El conflicto en el Instituto de Juegos y Casinos sigue lejos de resolverse. A los serios disturbios del domingo pasado en el Hipódromo, se sumó ahora una intimación de la Municipalidad de Godoy Cruz para que los gremios desalojen la vereda del Casino.
Se trata de una ordenanza que busca aplicar el intendente de esa comuna, Tadeo García Zalazar, para que los sindicalistas despejen el acceso a la sala de juegos, ocupada desde hace más de un mes.
En la intimación, el Municipio da cuenta de la existencia de “carpas, gazebos y propaganda de la entidad gremial”, que constituyen “una infracción a la ordenanza 1.376 en vigencia”.
Además, se advierte a los gremios ATE, SUIPJC yAnusate, que tienen “cinco días para presentar pruebas y descargos”. De lo contrario, “se aplicarán severas sanciones y multas llegando al secuestro” de los distintos elementos.
Lo llamativo de esta ordenanza es que data de 1959, algo lógicamente cuestionado por los gremialistas.
“En todo este tiempo han cambiado mucho las leyes, no se puede prohibir estar aquí”, dijo Raquel Blas, de ATE, para quien el hecho es “una provocación más del Gobierno”.
Similar opinión tuvo Gustavo Correa, de Anusate, que incluso citó 2 artículos de la Organización Internacional del Trabajo. Uno de ellos afirma que “las autoridades sólo deberían recurrir a la fuerza pública cuando se haya realmente amenazado el orden público”.
Para Correa, “no se ha afectado el orden público”, ya que “no se afecta el ingreso ni el paso por la vereda”.
Desde el sindicato del personal del Casino, Martín Caín justificó las carpas “porque es un reclamo público y pacífico a una entidad pública”.
Las carpas y los gazebos que Godoy Cruz pide retirar, fueron instalados el 31 de enero pasado, tras la no renovación del contrato de 80 trabajadores del IPJC.
Esa situación generó paros, movilizaciones e incluso hasta una agresión de militantes de ATE a la titular del organismo, Josefina Canale.
El domingo pasado, una gota de violencia derramó el vaso, cuando una panfleteada de ATE terminó con agresiones de personas que estaban en el Hipódromo hacia e titular de ese gremio, Roberto Macho.
Según los sindicalistas, “fue una patota del Gobierno”. El Ejecutivo negó la acusación y si bien no hubo declaraciones oficiales, no faltó quien dijera que “la gente, cada vez más, repudia el accionar sindical”.