Todo indica que el kirchnerismo deberá sancionar en soledad el nuevo Código Civil y Comercial el próximo miércoles en la Cámara de Diputados.
Toda la oposición, desde los sectores más duros hasta los que en ciertas ocasiones acompañan al Gobierno en algunas iniciativas, no está dispuesta a convalidar la sesión por motivos tanto de técnica parlamentaria como políticos.
La intención que prima por estas horas es no sólo no darle quórum al oficialismo, que igualmente lo conseguiría con sus propios diputados y los de los bloques aliados, sino no entrar en ningún momento a la sesión "para no legitimarla".
De este modo, la actitud de la oposición sería más radical aún que la que tomó en el Senado, cámara en la que dio quórum y se prestó al debate pero se retiró antes de la votación por la resistencia del oficialismo a introducir cambios al nuevo Código (salvo dos modificaciones propuestas por aliados K).
En concreto, la oposición no está de acuerdo con el trámite legislativo que el oficialismo decidió darle al nuevo Código, que tiene media sanción del Senado desde fines de noviembre y que desde entonces dormía en un cajón de la Cámara Baja.
Entre las objeciones que todos los bloques hacen (la UCR, el PRO, el Frente Renovador, el FAP, el Frente de Izquierda y Unidad Popular), es que el kirchnerismo quiere tratar la ley que modernizará y unificará los actuales Códigos Civil y Comercial, sin que previamente las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados se hayan expresado.
De ahí que le exijan al oficialismo que ponga en discusión el tema sobre tablas, para lo que necesitaría dos tercios del cuerpo de acuerdo, algo que no está al alcance del Gobierno.
Sin embargo, para el kirchnerismo "está todo bien" porque entiende que la Comisión Bicameral que trabajó desde mediados de julio de 2012 a noviembre de 2013 en la nueva codificación ya emitió un dictamen para las dos cámaras, el que llegó al Senado a fin del año pasado y ahora será tratado por Diputados.
Este argumento no satisface a los opositores, por dos motivos. El primero es que en diciembre de 2013 las dos cámaras cambiaron su composición tras el recambio legislativo, por lo cual sólo tres diputados actuales participaron de dicha Bicameral (el radical Mario Negri, la massista Graciela Camaño y el macrista Pablo Tonelli), pero el resto de los más de cien legisladores opositores no han tenido contacto con el voluminoso expediente.
La segunda objeción es más técnica: el dictamen de la Bicameral fue modificado por el Senado en el recinto y por ello el dictamen no es válido -quedó viejo- para que lo trate Diputados.
De ahí que sea necesario -según la oposición- que el tema pase por las comisiones permanentes.
En el oficialismo creen que la oposición "busca enrarecer" la sesión para encontrar elementos que le permita no dar quórum y dejar votando al kirchnerismo en soledad una ley tan importante.
"Quieren deslegitimar el nuevo Código, era esperable", dijo con ira uno de los popes del Frente para la Victoria. Ante a este escenario hostil, el Gobierno empezó a trabajar en acuerdos con las bancadas aliadas y con diputados que suelen jugar como líberos, como la piquetera Ramona Puchetta y el sindicalista Omar Plaini, para que colaboren.
Necesitará tener sentados al principio de la sesión y a la hora de la votación 129 voluntades. En este contexto, los diputados de Unión por Córdoba, que responden al gobernador Juan Manuel de la Sota, que colaboraron con el quórum en la sesión que se trató la ley de Abastecimiento, se adelantaron a las especulaciones del resto de la oposición, que desconfía de ellos y de los cinco diputados que adhieren a Adolfo Rodríguez Saá, y ya avisaron que no estarán al inicio de la sesión, es decir que no ayudarán al oficialismo a conseguir los 129 legisladores.
Además, analizan votar en contra, por la imposibilidad de hacer modificaciones debido a que la Casa Rosada ordenó votar sin cambios.
Con las aguas agitadas, toda la oposición se reunirá mañana para definir una estrategia única, que podría ser no participar de la sesión y hasta judicializar los actos administrativos que deriven de ella (por la falta de dos tercios necesarios que se exigen para tratar un tema sin dictamen de comisión).
