Para Mauricio Macri, el próximo encuentro de funcionarios en la costa atlántica será sólo preparatorio del escenario del primero de marzo. En minoría parlamentaria desde su inicio, el Gobierno carece de opciones más realistas para relanzar su gestión. Cualquier enunciado político tiende a ser cotejado con su viabilidad en el Congreso.
De la misma manera, la protesta convocada por Hugo Moyano para desairar las investigaciones judiciales que lo hostigan será el 21 de este mes, para evitar coincidencias con el aniversario de la tragedia de Once, pese a una breve porfía en contrario del hijo del camionero. Pero también será un acto preparatorio de algo posterior: la negociación paritaria de marzo.
Moyano ha salido a capturar con ansiedad algunos respaldos que pueden tener una consecuencia contradictoria: la masividad de la marcha de protesta y, al mismo tiempo, la fractura del frente sindical, en un momento clave para la estrategia oficialista.
Ya el acuerdo que alcanzó con Luis Barrionuevo para desestabilizar al Gobierno con declaraciones amenazantes provocó la distancia silenciosa de Héctor Daer y espantó a los socios independientes de la CGT. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) resolvió que la marcha de Moyano no se transformará en paro. No se detendrá el transporte público.
Más aún, los apoyos conseguidos por los camioneros en organizaciones sociales kirchneristas y partidos de izquierda ha puesto también en duda la participación de Barrionuevo. La estrategia política allí suele conducirla Graciela Camaño, que mantiene con los alfiles de Cristina Kirchner la distancia hostil que alguna vez le enrostró a Carlos Kunkel.
Aunque el liderazgo opositor de Moyano está padeciendo esos tropiezos que el Gobierno alienta, ningún jefe gremial bajará la guardia ante la inminencia de las paritarias.
La Casa Rosada sabe que a esa escena no la protagonizan necesariamente en marzo los sindicatos del sector privado. Suele ser el vasto conglomerado de docentes estatales el que regula el termómetro de la conflictividad gremial.
La desactivación temprana de la paritaria docente nacional fue la apuesta más fuerte de Macri. Aunque Ctera puso el grito en el cielo, el tiempo de la negociación nacional del salario docente ha terminado, porque en ese empeño los gobernadores son socios sigilosos de la Casa Rosada.
Los ejemplos abundan: Misiones cerró en la semana con una pauta del 15 por ciento más cláusula gatillo. Mendoza alcanzó con los empleados públicos un acuerdo parecido, que espera extender a los maestros. Córdoba alienta una negociación similar.
En Santa Fe, opera como obstáculo la pertenencia de su principal referente sindical docente a la conducción nacional de Ctera. Pero será en la provincia de Buenos Aires donde se trabará la litis entre Roberto Baradel -ahora aliado de Moyano- y María Eugenia Vidal, que ya anticipó la decisión de abonar un plus por presentismo.
No se trata de una coincidencia azarosa de los gobernadores con la Nación. Los incrementos salariales que concedan este año serán los que operarán para el cómputo del cumplimiento del pacto fiscal en 2019. El año cuando el flujo de fondos de la Nación será la clave de la puja electoral en las provincias.
Hay distritos donde el margen de negociación se acerca al cero absoluto. Chubut, Tierra del Fuego, Río Negro y Neuquén. También San Luis, donde los hermanos Rodríguez Saá concedieron el año pasado un aumento excepcional porque el salario docente tenía un rezago inadmisible.
Santa Cruz es la nada misma. No es la paritaria, sino todo el sistema educativo el que ya colapsó.
De modo que el estallido gremial que espera la nueva alianza fáctica de Moyano y Cristina puede llegar a diluirse si el Gobierno accede a la actualización con la cláusula gatillo. El reaseguro automático de los salarios frente a la inflación.
Moyano confía en el apoyo que obtuvo del peronismo parlamentario para frenar la reforma laboral. Es un noviazgo esquivo. Desde la última elección, los bloques legislativos se territorializaron. Hay una ecuación directa. A menor emergencia de liderazgos nacionales, mayor preeminencia de las conducciones provinciales.
En otros términos: las bancas que responden a los gobiernos de provincias privilegiarán las paritarias ordenadas para sus gobernadores frente a los expedientes turbios en Independiente de Avellaneda.
Ese es el motivo por el cual Miguel Pichetto, que había delegado en la CGT el futuro parlamentario de la reforma laboral, recordó con cautela esta semana -ante los acuerdos de emergencia tejidos por el clan Moyano- que el peronismo aspira a ocupar el centro y no los márgenes ideológicos del escenario político.
Este panorama podría aliviar a los estrategas del Gobierno, a quienes aflige la caída de la imagen presidencial. Pero el problema para el oficialismo es de otra envergadura. Para Macri, el principal inconveniente es que el propio Gobierno se aferre a la cláusula gatillo. Que actualice el gasto y el endeudamiento como si no tuviese en sus manos el pulso de la inflación.
El país, que tantas resistencias ofrece para incluir en su lenguaje y en sus hábitos conceptos como la institucionalidad y las políticas cooperativas de largo plazo, rápidamente incorpora aquello que activa sus reflejos condicionados. La cláusula gatillo se ha transformado en un tópico generalizado, aunque ni por lejos novedoso, de la cultura popular.
Nada tiene existencia tangible si no incluye su propia actualización automática. Tampoco la administración del poder. Que se piensa en el presente sólo para disparar los sueños de permanencia cifrados en el año que viene.
