinco años en sus funciones. En este caso fue designado Héctor Matilla.
La Oficina de Ética Pública también es conducida por un radical, Gabriel Balsels Miró.
Este puesto también requiere aprobación del Senado y dura cinco años. El auditor general tiene la misión de controlar las declaraciones juradas de los patrimonios de los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado, los municipios, Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas y Superintendencia General de Irrigación, entre otros.
“Voy a desafiliarme de la UCR”
El presidente de la Cámara de Diputados Néstor Parés está cerca de trasladarse al Tribunal de Cuentas y en diálogo con Los Andes aseguró que se desempeñará sin ningún tipo de condicionamiento político. "Es un organismo extra poder, muy especial, Voy a honrar el cargo, voy a actuar en consecuencia. Me siento capacitado para la función", aseguró.
"Una vez que sea designado, el primer acto que voy a hacer es desafiliarme de la Unión Cívica Radical", dijo respecto a la vinculación con el actual oficialismo. "Entiendo que en algunos casos me voy a tener que apartar y lo voy a hacer. No voy a tener ninguna actitud reñida con la ética ni la moral", sostuvo el diputado.
