Los movimientos piqueteros nacieron durante la década de 1990, en Neuquén, como consecuencia del despido de trabajadores de YPF a raíz de la privatización de la empresa. Eran actos improvisados, consistentes en cortes de rutas y calificados como la única forma de protesta en la intención de que el reclamo tuviera trascendencia nacional.
Sin embargo, con el correr de los años, esa modalidad fue tomando otras características, especialmente con la conformación de organizaciones que no tenían un objetivo de coyuntura sino de trabajo en corto, mediano y largo plazos, en muchos casos con una fuerte impronta política.
Esa metodología se multiplicó y creció geométricamente durante la gestión kirchnerista que, a cambio de prebendas, cargos, candidaturas y puestos de trabajo intentó -y logró- que ese tipo de accionar se volcara a su favor en determinadas circunstancias, como sucedió con el tristemente célebre Luis D'Elía cuando el Gobierno se enfrentó con el campo, por la Resolución 125/08, y con los medios de comunicación y la sociedad, en el impulso a la ley de medios de comunicación, entre otros tantos aspectos.
El “premio” a cambio de favores que el Gobierno nacional suele otorgar a esas “entidades” se amplía en algunas circunstancias, como sucede con la denominada Organización Barrial Tupac Amaru, que comenzó activando en la provincia de Jujuy bajo el liderazgo de Milagro Sala y que se ha extendido a 15 de las 23 provincias, captando a alrededor de 70 mil afiliados.
Lo serio y preocupante de esa entidad es el método que utiliza para lograr sus objetivos. Con el apoyo explícito del Gobierno nacional, presiona sobre los gobernadores imponiendo muchas veces el miedo. La Tupac es la tercera empleadora de Jujuy, con 4.700 puestos de trabajo en forma directa y la principal actividad se centra en la construcción de viviendas, con fondos provenientes del Programa Socio Comunitario de Inclusión Social, que administra el Ministerio de Planificación de la Nación, a través de la Subsecretaría de Viviendas.
Entre las provincias en las que la Tupac ha sentado raíces se encuentra Mendoza y la metodología utilizada, similar a lo que sucede en el resto del país, está comenzando a mostrar las consecuencias. Lo que ocurrió días pasados en la sede municipal de Guaymallén, donde miembros de la organización chocaron con los trabajadores municipales provocando corridas, empujones, destrozos y siete preventores heridos, es absolutamente inaceptable.
El hecho que motivó el accionar violento fue simplemente la “demora” del intendente por atenderlos, pero lo más grave del caso es que, a pesar de todo lo sucedido, y más por temor que por razones, el jefe municipal apresuró las gestiones ante el IPV a los efectos de acelerar los certificados para continuar las obras en las viviendas.
Con el correr de los días se supo que Guaymallén no es el único departamento afectado. En Lavalle presionan por la liberación del pago de un barrio, a pesar de que no cumplía los requisitos exigidos para la construcción, mientras en Maipú están construyendo un complejo habitacional que no cuenta con la aprobación municipal porque la organización no ha presentado los planos correspondientes. Como, a pesar de ello, igual han cobrado, de hecho se trata de un barrio clandestino financiado por el Estado, como bien lo graficó una nota de Los Andes. Situaciones similares se han planteado también en Tupungato y San Martín, según se indicó.
Es repudiable el método de la presión desmedida o de la apelación al miedo por parte de la organización para lograr sus objetivos, pero tampoco se puede aceptar que las autoridades municipales, tan serias y tan celosas cuando es un particular quien realiza un trámite para construir una vivienda, cedan tan fácilmente cuando ese planteo surge de una entidad como la Tupac, por más que la misma cuente con el aval y el auspicio del Gobierno nacional.
Si vivimos en un sistema democrático, todos debemos ser medidos con la misma vara. De lo contrario triunfará el caos, como lamentablemente muchas veces pareciera estar sucediendo.
