Argentina a fines del siglo XX realizó una gran transformación institucional del sector energético, reforma que fue tomada como modelo en varios países. Hasta entonces se consideraba la generación y distribución de energía eléctrica como un monopolio natural, donde todas las etapas del proceso debían estar integradas verticalmente. Dado su carácter de monopolio de la provisión de un bien estratégico para la sociedad, se estableció que debía ser provisto por empresas estatales.
Se concretó entonces un doble proceso muy novedoso, que comenzó por demostrar que las distintas etapas -generación, transporte y distribución- podían separarse e introducir competencia donde había monopolio. Se puso en práctica la separación de las etapas a través de un proceso de privatización o concesión. Las normas regulatorias establecieron que ninguna empresa podía participar en dos etapas sucesivas. Quien estaba en la generación no podía se transportista y este no podía ser distribuidor. Un proceso similar de desregulación y privatización se realizó para la extracción, transporte y distribución de petróleo y gas.
El resultado del cambio de reglas de juego fue un proceso masivo de inversión privada que llevó al país al pleno autoabastecimiento energético, que lo convirtió en exportador, sobre todo de gas, para lo cual se construyeron gasoductos a fin de llevar el producto a Chile. Pero en el año 2002 se destruyó todo este armazón institucional ya que se incumplieron por parte del Estado los contratos que daban seguridad jurídica a los inversores y el sistema entró en un proceso de rápido retroceso.
Así el país, devino de exportador a importador energético. Entre 2006 y 2013 se pasó de tener un superávit de US 6.100 millones anuales a un déficit de 6.900. El año pasado el rojo fue de 2.300 pero éste se proyecta estar cerca del equilibrio. Debido en gran medida a Vaca Muerta, que es la segunda reserva mundial de gas no convencional y cuarta en petróleo. Su explotación ya es una realidad, se llevan invertidos US 20.000 millones, hay 1.000 pozos perforados, pero apenas se ha explotado el 5% del yacimiento, cuya mayor parte está en Neuquén, pero que también alcanza en parte a Mendoza, en Malargüe. La producción de gas creció 7,6% el último año, alcanzando el nivel más alto desde 2009 y en petróleo creció 4,2%. Se ha podido volver a exportar gas a Chile a fines del año pasado.
Por otro lado el sector agropecuario, en plena expansión, se ha convertido en un pilar que sostiene la economía. Los números son más que elocuentes. Oficialmente se ha anunciado que la cosecha de granos del ciclo 2018/19 será record absoluto con 147 millones de toneladas, sumando además record de productividad en casi todos los cultivos. Estos volúmenes triplican los de dos décadas atrás. Por primera vez en veinte años la producción de maíz ha superado a la soja y se ha recuperado la rotación de los cultivos con mejora de los suelos, en muchos casos degradado por la “sojización”, inducida por las pésimas políticas de los gobiernos anteriores. La producción agropecuaria ha generado un aumento de casi el 50% y hecho subir 2,6% el PBI del país.
Pero tan importante como lo anterior es que la agricultura y la ganadería se desarrollan a lo largo y ancho del país, que los cultivos son numerosos y diversos. Agregando a los citados otros menos conocidos como arroz, garbanzos, lentejas, maní, frutos nuevos como arándanos en Tucumán, cítricos en Entre Ríos y el norte, horticultura, cereza en la Patagonia. De allí acaba de salir la primera exportación de carne de cordero al Japón. Desde luego también está la vid.
Todo esto, como Vaca Muerta y las energías renovables, están en el interior del país. Se trata de un nuevo federalismo económico que debería expresarse políticamente.
