Es un conflicto que promete durar en el tiempo: el obispado de San Rafael presentó ante la Suprema Corte provincial un pedido para anular una normativa de la Dirección General de Escuelas que prohíbe la realización de actos religiosos en las escuelas públicas de Mendoza. Pero a la par, el gobierno escolar ratificó ayer la medida dispuesta en la resolución 2719 del 26 de octubre del año pasado.
Desde Asuntos Jurídicos de la DGE indicaron que formalmente aún no les ha llegado ninguna notificación sobre el pedido del Obispado, aunque admitieron que están al tanto de la demanda.
La Iglesia sanrafaelina -que comanda el obispo Eduardo Taussig- insiste ahora a través de la Corte con el pedido que ya había realizado el 15 de noviembre de 2018, cuando interpuso un recurso de revocatoria solicitando la suspensión de la ejecución de acto -es decir, de la normativa de la DGE- a partir de lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley N° 9.003.
No obstante, el director general de Escuelas, Jaime Correas, resolvió el 8 de enero pasado rechazar ese recurso. Según el texto publicado en el Boletín Oficial, en el reclamo del Obispado sureño no se dan los "extremos exigidos en el art 83 de la Ley 9.003" para la suspensión de la normativa.
“Cosa juzgada”
"El Obispado ha ejercido una vía de impugnación contra la resolución 2719 del 2018, de la DGE, referido a la prohibición de realizar cualquier tipo de actividad o acción que implique la práctica religiosa, alabanza o cualquier tipo de conmemoración durante los días y horas hábiles en las escuelas de gestión estatal en la provincia de Mendoza", informó Francisco Fernández, director de Asuntos Jurídicos de esta cartera gubernamental.
Vale recordar que la resolución de la DGE, tal como explicó Fernández, no rige sólo para la Iglesia Católica sino para cualquier tipo de culto que esté reconocido por la República Argentina y cualquier asociación civil con personería que pretenda ejercer algún tipo de actividad de carácter religioso durante los días y horas escolares.
Fernández también aclaró, porque se dijo que era en acuerdo con las autoridades eclesiásticas, que la DGE por mandato constitucional y normativo de la Ley Provincial de Educación tiene la gobernabilidad y la superintendencia de todo el sistema educativo público y privado.
"No hubo ningún tipo de acuerdo de la DGE con otro organismo religioso. Se emitió esta resolución que es un ícono en Argentina porque es una decisión expresa respecto de una prohibición que alcanza no sólo a la Iglesia Católica sino también a cualquier orden religiosa en días y horas escolares", indicó Fernández, agregando que el organismo escolar está auditando permanentenmente las aulas para observar si se vulnera la ley.
Por último, el funcionario fue terminante con el reclamo de la Iglesia de San Rafael: dijo que la resolución de la DGE está firme y es "cosa juzgada", y que el cuestionamiento que pueda hacer el Obispado sureño está dentro de sus herramientas técnico-jurídicas.
"Tanto la resolución 2719 del 2018 como la 2849, que es la que le da respuesta al Obispado del recurso de revocatoria, son instrumentos jurídicos que son conforme a derecho y que carecen de vicios. Lo que hizo la DGE está dentro de sus facultades constitucionales y normativas. Asegura la prestación del servicio educativo público, obligatorio y laico", finalizó el abogado del organismo escolar.
Solo en los días que no haya clases y con permiso
El año pasado, la Dirección General de Escuelas también decidió, mediante la resolución 2079, que no se podrán realizar actos con fines no educativos en las escuelas.
De todas formas, se aclaró que los días inhábiles se podrán usar las instalaciones previa autorización de la autoridad de la escuela, que lo cederá temporalmente asumiendo el mantenimiento, limpieza, conservación y seguridad de la escuela.
Según aclararon desde la DGE, se respeta el principio de laicidad como también el derecho a la libertad de culto sin lesionar ninguno de los dos.
