La paritaria se cayó y los docentes que reclaman el pago del Ítem Zona quedarán otra vez en el terreno gris de la burocracia estatal. Los conocedores del recorrido que deben cumplir los reclamos perdidos por el Estado arriesgan que los docentes podrían cobrar dentro de un año o dos.
Probablemente el SUTE sienta que ha ganado una pulseada al Gobierno para mantener un espacio, pero también pierde porque 16 mil docentes y no docentes que podrían cobrar a fin de año o a más tardar en enero esa deuda tantas veces reclamada, ahora lo harán al cansino ritmo del Estado y en la medida de que haya partida presupuestaria.
El Gobierno también pierde porque no puede acelerar el otorgamiento de nuevas zonas para estimular económicamente a los docentes para que vayan a trabajar a escuelas a las que, sin incentivo, no irían nunca.
Pasó inadvertido el nudo de la negociación: el pago de la deuda de 700 millones de pesos con 16 mil docentes a cambio de que el gremio diera el tiro de gracia a la "Comisión Técnica Mixta" que para algunos fue obra de la tercera convención colectiva de trabajadores de la educación, que firmaron en marzo de 2015 la DGE y la entonces conducción sindical encabezada por Adrián Mateluna.
En realidad esa comisión técnica mixta fue creada en el artículo 8 del Estatuto del Docente (ley 4.934 de 1984). Allí se indica que estará conformada por cuatro miembros de la DGE y cuatro del SUTE. Esa presencia sindical en la comisión es el territorio que la actual conducción del SUTE no quiere resignar, a pesar de que no hay demasiado que mostrar en ese ámbito.
Alguien podría decir que esa presencia le garantiza cierto control sobre el otorgamiento de adicionales; otros podrían decir que la preservación de espacios de poder minúsculos muchas veces puede llevar a no tener nada.
El Gobierno pretende que los adicionales los determine la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) con un criterio estadístico, casi como una fórmula matemática nacida de las diferentes mediciones de pobreza, desempleo, acceso a servicios que ese organismo ya viene realizando desde hace años.
Esta negociación que planteó el Gobierno es lo que el gremio llama “extorsión”. Sin embargo, no estaba condicionado el pago de la deuda a la recategorización; lo que estaba condicionado era la vida de la comisión técnica mixta. Hacía falta que el actual titular del SUTE, Sebastián Henríquez, firmara un acuerdo para modificar el Estatuto del Docente y, de esa manera, cuando el acuerdo fuera a la Legislatura, difícilmente alguien podría cuestionarlo.
Por eso ayer el Gobierno negaba que hubiera extorsión con el pago. Lo hacía el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, a primera hora de la mañana, cuando ironizaba acerca de la postura del gremio docente: “Las escuelas se terminarían de recategorizar en julio y el pago se haría en enero o diciembre. No es un mecanismo extorsivo. Queremos terminar lo que nunca se termina. Hace 30 años que viene el problema dando vuelta y la única propuesta seria es ‘sigan charlando’”.
Sin esa firma, el camino que le queda al Gobierno para avanzar es mandar un proyecto de ley a la Legislatura. Ese proyecto deberá mover partidas presupuestarias para contar con la plata para pagar la deuda y, además, modificar al menos el artículo 8 del Estatuto del Docente. Puede pasar que se evalúe la inconveniencia de calentar más el clima en la Casa de las Leyes ahora que se viene la discusión por el Presupuesto 2018.
En el Gobierno saben que van a tener que pagar igual, pero hacer el camino de pago normal es un largo proceso administrativo. Los expedientes viajan desde la Administración Pública y Fiscalía de Estado, registrar el crédito presupuestario, para poder hacer frente al pago. Dicen que eso pueden llevar meses o más. “Puede que algunos cobren en 2019”, dicen en voz baja en los pasillos de Casa de Gobierno.
El gremio ofrece lucha y el Gobierno echa culpas
En la reunión el Gobierno llevó agregados a la propuesta original con el objetivo de destrabar la negociación. Una instancia de reclamo individual de los docentes que pudieran sentirse afectados por la recategorización de las escuelas, una revisión de la comisión técnica mixta que emitiera dictamen no vinculante sobre el trabajo de la DEIE y un adicional compensador para que ningún docente cobre menos de lo que cobra ahora.
Pero el agregado no resultó suficiente. El centro de la cuestión estaba en el espacio que hoy el SUTE tiene en la Comisión Técnica Mixta. "El Gobierno volvió a traer una propuesta que ellos dicen integral, que para nosotros es extorsivo. Plantearon una participación secundaria cuando lo que queremos es que la comisión tenga un papel protagónico", decía Sebastián Henríquez.
El Gobierno entiende que esa comisión es un fracaso y que los criterios allí no son lo suficientemente buenos como para incentivar la llegada de docentes a las escuelas “problemáticas”. El negociador oficial, el subsecretario de Modernización Ulpiano Suárez decía que la propuesta del SUTE es “avanzar en una discusión dentro de un sistema que ya ha fracasado y no ha dado respuestas. Estamos en una provincia que tiene que hacer frente a deudas millonarias, generadas por gestiones ineficientes y que el sindicato ha sido corresponsable en ese desmanejo de esta problemática”.
Al final de todo, Suárez agregó: "Vamos a evaluar en el ámbito del Ejecutivo, para tomar la mejor decisión para los docentes y no docentes"; esto significa que se calcularán los pro y los contra de presentar un proyecto de ley para avanzar en el pago y en la recategorización, sin intervención del sindicato.
El SUTE instalará una carpa en la Legislatura y Henríquez viaja hoy a Buenos Aires para un plenario de secretarios generales y discutir una movilización nacional, "para ver si el gobierno entra en razón".
SUTE y Gobierno volverán a verse las caras el 30 de noviembre por otras cuestiones no salariales: continuidades de los docentes suplentes, titularizaciones, elección de representantes gremiales ante las juntas.
