El proyecto de nuevo Código Contravencional viene a llenar un vacío respecto del actual Código de Faltas de 1965 que, por varios motivos se encuentra prácticamente en desuso. Las conductas allí reprochadas casi no son perseguidas por el sistema, a la par de que otras leyes fueron anulando sus disposiciones. Piénsese que para toda la provincia hoy hay solo siete jueces de faltas, contra el gran número de otras especialidades.
Esa circunstancia ha derivado en una maraña de conductas que suelen ser el paso previo a la comisión de delitos y complican la convivencia social.
Atento a ello es que primero se actualizaron y eliminaron viejas faltas que hoy otras leyes reglan, a la par de agregar las nuevas conductas que complican la vida de la gente. Así tenemos una decidida apuesta contra la entrega de alcohol a menores, el cuidado irrestricto de la relación alumno-maestro, asegurando a este y su personal no ser agredidos y cuidando del alumno en clase; poniendo foco en costumbres agresivas y de descuido respecto de los animales domésticos dando al mismo tiempo ubicación a otra ley que nació en desuso como fue la de “perros peligrosos”; custodiando a médicos y personal del salud agredidos cuando trabajan; acentuando el control del espacio público y deportivo respecto de la firme disminución de la violencia; terminando con la velada extorsión de aquellos que pretenden obligar a aceptar un cuidado y limpieza a personas que no lo desean.
Todo esto es reclamado por vastos sectores sociales. Es una acción progresista basada en cuidar esencialmente al verdadero vulnerable: aquel ciudadano que se siente molestado en su vida diaria y que no tiene dónde recurrir. A ellos este Código le provee herramientas.
Estas nuevas herramientas son de sencillo uso: basta una llamada con determinados datos para que sirva como denuncia, evitando la espera que el ciudadano imaginaría soportar y, a su vez, dándole más elementos favorables a ese ciudadano que se siente agredido. Porque desde el juzgado se producirá una audiencia donde las partes deciden cómo continúa: si la víctima acusa, perdona, acepta o se llega a un acuerdo, dándole poder así para definir el asunto una vez que se pasó el malestar del momento. Pero que, si es real y consistente, la propia víctima podrá ayudar a controlar con su decisión.
Para que esto aún tenga más garantías y protección es que se propone sumar lo contravencional a veintisiete magistrados ya existentes: los jueces de paz de distrito, quienes hoy con su personal y su facultad de aplicar la ley contribuirán a establecer esa paz social en toda la provincia. De siete hoy, a treinta y dos jueces mañana, esfuerzo que importará un reconocimiento social de dichos jueces.
La impronta de la relevancia que los municipios van tomando día a día se acentúa al permitir que también intervengan en la prevención de las contravenciones. Desde ellos y otros organismos, saldrán los trabajos comunitarios que se impondrán en aquellos casos que haya sanción, en un fin que nos parece muy justo: el que realizó una acción negativa, con su trabajo gratuito en un centro de salud, en un hogar de ancianos, etc, valdrá para cumplir su sentencia, la que, en definitiva, contribuye a restituir la paz social.
