El lunes 16 de marzo, en su novena cadena nacional del año, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) paladeó un triunfo miserable: haber logrado dividir, finalmente, el frente agropecuario, punta de lanza de la rebelión fiscal que en 2008 asestó al kirchnerismo su primera gran derrota política.
La división de la Mesa de Enlace, a partir de la deserción de la Federación Agraria Argentina (FAA), había sido lograda antes. La cadena sirvió para que CFK anunciara la llamada “segmentación” de las retenciones agrícolas, prometiendo la distribución de un fondo de 2.500 millones de pesos entre poco más de 46.000 productores “pequeños”, que constituyen el núcleo de la FAA.
Para constituir ese fondo, al Gobierno le basta con 1 de cada 25 pesos de los que le saca a la producción agrícola vía retenciones de 35 % a la soja, 24 % al trigo, 20 % al maíz, por citar sólo algunas. Retenciones que, por supuesto, pagan también los productores “beneficiados”. Pero, claro, para recibir el beneficio, no deberán pasar de 700 toneladas anuales.
Extraña lógica para un modelo que se dice “productivo”, más aún cuando el anuncio se inserta en un show en el que, cuando CFK le cedió la palabra, el ministro de Economía, Axel Kicillof, se ufanó de que la cosecha agrícola 2014/2015 será de 115 millones de toneladas. De un lado premió a quienes producen “hasta” cierto límite; del otro, festejo por presunto récord productivo.
Durante el conflicto del campo uno de los caballitos de batalla de la Presidenta fue que gran parte de quienes se quejaban en las rutas tenían campos que valían más de un millón de dólares. Era cierto: a los precios de ese momento, aún un pequeño productor, con unos pocos centenares de hectáreas, tenía un capital de ese orden de magnitud.
Lo mismo podía (puede aún) decirse de buena parte de las propiedades inmobiliarias urbanas. De hecho, esa revalorización fue uno de los ítems principales para “explicar” el aumento de la fortuna de la familia presidencial, explicación que dio por buena un juez tan probo como Norberto Oyarbide.
De hecho, el mismo día que la Presidenta anunció los “beneficios” para los pequeños productores, el periodista Hugo Alconada Mon precisó en La Nación que un empleado de Cristóbal López, zar kirchnerista de casinos y tragamonedas, anche petrolero, empresario de medios y productor olivícola, paga a los Kirchner 26.000 pesos mensuales de alquiler por un departamento de poco más de cien metros cuadrados en la zona de Recoleta que, además, casi no usa.
Al margen de que seguramente se trata de un dibujo para seguir blanqueando patrimonio e ingresos de la “sucesión Kirchner”, he ahí una renta mucho más grosera que la de cualquier campo.
Pero no es necesario personalizar tanto. Días antes el BCRA informó que en 2014 el sistema financiero registró ganancias por 46.000 millones de pesos, 58 % más que en 2013.
Los bancos, lo hemos dicho aquí más de una vez, han sido grandes ganadores en la era K. Llevan más de un decenio pagando a los ahorristas tasas de interés inferiores a la inflación. Esto es, gozan de un subsidio permanente a su mercadería de trabajo, el dinero.
Subsidio que el Gobierno se ha encargado de garantizar con tasas de inflación altas y crecientes (aunque negadas) a lo largo de doce años.
En 2014, a eso se agregaron dos fenómenos: la devaluación de enero, que revalorizó los activos dolarizados de los bancos, y la suba de las tasas de interés que el BCRA paga para que les compren los títulos (Lebacs y Nobacs) con que “esteriliza” en parte la emisión de dinero con la que financia el imparable déficit fiscal.
Esos títulos son ya 40% del activo de los bancos. Así, aunque cada vez dan menos crédito productivo (a la industria, al comercio, al agro) y real (hipotecarios, prendarios) cada vez ganan más, concentrándose en el crédito caro y de bajo riesgo (consumo, tarjetas) y prestándole al Estado.
A ese modelo la Presidenta lo sigue llamando “productivo”, mientras las economías regionales viven una situación asfixiante, atenazadas por el estancamiento del mercado interno (el PBI de 2015 será más o menos igual al de 2011) y una brutal pérdida de competitividad debido al aumento de los costos, estrangulamientos irresueltos (por caso, en transporte) y la devaluación de las monedas de los principales vecinos, que ponen el “costo argentino” fuera de carrera.
Al margen de anuncios cosméticos y chicaneros, como el beneficio con el que logró dividir a la Mesa de Enlace, el Gobierno no hará nada por resolver estas cuestiones, jugado como está al “Plan DurAxel”. Esto es, aguantar con los dólares chinos el “cepo” y la recesión, de modo que el dólar no se escape, la inflación no se desborde y el malestar social se mantenga en niveles manejables. Para eso, parece ser el pensamiento oficial, alcanza con mejorar los planes de los sectores más necesitados, presas de un clientelismo político de (relativamente) bajo costo.
Por las dudas, en el discurso del lunes la Presidenta ratificó la alianza política con el jefe del Ejército, el general César Milani, a quien sigue protegiendo pese a las fuertes pruebas de su rol en la desaparición de un soldado conscripto y la comisión de otros delitos durante la dictadura, como haber fraguado un documento público, más el de enriquecimiento ilícito, ya en la era K, como para ponerse a tono.
La quiebra del "Modelo" sería, casi, lo de menos. Mucho más dañino e insidioso fue su correlato político, el "Relato". En estos años, como dice el filósofo Santiago Kovadloff, nos han robado la palabra. La clave del futuro es lograr recuperarla.
