Por Fernando Iglesias - Periodista - Especial para Los Andes
Vengo de un universo paralelo. Un universo paralelo y contrafáctico en el que los líderes suramericanos no se dan abrazos en las cumbres internacionales sino que cumplen con los tratados de integración regional que han firmado.
En este extraño mundo, los parlamentarios del Mercosur fueron elegidos antes del primero de enero de 2011, como fijaba el Protocolo Constitutivo del Parlasur que sancionaron Néstor Kirchner, Lula, Frutos, Tabaré Vázquez y sus respectivos cancilleres.
¿Saben cuál ha sido la primera acción exitosa de este Parlasur del universo paralelo? La de sancionar, por encargo de sus gobiernos, una legislación reguladora del funcionamiento de las fábricas de producción de celulosa en la región.
La cosa se había puesto brava porque los presidentes de Argentina y Uruguay estaban forzados a representar únicamente los intereses de sus propios países. Pero en el Parlasur las cosas funcionaron mejor.
Argentina se vio obligada a moderar sus posiciones ultra-ambientalistas contra la ex Botnia porque podían afectar el funcionamiento de sus otras fábricas pasteras; los uruguayos comprendieron que una legislación demasiado permisiva se les volvería en contra si Argentina la aprovechase para instalar a su vez pasteras sobre el río Uruguay, y Brasil insistió con que la ley debía conciliar la protección del ambiente con el desarrollo, que fue exactamente lo que sucedió.
Hoy, existe una agencia ambiental del Mercosur de este universo paralelo encargada de garantizar que todas las pasteras del bloque cumplan con las normas ambientales.
En la sesión de hoy del Palasur paralelo, mientras se discutía la creación de una legislación común que pusiera límites a las devaluaciones competitivas con que los países de la región empobrecen a sus vecinos, como dijo Keynes, tres parlamentarios invocaban el retorno al espíritu de los tiempos fundacionales del acuerdo por las pasteras.
“Si hubiéramos sancionado la ley regulatoria antes del conflicto de Gualeguaychú podríamos habernos evitado el papelón de recurrir a La Haya para arreglar un problema entre hermanos”, declaró el argentino.
“Nosotros nos hubiéramos ahorrado millones en combustible para los camiones que tuvieron que evitar cruzar por el puente de Gualeguaychú para entrar en territorio uruguayo durante años”, agregó otro parlamentario argentino, del sindicato de Moyano.
“A nosotros nos hubiera venido bien que no bajara el turismo argentino, que en esos años se nos iba a Miami”, completó un parlamentario uruguayo mientras llenaba el termo para el mate.
Todos se retiraron apresuradamente porque la sesión del Parlasur paralelo continuaba con un asunto candente: la huelga de hambre de los presos políticos venezolanos que reclamaban por su liberación. El grupo parlamentario venezolano estaba en dificultades para justificar las detenciones.
La idea de que los detenidos formaran parte de un complot estadounidense para intervenir en Venezuela se había tornado poco creíble: ni los más fanáticos antinorteamericanos creían posible que Obama intentara cualquier tipo de injerencia en un país políticamente integrado con Brasil.
Los parlamentarios de la oposición brasileña tomaron la delantera en el asunto: “Recordamos al gobierno venezolano que está en vigencia la cláusula democrática del Mercosur, y que ha sido ampliada incluyendo la definición de democracia de la Convención Interamericana de Derechos Humanos”, argumentó el presidente del bloque del Partido de la Social Democracia Brasileña.
“No basta que el gobierno venezolano haya sido elegido por el pueblo; las detenciones son ilegales. Si continúan ¡nos veremos obligados a que la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur visite esta misma semana Venezuela y exija su salida del bloque si los dirigentes opositores no son liberados!”, concluyó, en medio de un pandemonio de silbidos y aplausos.
Los parlamentarios del PT, hasta entonces escudados en las posiciones ambiguas de su gobierno, se vieron obligados a dar una respuesta.
Empujados por la moción de varios parlamentarios paraguayos y argentinos de declarar el repudio del Parlasur a los procedimientos del gobierno chavista y solicitar al Papa que no recibiera a Maduro hasta que los presos sean liberados, los petistas brasileños declararon inaceptables las detenciones, con lo que buena parte del apoyo internacional al gobierno chavista se desmoronó. En los pasillos del Parlasur, junto a la rambla de Montevideo, se rumoreaba que la liberación de los presos era inminente.
En este fantasmático universo paralelo las instituciones suramericanas intentan ajustarse a los revolucionarios cambios económico-tecnológicos en vez de lamentarse por ellos.
