Desde que en el pasado, los cabildos y otros lugares públicos funcionaban como lugares de detención y espacios de exhibición de delincuentes engrillados para el escarnio público, diversos paradigmas han convivido con la historia de las cárceles argentinas.
La Constitución Nacional estableció, ya en 1853, que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice”.
Ahora nos compete una mirada sobre el sistema penitenciario local. ¿Cuántas veces se ha incumplido ese artículo? ¿Cuántos jueces se hicieron responsables por eso?
Hacinamiento, infraestructura obsoleta y degradante, violencia carcelaria y abusos penitenciarios, expresa un trabajo presentado recientemente en Amnistía Internacional sobre la situación de los penales mendocinos, especialmente sobre el más que centenario edificio de la calle Boulogne Sur Mer. También se elevará el dossier a organizaciones afines a Naciones Unidas.
El abogado Carlos Varela Álvarez, en su calidad de peticionario de medidas cautelares, entregó copias del informe sobre la situación a la Subsecretaría de Justicia, Fiscalía de Estado, Colegio de Abogados y Suprema Corte de Justicia.
Las instancias de recuperación de las personas alojadas en esos lugares, tarea de por sí difícil y complicada en las mejores condiciones, se agrava sobremanera cuando la reclusión es infrahumana. Los jóvenes se encuentran en celdas oscuras, húmedas, sin ventilación natural ni suficiente. Las conexiones eléctricas son precarias y peligrosas.
Los baños, deteriorados en la totalidad de las celdas y sin separación entre sí. Algunos pabellones de Boulogne Sur Mer repiten descripciones ya denunciadas años atrás: baños colapsados, cloaca de patio destapada, basura acumulada, agua estancada, son algunos ejemplos.
El hacinamiento es otro problema gravísimo. Los recintos carcelarios se llenan de internos, aunque literalmente a veces no hay dónde ponerlos. Las medidas cautelares tienen como fundamento que se respeten los compromisos asumidos en los fueros internacionales hasta su efectivo cumplimiento y así evitar por un lado la realidad miserable e inhumana en que se encuentran hoy los que están privados de libertad, como también evitar nuevos hechos de violencia carcelaria e institucional.
Muchos de los alojados en los penales causaron gran dolor y pérdidas irrecuperables en familias mendocinas, pero ni siquiera desde esa penosa circunstancia que no se olvida, alguien podría convalidar que el castigo con la privación de la libertad vaya acompañado del oprobioso estado de las recintos de reclusión tal como están hoy.
La realidad desde la democracia es que siempre se postergaron o no se elaboraron pautas ni se puso a personas aptas al frente de los penales. Se intentó mejorar la capacitación y calidad de los agentes que trabajan en la cárcel, pero eso tampoco ha dado los resultados esperados. Las condiciones edilicias y presupuestarias actuales son graves por su precariedad y porque la inversión en el sistema penitenciario no está dentro de la agenda política.
La desatención profunda en los servicios penales puede conducirnos al agravamiento de lo ya descripto, pues una mala cárcel es un elemento detonante luego en las cifras de la inseguridad. Si no se recuperan personas, esas mismas volverán al mismo camino mucho más preparadas para delinquir.
Por tanto, así como se debe invertir en salud, educación y transporte público, se debe invertir en los sistemas penitenciarios, pero desde la perspectiva de un proyecto que esencialmente recupere a personas desde la educación formal e informal y la inserción de los valores sociales.
Es tarea a largo plazo y requerirá mucho esfuerzo del Estado y la sociedad civil, pero debe enfrentarse la realidad actual, tan degradante, y esperar que a futuro los números de recuperación de los presidiarios, especialmente los jóvenes, insinúen alguna perspectiva de cambio.
