Pese a haber vivido más de 30 años de democracia continuada, la Argentina aún no ha podido colocar a las instituciones por encima de las personas en lo que a la función pública se refiere.
El caudillismo es un mal que lastima a las provincias más chicas y al conurbano bonaerense, las cuales se apoyan en punteros y en políticas clientelares que impiden la evolución de la sociedad civil y transforman a los Estados locales en botines de caza donde los cargos son disputados de acuerdo a conveniencias partidarias o favores personales de o hacia los poderosos.
Sin embargo, más allá de la reverberación de estas tendencias negativas que nunca dejaron de existir en la política argentina, tanto en gobiernos civiles como militares, en los últimos tiempos ha venido creciendo otro vicio público que se suponía debía ser expulsado más fácilmente de la vida colectiva a medida que la democracia se perfeccionara con su sola práctica.
Nos referimos al nepotismo, a favorecer la entrada de familiares en las tareas públicas constituyendo lo que en el siglo XIX se denominaban gobiernos de familia porque el poderoso que resultaba elegido privatizaba su cargo haciéndolo, en los hechos, propiedad familiar como si se tratara de una herencia particular.
Hoy es común, y para colmo se ha naturalizado, ver a intendentes que dejan sus cargos pero mantienen en el municipio a su mujer, sus hermanos o sus hijos. La política se ha vuelto un juego de desconfianzas mutuas donde los dirigentes ya ni siquiera confían en su gente partidariamente cercana, sino que sólo delegan facultades en sus familiares como una extensión de su propia persona.
Las reelecciones indefinidas, prohibidas en la Constitución nacional y en la mayoría de las provinciales, son sorteadas por el nepotismo cuando un hermano sucede a otro y luego el primero reemplaza al segundo como ocurrió durante mucho tiempo en la provincia de San Luis.
O cuando el matrimonio se intercala en el mismo cargo como hubiera ocurrido a nivel nacional con la pareja de los Kirchner, si Néstor no hubiera fallecido. En Santiago del Estero el gobernador intenta una coartada anticonstitucional para hacerse reelegir más allá de lo permitido y como la Corte se lo impide, coloca a su esposa para que le “custodie” el cargo hasta que él pueda volver. Nada más antiinstitucional y antirepublicano que estas viejas prácticas renovadas.
La madurez de una democracia que adopta una visión republicana de la vida recién se verifica cuando una sociedad civil con verdadera participación en los asuntos de todos y unas instituciones públicas donde la división de poderes y el fortalecimiento de las mismas es evidente, impiden estos desvaríos que constituyen verdaderas monarquías disfrazadas, ya que el gobernante deviene en un rey que organiza la sucesión con personas de su propia familia y coloca por debajo de él una corte de sumisos que reciben privilegios y prebendas a cambio de alabar esas sucesiones sanguíneas.
Mientras tanto, lo que ocurre fuera del reinado y su Corte es prácticamente ignorado por estos poderosos cada día más alejados de las reales necesidades del pueblo, que inevitablemente caen en la corrupción al manejar los dineros públicos como bienes familiares.
Es, por ende, imperioso librar un auténtico combate civil para que la política deje de ser el terreno del nepotismo y se transforme en el lugar donde los mejores hombres y mujeres ejercen la difícil tarea del poder en beneficio del bien común. Sólo de ese modo resurgirá la Argentina de sus múltiples ahogos y de sus profundas decadencias.
No será tarea fácil, pero si no es impulsada desde abajo, desde el seno del mismo pueblo, difícilmente la instrumentará una dirigencia política que está demasiado cómoda en la situación actual, tanto que en algunos aspectos parece una corporación al servicio de sí misma, haciendo uso y abuso de lo que le corresponde a la comunidad toda.
