En un reciente documento, los obispos se hicieron eco de un informe del Barómetro del Narcotráfico y las Adicciones de la Universidad Católica Argentina.
En el citado trabajo se ratificó el convencimiento de que la Argentina es un país de consumo, fabricación y tránsito de drogas y se alertó, por otra parte, sobre el incremento "exponencial" que tuvieron las adicciones y el nefasto negocio en pocos años.
Justamente, en reciente visita a Mendoza, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, coincidió absolutamente con la UCA en cuanto a que nuestro país fabrica y vende drogas de una manera elocuente.
Según la misma fuente, un 75 por ciento de los encuestados en las villas y asentamientos dijo tener conocimiento de drogas ilícitas.
Esto fue entre 2013 y 2014, frente al 48 por ciento que lo hizo entre 2010 y 2011. Otra clara demostración del avance de este tremendo flagelo sin ningún control y ante la mirada distraída de las autoridades.
Por su parte, nada menos que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, en una entrevista periodística con motivo de la iniciación de un nuevo año judicial, reveló preocupantes indicadores que se suman a los ya remarcados insistentemente desde la Iglesia.
Dijo el doctor Ricardo Lorenzetti, al ser consultado sobre la problemática del narcotráfico, que "las cosas están mucho peor que cuando, en el caso Arriola, de 2009, despenalizamos la tenencia para consumo personal y señalamos que hay que concentrarse en perseguir a los narcotraficantes".
Y más impactante aún es que haya comentado que hasta hace unos años solamente el fenómeno estaba focalizado en las provincias del Norte, pero que "hoy el problema se nacionalizó", por lo que "ahora vienen con esos problemas los jueces de todo el país".
Continuó el doctor Lorenzetti afirmando que en los tribunales hay muchas causas por consumo, aspecto que requiere en primer lugar -según su apreciación- "una respuesta social y sanitaria".
Y remitió, coincidentemente, al crudo diagnóstico que mantiene la Iglesia, para que se la escuche a la hora de poner en práctica políticas sociales destinadas a combatir este mal.
"Los jueces debemos enfocarnos en otro aspecto: la persecución del narcotráfico como crimen organizado", aclaró el titular del máximo tribunal de justicia del país.
En varias oportunidades, desde esta columna editorial se ha reclamado prestar atención a los informes y comentarios provenientes de organizaciones que, como la Iglesia Católica, están en permanente contacto con los distintos estamentos de la sociedad argentina por ser de las instituciones con mayor alcance territorial.
Sin embargo, los números dados a conocer nos están demostrando que la situación, además de ser apremiante, tiende a constituirse en una causa de dificilísima erradicación, porque cada vez más van quedando en evidencia acciones que nos dejan ver de cerca una realidad aún más triste: la corrupción del poder para participar y encubrir este detestable negocio de la droga.
Urge un cambio acelerado, si no queremos que nuestro país quede prisionero de este mal que invade países y crea Estados dentro de los Estados, haciendo de la violencia el modo central de existencia. La Argentina debe reaccionar ya mismo.