La designación del ingeniero mendocino Carlos Tizio como nuevo presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura abre perspectivas interesantes. Se trata de un profesional que conoce la industria, que ha desarrollado tareas tanto en el ámbito público (trabajó en el INTA durante años) como en el privado, donde desarrolló tareas directivas en empresas importantes.
La vicepresidencia del organismo, continuando con la “tradición” en el organismo, quedará en manos de un hombre de San Juan, Marcelo Alós, también conocedor de los problemas del sector en razón de que ocupó la titularidad del Ministerio de Economía de la vecina provincia.
El INV es el organismo rector de la actividad vitivinícola y fue creado en noviembre de 1959, con la ley 14.878, también llamada Ley General de Vinos, que en su artículo 1º indicaba que la norma legal incluía la producción, la industria y el comercio vitivinícola en todo el territorio de la Nación.
Se trataba en aquel entonces de una entidad mixta, con participación del sector privado, y así lo fijaba el artículo 4º, que indicaba que estaría constituido por un presidente designado por el Poder Ejecutivo y por un consejo directivo integrado por 2 representantes por Mendoza, 2 por San Juan, 1 por Río Negro, 1 por La Rioja, 1 por los productores, 1 por los industriales, 1 por las cooperativas, 1 por el resto de las provincias vitivinícolas, 1 por los obreros y 1 por los fraccionadores.
Eran épocas de grandes discusiones en la industria, en las cuales se imponían los acuerdos entre los sectores y donde el Estado mantenía una fuerte participación.
Se establecían bloqueos y prorrateos y en la gran mayoría de los casos se tomaba en cuenta el global de la industria, sin dejar de afectar a aquellos que, haciendo las cosas bien, no tenían excedentes. En ese marco, era el Estado, a través de Giol en Mendoza y de Cavic en San Juan, quien se hacía cargo de la compra del vino generaba mayor volumen.
El gran cambio en la industria, además de la modificación de la mentalidad del empresario, que resultó fundamental, se produjo en 1991, con el decreto 2.284 de Desregulación Económica y que fijaba en su artículo 54 que se limitaban las facultades conferidas al INV “exclusivamente a la fiscalización de la genuinidad de los productos vitivinícolas”, agregando que “bajo ningún concepto (el organismo) podrá interferir, regular o modificar el funcionamiento del mercado libre”.
Destacaba que las autoridades del ente serían un presidente y un vicepresidente, quedando suprimido el consejo directivo. Con mayor libertad y sin contradicciones internas en el organismo rector, la industria tuvo un crecimiento exponencial mejorando la calidad de los vinos y, en base a ese logro, el ingreso en los mercados externos, mientras en ese esquema también resultó favorecido el consumidor local, que tuvo acceso a un amplio abanico de ofertas en los diferentes niveles de precios.
El problema que se planteó con la caída en las exportaciones no respondió a una situación de la propia industria sino a políticas económicas erróneas implementadas a nivel nacional que mantenían un dólar desfasado respecto de la inflación interna.
Sin embargo, no todos se sumaron a esa nueva situación de la industria y prefieren mantener aquellos esquemas de bloqueos y prorrateos como un modo de solucionar los problemas. Es más, mantienen el esquema de diferenciar los sectores de la actividad en lugar de tomarla como un todo, y el ejemplo más claro quedó con la queja de productores de San Juan que rechazan la designación del hombre designado para la vicepresidencia del organismo porque “la industria ya tiene su representante”.
En sus primeras declaraciones públicas, Carlos Tizio prefirió ser medido en sus apreciaciones, sin anticipar acciones a implementar y limitándose a señalar que no priorizará posiciones políticas y se fundamentará en los aspectos técnicos.
Toma la función como un desafío, asegurando que ha llegado el momento de “devolver todo lo que recibí (en la industria)”. Un primer paso importante en razón de que si hubo algo que resultó cuestionado durante los últimos años en el INV fue precisamente la politización de algunas medidas. El tiempo y los hechos dirán si esas buenas intenciones alcanzan a formalizarse en hechos concretos.
