El kirchnerismo puso el pie en el acelerador en la investigación que lleva adelante a través de la comisión de Juicio Político sobre el veterano juez de la Corte Carlos Fayt.
Ayer, en una reunión que no superó los diez minutos, el Frente para la Victoria (FpV) designó un equipo de trabajo reducido para agilizar los interrogatorios y el relevamiento de prueba documental con los que el oficialismo busca determinar si Fayt, de 97 años, está en condiciones o no de seguir ocupando un cargo en el Máximo Tribunal debido a su avanzada edad.
En concreto, el oficialismo votó a mano alzada la creación de una subcomisión que estará conducida por la titular de la Comisión de Juicio Político, la camporista mendocina Anabel Fernández Sagasti e integrada por otros tres legisladores ultra K: Diana Conti, Luis Cigogna y Marcos Cleri (este último también de La Cámpora). La oposición decidió no ocupar las dos plazas que le dejó el kirchnerismo para restar legitimidad al asedio sobre el anciano magistrado.
“Desde el bloque Unión Pro no vamos a integrar la sub-comisión porque entendemos que si no hay una denuncia en contra de Fayt por mal desempeño, la Comisión no tiene potestad para hacer esta investigación”, adelantó el macrista Pablo Tonelli. Desde la UCR, el diputado Gustavo Valdez, también se expresó en el mismo sentido. “Este proceso es absolutamente irregular, por tal motivo no vamos a convalidar esta jugada con la que se busca amañar la norma para hacer una investigación que no tiene asiento legal”, dijo.
Según Fernández Sagasti, desde la semana que viene podrían comenzar a interrogar al entorno laboral de Fayt (ya fueron citados los secretarios General y de Gestión de la Corte, Jorge Kraut y Cristian Abritta; a los empleados de la Secretaría Privada de Fayt, a su chofer y a los secretarios letrados de la Corte Suprema) y también a periodistas que han escrito notas sobre el deterioro psico-físico del magistrado, como el columnista de Página 12 Horacio Verbitsky.
También se escuchará a neurólogos y psiquiatras, que fueron propuestos por el oficialismo para tener un marco de referencia sobre las actividades que un nonagenario como Fayt puede desempeñar o no.
“Por ahora no tenemos previsto citar a Fayt”, aclaró la legisladora mendocina. “Queremos hacer más ágil este proceso, por eso decidimos crear la sub-comisión. Además para dar mayor intimidad a quienes vengan a declarar y preservar lo máximo posible a Fayt”, agregó Fernández Sagasti.
La premura que el FpV decidió imprimir a la investigación sobre la salud de Fayt contrasta con la suerte de un segundo pedido, también solicitado por integrantes del oficialismo, para que la Comisión de Juicio Político analice la acordada del 21 de abril pasado por la cual los cuatro miembros de la Corte decidieron reelegir anticipadamente hasta 2019 al actual titular del cuerpo, Ricardo Lorenzetti.
El kirchnerismo cree que se pudo haber cometido una irregularidad porque ese día Fayt no estuvo en Tribunales y en el acta figura como que incluso hizo uso de la palabra.
Pero la Corte, hace tres semanas, sacó una nueva acordada explicando que la participación de Fayt fue en la reunión del 14 de abril más allá de que firmó una semana después desde su domicilio.
Esta embestida contra los otros miembros de la Corte no fue tratada ayer por la Comisión de Juicio Político y por ahora ha sido congelada por orden de la Casa Rosada.
Anses: la Corte ordena que siga el proceso contra Bossio
La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó ayer que el titular de la Anses, Diego Bossio, debe ser investigado por el incumplimiento de un fallo de la Justicia Federal de la Seguridad Social en materia de jubilación.
Fuentes judiciales informaron que los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda rechazaron por “inadmisible” el planteo de la defensa de Bossio.
El juez federal Ariel Lijo sobreseyó a Bossio en la denuncia penal que Ingrid y Astrid Lillieda presentaron contra el titular de la Anses por no cumplir con un fallo jubilatorio a su favor que había dictado un juez de la seguridad social.
Pero la Cámara Federal entendió que la desvinculación de Bossio de la causa era prematuro y ordenó que siga siendo investigado, al mismo tiempo que aceptó como querellante a las damnificadas.
El fallo fue confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal y la defensa de Bossio recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ayer rechazó su planteo y dejó firme la investigación. DyN