Julio De Vido continuará en la cárcel, pero ahora con una condena por corrupción de 5 años y 8 meses. Queda inhabilitado para siempre para ocupar cargos públicos.
El Tribunal Oral Federal 4, que tuvo a cargo uno de los juicios por la Tragedia de Once, de febrero de 2012, lo encontró responsable del delito de fraude a la administración pública en el mantenimiento del servicio público de pasajeros en el sector ferroviario.
Otros ex funcionarios que estaban bajo su responsabilidad, como Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, cargan con el estrago culposo que le pone rótulo más justo a la tragedia en sí, que dejó 51 personas muertas aquella triste mañana y más de 700 heridos. Esas condenas, dictadas antes por el Tribunal Oral Federal 2, comenzaron a remediar el dolor de los familiares de las víctimas de años de menosprecio por la ciudadanía en general.
Con esta resolución judicial, el ex ministro de Planificación durante los 12 años de gobiernos kirchneristas ya no podrá argumentar que es un preso político por influencia de la gestión de turno ante los jueces. De Vido venía desde hace más de un año manteniendo su arresto mientras se llevan a cabo numerosos procesos en su contra producto de años de desmanejo de la cosa pública, no por inoperancia política sino como producto de una increíble trama de corrupción, la más notable de la historia argentina.
El paso dado por el tribunal que juzgó a De Vido se suma al lento pero alentador reverdecer judicial que vive la Argentina y que alienta la esperanza de que en no mucho tiempo más una clara y amplia mayoría de jueces y fiscales nacionales y provinciales sepan con total claridad que su accionar es absolutamente independiente y que no existen presiones o influencia políticas de ninguna índole que puedan llegar a torcer el rumbo de las investigaciones y, con más razón aún, las decisiones que surjan de cada procedimiento.
Las causas que se ventilaron en los tribunales a partir del tristísimo accidente ferroviario, como tantas otras que en la actualidad se tramitan por hechos de corrupción, nos permiten a los argentinos conocer cada vez más en detalle las razones de las falencias crónicas en los servicios públicos.
Es indudable que la plata que, en montos difíciles de calcular fehacientemente, fue a parar a los bolsillos de funcionarios y empresarios corruptos es la que faltó para que la ciudadanía pudiera gozar de los servicios que el Estado debe garantizar sin distinción de banderías.
A propósito del argumento de persecución política que esgrimen tanto De Vido como los demás dirigentes del kirchnerismo investigados por casos de corrupción, nada más desacertado o desenfocado. El presidente Mauricio Macri asumió en diciembre de 2015 garantizándoles a los argentinos el funcionamiento de un Poder Judicial independiente, alejado de las presiones e intereses que, justamente, el kirchnerismo supo cultivar entre jueces y fiscales, logrando en muchos casos el alineamiento partidario y en otros el silencio por temor a las represalias.
Las imborrables imágenes de horror de la tragedia de Once no admiten ni la más mínima duda de que tanta desidia y corrupción han encontrado en los estrados judiciales la respuesta que merecen los millones de argentinos a los que los corruptos se les burlaron en la cara.