Por eso, acaso la mejor contribución del Parlasur haya sido su decisivo apoyo a la creación de la Corte Penal Latinoamericana contra el Crimen Transnacional Organizado.
Aprobada por una moción declarativa en 2011 y establecida por la firma del Estatuto de Guadalajara de 2013, la Corte Penal Latinoamericana opera ya en diez países de la América Latina paralela, con enorme éxito en la represión de las mafias que asolaban la región hasta entonces.
Decenas de miembros de las cúpulas mafiosas han sido detenidos; las propiedades de las organizaciones, confiscadas y devueltas a la comunidad; y las bandas, desarticuladas. Cientos de testigos de crímenes mafiosos han apelado al estatuto de protección de la Corte, evitando recurrir a sus propias policías nacionales y quedar así a disposición de las mafias y sus cómplices.
Las organizaciones sociales que luchan en el territorio contra la trata de personas, la esclavitud social y laboral se sienten menos desamparadas desde que la Corte sancionó un estatuto especial de protección para ellas.
Desde entonces, todo atentado contra sus miembros es perseguido directamente desde la Corte Penal Latinoamericana, por lo que la connivencia con las fuerzas policiales y judiciales locales no garantiza ya la impunidad de los agresores.
Lo mismo les ha sucedido a muchos gobiernos expertos en controlar a sus justicias nacionales pero que no son capaces de hacer lo mismo con una institución regional. Empujados por la presión de sus opiniones públicas a adherir al Estatuto de la corte regional ahora pagan corruptelas que antes quedaban impunes.
Como el lavado de activos es un crimen transnacional tipificado por la Convención de Palermo de la ONU, cuyo cumplimiento es el principal objetivo de la Corte Penal Latinoamericana, varios líderes políticos han caído presos gracias a las investigaciones sobre la ruta del dinero realizada por los fiscales generales de la Corte.
Quienes esperaban encontrar en Montevideo un refugio en el cual hacer valer sus fueros han pagado un alto precio por ellos. Y tampoco les han servido de mucho.
Como el Protocolo Constitutivo del Parlasur prevé que sus fueros sólo protegen en caso de “opiniones y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones”, varios miembros han sido detenidos y puestos a disposición de la Justicia por hechos acaecidos antes de su asunción como parlamentarios del Mercosur o independientes de sus tareas en él.
Es cierto que ni siquiera en este universo paralelo se ha logrado terminar con el crimen organizado, pero al menos se lo combate con los mismos métodos hipertecnológicos y supranacionales que emplean las organizaciones criminales.
Por eso, la situación ha mejorado sensiblemente en los diez países que forman hoy parte de la Corte Penal Latinoamericana del universo paralelo; hasta el punto que otros cinco ya han formalizado su pedido de adhesión, afectados porque los criminales que huyen de los países protegidos por la Corte comienzan a emigrar hacia los que decidieron mantenerse afuera.
En tanto, la agenda del Parlasur del universo paralelo es cada día más densa. La de este mes incluye la creación de un Instituto Regional de Estadísticas y Censos que acabe con las distorsiones de los Indec nacionales; el inicio de la discusión de un plan de infraestructura que termine con la vergüenza de un continente que aún no tiene conectados su Pacífico y su Atlántico; la continuidad del debate sobre los acuerdos comerciales del Mercosur paralelo con la Alianza del Pacífico, los Estados Unidos y la Unión Europea; y la investigación y sinceramiento de los acuerdos nucleares de los países de la región, comenzando por el muy comentado pacto secreto entre Irán y la Argentina.
Vengo de un universo paralelo. Un universo paralelo en el que los líderes suramericanos no se dan abrazos en las cumbres internacionales sino que cumplen con los tratados que han firmado.
Un universo en el que la oposición argentina no deja que el árbol de los fueros de Cristina tape el bosque de las oportunidades que la elección directa de los miembros del Parlasur y su transformación en un verdadero parlamento regional podría abrir para conjurar las amenazas de desintegración del Mercosur, para la superación de su crisis crónica, para su transformación en una plataforma desde la cual rediseñar la inserción de la Argentina en el mundo y para la resolución de muchos de los más importantes problemas que afectan la vida de sus ciudadanos, como el auge del crimen organizado y la violación de las libertades democráticas y los derechos humanos por los gobiernos del bloque.
Vengo de un universo paralelo; pero si sacamos la cabeza del balde que nos han puesto ocho décadas de nacionalismo autoritario y hacemos bien las cosas acaso podamos comenzar a habitarlo desde el próximo año.
